Ingrid tal vez desconocía que la gestión que adelantó su familia en busca de su liberación dañó mucho su imagen pública. Su imagen –no ella- se convirtió en una constante presión de agentes nacionales e internacionales para forzar el intercambio humanitario que la nación rechaza. Su familia habló mal del país y su gobierno. Colombia estaba saturada y con la exorbitante conciliación, todo explotó. Para ella ha debido ser triste este episodio, pero subyace una cuestión fundamental, las demandas contra el Estado.
Cifras de la Contraloría muestran que las pretensiones contra el Estado ascienden a $150 billones. La estadística también muestra que el Estado pierde el 80% de las demandas. Para tener un contexto, el presupuesto nacional de este año es de $148 billones 300 mil millones, con varios gastos fijos: $83 billones 200 mil millones en funcionamiento; $40 billones 700 mil millones para el pago de la deuda pública. Para la defensa y seguridad se destinaron $21 billones y $24 billones 400 mil millones para programas de inversión social.
La ‘demanditis’ contra el Estado hay que curarla. Somos un país de recursos escasos. Lo que el Estado puede hacer está limitado a ese monto. Para incentivar la creciente conciencia sobre la importancia de proteger el patrimonio público conviene que todos los colombianos paguen impuestos, aunque sean pequeños. Eso aumentará la sensibilidad de que ese dinero no es de nadie sino de todos. Hay que establecer sistemas de defensa judicial efectivos. La figura del equilibrio contractual del derechos administrativo y ajena al derecho privado debe ser proscrita. Ha dado para que los contratistas inflen los contratos y luego requieran del Estado nuevas y jugosas partidas. Los riesgos de los negocios no siempre los puede asumir el Estado. Tampoco debe ser aceptable la subcontratación en el derecho público. Por otro lado, las cargas prestacionales de la Nación son absurdas, el peso del magisterio y de muchas de las empresas del Estado que se usaron con fines politiqueros tienen las arcas muy afectadas, todo esto se limitó con la ley de pensiones y debemos estar atentos a que no sucede otra vez.
Las cortes internacionales están acostumbradas a preferir fallos cuyas cifras son astronómicas. Con este ritmo de condenas al Estado colombiano pronto estaremos recaudando impuestos para pagar sentencias. Valdría la pena revisar esas sentencias como proporción de los presupuesto de los países condenados, e imponer límites en los porcentajes. La tesis de que el Estado debe proveer seguridad y no lo hace, es cierta; pero no por eso podemos pagar por ello el resto de los colombianos. Lo que se le quita al presupuesto nacional disminuye alguno de los rubros y terminará afectado la seguridad o la inversión social que beneficia a toda la Nación. No se hace mas dinero para hacer justicia, y cada peso que paga el Estado es un peso que perdemos como país.
El proceso de reparación de víctimas se está iniciando sin que el conflicto haya terminado. Tenemos que preguntarnos ante el límite presupuestal si tenemos como repararlas y si lo hacemos cuales serán los rubros a reducir. Si se disminuye la seguridad, por ejemplo, se está dando prelación a las víctimas sobre el resto de los ciudadanos cuya vulnerabilidad aumenta. El problema de los recursos escasos es que es necesario priorizar: lo ineludible, lo necesario, sólo entonces, lo deseable.
Abogado en ejercicio, especializado en Derecho de Sociedades, Comercial, Financiero y de Negocios Internacionales, con Postgrado de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Analista Económico. Catedrático de las universidades Javeriana, Valle, Icesi y Pontificia Bolivariana. Columnista de El País desde 2005.
Empresario con experiencia en el sector público y en el privado. Ex alcalde de Cali, ex presidente de Ecopetrol y ex presidente de Carvajal S.A. De profesión economista y administrador con estudios universitarios en Colombia y en el exterior. Columnista de El País desde hace varios años.
Empresario editorial,ex parlamentario por el movimiento cívico 4 años, en la actualidad, columnista periódico El Tiempo, hace 23 años, columnista de El País y revista Aló hace 17 años, comentarista de televisión hace 21 años todos vigentes.Es autor de un libro sobre García Márquez, colaborador ocasional de revistas. Reside en Bogotá hace 45 años.
PALOMA?, no se en qué país vive usted, pero, los desplazados en colombia que le quitan sus tierras , pequeñas, en comparación a otros , ellos deberían recibir ese dinero, en cuanto este estado es muy pobre, especialmente de recursos, si que le creo , somos un país tercermundista, sin embargo, hay millones de las famosas caletas, ¿se le olvidó?, o ¿yo estoy equivocado?, o ¿soy demasiado indecente?,¿inocente? no solo soy un colombiano que ve a diario los desplazados, los pobres soldados luchando en el monte, la gente buscando el pan de cada día hasta fiando en la tienda de la esquina, no sé en que país vive usted
PALOMA?, no se en qué país vive usted, pero, los desplazados en colombia que le quitan sus tierras , pequeñas, en comparación a otros , ellos deberían recibir ese dienro, en cuanto este estado es muy pobre, especialmente de recursos, si que le creo , somos un país tercermundista, sin embargo, hay millones de las famosas caletas, ¿se le olvidó?, o ¿yo estoy equivocado?, o ¿soy demasiado indecente?,¿inocente? no solo soy un colombiano que ve a diario los desplazados, los pobres soldados luchando en el monte, la gente buscando el pan de cada día hasta fiando en la tienda de la esquina, no sé en que país vive usted
Paloma es una periodista muy capacitada que puede desempeñar una excelente labor en el cuerpo diplomático de Colombia. La juventud y la agradable presencia que posee forman parte de sus positivas credenciales.
Mi querida PALOMA cuando inicie a leer tu artículo pense en 5 ,pero al final escasamente alcanza a 3;por que el ahogado no hay que buscarlo rio arriba,y para eso hay que buscar el origen del negocio en la desembocadura y nos damos cuenta que la LEY DE REPETICIÓN no es funcional y que los COMITÉS DE CONCILIACIÓN DE LOS MUNICIPIOS se han convertido en nidos de corrupción para los que demandan el ESTADO;EL ARTÍCULO 90 DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE COLOMBIA ES VULNERADO por las límitaciones de la normatividad que la reglamenta,los daños antijurídicos y su posterior reparación patrimonial NO SON REPETIDOS EN LOS AGENTES DEL ESTADO QUE HAYAN COMETIDO LA CONDUCTA DOLOSA O GRAVEMENTE CULPOSA,todo se ha quedado en buenas intenciones y en letra muerta;incluso hecha la LEY hecha la trampa,la mayoria de funcionarios ya no tienen patrimonios todo se los trasladan a los testaferros para que se ficticee cualquier fallo de REPETICIÓN,que entre otras cosas son tapados por los Alcaldes y gerentes que posteriormente se posesionan.
Se estima que hay más de dos millones y medio de desplazados deambulando por las calles de todas las ciudades grandes de Colombia por culpa de las Farc y los paramilitares que se apropiaron de sus tierras para sembrar coca y montar campamentos. Una de las mayores prioridades del gobierno es atender las necesidades de esa pobre gente que lleva años en las mismas.
La ambiciosa y odiosa Íngrid y su familia solo recibirán nuestro desprecio, el cual le estamos mostrando ‘in crescendo’ …
Los desplazados son las verdaderas víctimas del conflicto armado y merecen un 100 x 100 de prelación del Estado.
Como nación tenemos que procurar orientar nuestra creatividad hacia la producción individual y colectiva de bienes, servicios, diseño,arte, entretenimiento y modificar esa cultura de esperar el sostenimiento del estado a como dé lugar. Algunos de quienes últimamente han demandado o han pretendido hacerlo han pasado por toda clase de aspiraciones que en últimas implica vivir con los dineros del estado; prestando un muy deplorable servicio en algún cargo público y con esto construyendo el estado defectuoso que luego pretender demandar por defectuoso.
¿Y cómo extrañar que Colombia sea un país de escasos recursos si, según las estadísticas expuestas por la propia Paloma Valencia, se dedican 40 billones 700 mil millones al pago de la deuda externa y solo 24 billones a los programas sociales, a la vez que el gobierno se empecina en privatizar cada dia las lucrativas empresas estatales y públicas que son patrimonio nacional? Eso equivale a vender por monedas nuestra alcancía llena de billetes. El gobierno también debería ser demandado por utilizar irresponsablemente el crédito externo como si fuera un cajero automático.
es mejor que se haga como en tu pais, y se expropien todos los negocios productivos de los particulares y empresas privadas, como los Exito, almacenes Cada, C.c sambil, etc etc ¿a que si Antonio Garcia?¿o Antonio Rodriguez? o ¿Antonio Rojo? tas pillao camarada.