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Opinión

opinion | columna |  gustavo-duncan - Julio 19 de 2013 - 23:35
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Las ZRC

Las Zonas de Reserva Campesina (ZRC) no deberían en principio asustar a nadie. Se trata de una forma razonable de ordenamiento territorial y de planeamiento de la producción campesina. Por su vocación agrícola y ambiental existen ciertos territorios que no resisten una explotación capitalista intensiva. Es escandaloso por ejemplo que en los páramos al sur de Bogotá exista ganadería lechera con enormes razas suizas que destruyen las fuentes de agua. Al precio de esa leche hay que agregarle ni más ni menos el costo de la reserva hídrica de los páramos.

Tampoco hay que demeritar el asunto de la concentración de la tierra. Los coeficientes de desigualdad rural en Colombia rompen varias marcas mundiales. Si la pequeña explotación campesina además de resolver los temas ambientales contribuye a aliviar las demandas básicas de inclusión por qué entonces apostar por la gran producción capitalista cuando las ganancias privadas se fundan en costos públicos.

Sin embargo, las ZRC también tienen sus límites y sus problemas. Como mencioné la semana pasada no tiene sentido establecer ZRC en áreas con vocación de agricultura comercial que demanda enormes inversiones de capital. Hacerlo equivale a hacer populismo barato con un tema álgido para el desarrollo económico y la pacificación del país. A quienes menos les conviene es a los propios campesinos a quienes se les niega el acceso a la modernización.

Pero hay otro asunto aún más preocupante para las ZRC. En teoría las Zonas no implican ningún tipo particular de organización política. En la práctica su existencia ha estado ligada a la presencia y en ocasiones al control cotidiano de la población por grupos guerrilleros. Existen razones para que sea así. Las ZRC están ubicadas en áreas de difícil acceso, con una pobre infraestructura estatal y pobladas por población colona y comunidades que llevan generaciones en luchas agraristas. Es apenas lógico que la guerrilla encuentre allí un nicho de dominio.

La labor del estado no debería ser condenar a las ZRC al ostracismo sino apropiarse de su regulación, de la provisión de seguridad y del establecimiento de una infraestructura pública que permita ganarse la lealtad de la población. Por eso causa malestar que terminen utilizadas como una concesión a las Farc en la negociación de La Habana. El mensaje del gobierno es terrible: como son zonas agrestes, aisladas y de pobre interés para las élites nacionales, pues que las Farc gobiernen allí a cambio de dejar las armas y que sean los campesinos quienes tengan que sacrificar sus derechos políticos.

La dominación actual de las Farc en algunas ZRC es producto de la fuerza. Es de suponer que luego de un proceso de paz no dispongan de los medios armados para reclamar la obediencia de los campesinos y que cualquier organización pueda participar en las decisiones políticas de la comunidad. La historia muestra que aún bajo la amenaza armada surgen formas de resistencia campesina al dominio político de las Farc. Así que es apenas natural que sin restricciones de fuerza la competencia política se dispare. ¿Aceptarán las Farc dejar las armas bajo esas condiciones?

El buen uso de las ZRC está amenazado entonces no solo por la extrema derecha que ve una amenaza en cualquier forma de organización campesina sino por la extrema izquierda que se asume como la propietaria única de la movilización campesina.

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