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Opinión

opinion | columna |  german-patino - Abril 10 de 2011 - 23:25
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El oro del diablo

Ha pasado relativamente desapercibida una noticia publicada en el diario El Espectador, que reporta el contenido de cerca de 5.500 documentos desclasificados por la National Security Agency, una entidad del Ggobierno estadounidense, publicados en la página web de la Universidad George Washington.

En ellos se repite algo que ya sabíamos gracias a la propia Justicia norteamericana: la multinacional Chiquita Brands financió a grupos de paramilitares en el Urabá antioqueño, disfrazándolos de “gastos de seguridad” y fue copartícipe de las terribles masacres de civiles ocurridas en la zona a finales de la década de 1990. Por otras informaciones también sabemos que la financiación de paramilitares fue una práctica extendida entre las compañías bananeras de esa región martirizada de Colombia. La Justicia gringa actuó con prontitud y condenó a Chiquita Brands, la Justicia colombiana no ha hecho nada al respecto, pese a contar con el ejemplo de Chiquita y evidencias sobre otras compañías.

Por el contrario, durante el gobierno de Álvaro Uribe se nombró a un representante de esas compañías en el servicio exterior colombiano ante la unión Europea. ¿Por qué? Los documentos desclasificados por la NSA comienzan a brindarnos una respuesta.

En ellos se dice que Chiquita Brands, a través de su filial “Compañía Frutera de Sevilla”, entregó “sustanciales donaciones” a Álvaro Uribe y a Alfonso Núñez en 1995. Los documentos aclaran que este Álvaro Uribe es el mismo que luego fue Presidente de Colombia durante dos períodos seguidos. No traen aclaración sobre Alfonso Núñez, pero suponemos que se trata de Alfonso Núñez Lapeira, quien contendió con Álvaro Uribe por la gobernación de Antioquia, precisamente en 1995.

¿A cuánto ascendieron estas “sustanciales donaciones”? ¿Qué contraprestación tenían? ¿A qué cuentas de los dos políticos ingresaron? ¿Declararon Álvaro Uribe y Alfonso Núñez estos ingresos? Creo que la Justicia colombiana tendrá que interesarse por responder a estos interrogantes, pues estamos ante presuntos delitos, de extraordinaria gravedad.

Lo menos grave sería que estos recursos ingresaran a las campañas de los dos ciudadanos cuando competían por la Gobernación de Antioquia. Aún así se trata de un delito, pues la Constitución colombiana prohíbe que las campañas electorales reciban financiación de “personas naturales o jurídicas” extranjeras.

Más grave aún lo que se infiere: un compromiso de cualquiera de los dos para adelantar “a sangre y fuego” la pacificación del Urabá antioqueño. Que fue lo que hicieron Álvaro Uribe y el general Rito Alejo del Río, envileciendo a las Fuerzas Armadas, haciendo causa común con narcotraficantes, aupando paramilitares, promoviendo las Convivir con personajes como Salvatore Mancuso y los hermanos Castaño, y sometiendo a los campesinos antioqueños a horrores inenarrables. Pues eso era lo que le interesaba a Chiquita Brands y por eso es que fue condenada, al menos en parte.

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