Obediencia, no respeto

Por: Emilio Sardi

Quienes quieren ampliar el “gobierno de los jueces” que tanto complacía al magistrado Ibáñez, el último presidente que nuestra honorable Corte Suprema de Justicia fue capaz de elegir, no cesan de insistir en que “las decisiones judiciales deben ser respetadas” y de insinuar su infalibilidad. Ni lo uno ni lo otro es así. Ni los jueces ni las cortes son infalibles, así sus fallos puedan ser finales, ni esas decisiones son siempre respetables.

Lo que los colombianos les debemos a las decisiones judiciales es obediencia. Y es claro que tanto las autoridades como los ciudadanos de bien las obedeceremos. Pero respeto, lo que se llama respeto, con todo lo que esta palabra implica, son las propias decisiones y quienes las emiten quienes deben ganárselo en virtud de su sabiduría y corrección.

En nuestro aparato judicial desempeñan su trabajo innumerables hombres y mujeres que no solamente merecen respeto sino también admiración por su capacidad, independencia y valor. Lamentablemente, no todos son así. Y pocos fallos se han emitido que sean menos dignos de respeto que el emitido contra el coronel Plazas.

En primer lugar, ese fallo viola flagrantemente los derechos humanos del Coronel, pues lo condena por una supuesta violación de una ley que no existía en 1985, lo cual está expresamente prohibido por el Artículo 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de la cual Colombia es parte, y que obliga a todas nuestras autoridades, incluyendo a las judiciales. Por más importantes que ellas se consideren, no están por encima de las normas.

Además de algo tan grave como lo anterior, el fallo en sí es absolutamente deleznable. Veinticinco años después de los hechos, se acepta como clave el testimonio de un testigo fantasma, de quien hasta el nombre está en duda, pero que, de existir, es absolutamente claro que no pudo presenciar nada de lo que atestigua. Y se condena al Coronel sobre un montaje de conjeturas, con base en suposiciones fantasiosas y sin una prueba concreta en su contra.

Por talante y por educación no acepto y combato los abusos de autoridad. Pero no creo, como lo hacen los ciegos seguidores de quienes atacan permanentemente las actuaciones de nuestras Fuerzas Armadas, que toda actuación de la autoridad sea abusiva, y que quienes la ejercen son culpables de todo a menos que demuestren lo contrario. Como todo colombiano, el coronel Plazas tiene derecho a la presunción de inocencia y este derecho se le violó en todo el proceso.

Aunque es obvio que este fallo es parte de la guerra jurídica que se adelanta contra la moral de nuestras Fuerzas Armadas, tiene también otras consecuencias que son de gran interés para quienes, con acuciosidad y persistencia, han buscado que se castigue a algún miembro de la Fuerza Pública por las acciones, reales o imaginarias, que se dieron en la toma del Palacio de Justicia por parte del M-19 y el narcotráfico. Esas son las financieras. Con él se acercan a la posibilidad de obtener del Estado las multimillonarias compensaciones que por tanto tiempo les han eludido. Es aberrante que por unos pesos, así sean muchos miles de millones, se destruya la vida de un militar ejemplar que tanto ha servido a la patria.

Realmente se equivocan quienes exigen respeto para la condena de la Juez Tercera Especializada al coronel Plazas. Esa decisión será obedecida, pero no es digna de respeto. Es una vergüenza.