La polémica que se ha desatado recientemente, a raíz de la ratificación de la condena al coronel Plazas Vega, indica claramente que el país aún no se encuentra maduro para la paz.
La mayor parte de los argumentos toman la forma del “todo vale”: el M-19 hizo una cosa horrible y frente a ese hecho cualquier reacción, por desmesurada que sea, se justifica. No tiene sentido que se condene hoy en día a un militar mientras los verdaderos responsables se encuentran libres e incluso disfrutando de elevados cargos públicos. Sin embargo, el asunto es más complejo y la situación extremadamente delicada como para resolverla de manera tan simple.
Creo que en la opinión pública existen al menos dos cosas claras: la inmensa irresponsabilidad del movimiento M-19 al promover una acción demencial y el hecho de que hubo excesos en la retoma por parte de la Fuerza Pública y la desaparición a 11 personas que salieron con vida del Palacio. A los militares no se los responsabiliza por la retoma del Palacio (algo que estaba en el ámbito de su deber), sino por los posibles excesos cometidos. Y lo que se percibe entonces como una asimetría es que a los guerrilleros se les haya concedido una amnistía mientras que a los militares se los mete a la cárcel.
Creo que si hacemos un debate ético y político, de carácter racional y no emocional, es importante reconocer como punto de partida que esa asimetría efectivamente existe. Antonio Navarro, un vocero autorizado del antiguo M-19, así lo ha reconocido y ha señalado incluso su origen: en 1989 se optó por una amnistía para una sola de las partes comprometidas y los propios mandos militares no quisieron aceptar la participación en ese proceso. Hoy en día el contexto nacional e internacional ha cambiado, y ante las nuevas exigencias de verdad, justicia y reparación, la situación de los militares que participaron en este hecho se ha agravado y ha tomado otro rumbo.
¿Cuál es entonces la razón que llevó a los militares a no aceptar una amnistía en ese momento? La respuesta es muy sencilla: la negativa a aceptar una responsabilidad por los excesos cometidos. El coronel Plazas Vega dice claramente en entrevista para El Tiempo que él no quiere una amnistía sino una absolución. Sin embargo, la aceptación de la responsabilidad sería el punto de partida para sanar definitivamente una herida y superar uno de los mayores hechos traumáticos del conflicto colombiano de las últimas décadas. Y sobre esa base, entonces, se podría llegar a una solución imaginativa a una situación que ya lleva 26 años: algún tipo de figura jurídica que abarque a todos los actores comprometidos pero bajo la condición de reconocer la responsabilidad en los sucesos.
La clave del futuro de Colombia, como lo he dicho muchas veces en estas columnas, es que el país marche por la vía de la institucionalidad democrática. Y la institucionalidad implica que los militares actúen en el marco de las normas del Estado de derecho y del respeto por los Derechos Humanos, y que cuando se presenten excesos asuman responsabilidades. Y se requiere también que cambien de mentalidad. Sabemos que hay grupos armados en Colombia que hacen toda clase de barbaridades, pero para combatirlos no puede imponerse la lógica de que el fin justifica los medios.
Si el Estado combate el conflicto sin respetar la institucionalidad se convierte simplemente en un Estado criminal y terrorista, en el mismo nivel de sus enemigos. Hay que ‘ganarles la guerra’ a los grupos armados, pero afirmando siempre la institucionalidad del país y no por fuera de ella. Un país que es consciente de este hecho está maduro para la paz.
Abogado en ejercicio, especializado en Derecho de Sociedades, Comercial, Financiero y de Negocios Internacionales, con Postgrado de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Analista Económico. Catedrático de las universidades Javeriana, Valle, Icesi y Pontificia Bolivariana. Columnista de El País desde 2005.
Empresario con experiencia en el sector público y en el privado. Ex alcalde de Cali, ex presidente de Ecopetrol y ex presidente de Carvajal S.A. De profesión economista y administrador con estudios universitarios en Colombia y en el exterior. Columnista de El País desde hace varios años.
Empresario editorial,ex parlamentario por el movimiento cívico 4 años, en la actualidad, columnista periódico El Tiempo, hace 23 años, columnista de El País y revista Aló hace 17 años, comentarista de televisión hace 21 años todos vigentes.Es autor de un libro sobre García Márquez, colaborador ocasional de revistas. Reside en Bogotá hace 45 años.
En dias pasados había venido haciendo una reflexión acerca de la condena del coronel Plazas Vega y de cierto modo pensaba que era despropocionada o asimetrica su condena teniendo en cuenta que los del M-19 habian corrido con una mejor suerte. Ahora gracias a su columna he podido vislumbrar mejor el asunto, porque estoy de acuerdo que es un tema muy complejo y no muy facil de resolver. Personalmente creo en los valores democraticos y en que el estado debe cumplir y dar ejemplo de cumplir con los parametros establecidos por la ley, sin embargo este caso es muy especial y singular y deberia revisarse la condena impuesta al coronel, ya que el mensaje que queda es demasiado ambiguo para la sociedad, sin embargo los desmanes del ejercito no pueden quedar en una impunidad por lo cual seria necesario hacer ese reconocimiento de responsabilidad y de reparación de los perjuicios causados a las victimas de ese suceso que los Colombianos tenemos marcado en nuestra memoria. Ojala encontremos justicia y simetria para este caso.
Pero, cuantos años han transcurrido desde aquel Grito de Independencia, en que hayamos tenido un espacio de Paz? Nunca la hemos sentido simplemente porque existen muchos elementos que impiden la consigamos, empezando por los mismos militares a quienes no les conviene una pensión tardía si existiera la Paz, a eso le agregamos el negocio tanto ilegal como legal de las armas y por otro lado el canje de armas por droga sin necesidad de exportar contenedores de Dólares.
La moral, la verguenza , la dignidad y la solidaridad son condiciones humanas de una sociedad sana, pero los bogotanos carecen de todo esto, cuando eligieron al exconvicto Gustavo Petro como su alcalde.
Gustavo Petro solo sabe planear genocidios, holocaustos;estallar petardos,secuestrar y matar magistrados, gobernadores y candidatos a la presidencia.
Como se debe sentir orgullosa la capital de Colombia de exhibir a un alcalde con semejante prontuario.
Y el respetable coronel en prision.... (no tiene nombre).
Señor Valencia, ¿qué las fuerzas militares cambien de mentalidad? Usted ha tocado un punto neurálgico y complejo.
NI NAVARRO NI PETRO ESTABAN EN LA TOMA DEL PALACIO DE JUSTICIA Y LA RETOMA A SANGRE Y FUEGO DE PARTE DEL EJERCITO....UN COLOMBIANO CUALQUIERA QUE VA A USA DEBE SER JUZGADO COMO MULA O MAFIOSO POR EL SOLO HECHO DE HABER NACIDO EN UN PAIS PRODUCTOR DE COCA Y MARIHUANA...ARGUMENTEMOS Y RESPETEMOS LOS FALLOS DE LA JUSTICIA..ESTA DECICIÓN FUE TOMADA POR UN CONJUNTO DE PERSONAS QUE NO SON NINGUNAS APARECIDAS..NO ES EL FALLO DE UN JUEZ...EN EL CASO MIO YO TENIA UNA TÍA QUE ERA LA SECRETARIA DE GAONA CRUZ Y MURIÓ CALCINADA, ESTUVO HABLANDO CON SUS HIJAS DEBAJO DE UN ESCRITORIO HASTA EL ULTIMO MOMENTO.
Contra tatucos enfrentar un código?
...por lo dicho en los dos ultimos parrafos, NO estamos maduros para la paz. de institucionalidad es lo que menos quieren saber los militares, prueba es que quieren en la reforma a la justicia mantener el fuero militar que permite la impunidad. la educacion politica parmite el raciocinio, pero el colombiano raciocina con el coRAZON, es decir emocionalmente...cambiar de mentalidad,,,primero hacemos la paz.....