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“En el país se necesita una reforma en el control fiscal”

El auditor general, Jaime Ardila, dice que el papel de las contralorías debe reforzarse con la ayuda de la vigilancia ciudadana.

Por: Alfredo García Lunes, Octubre 24, 2011
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Auditor general, Jaime Ardila.

Los escándalos en Bogotá con el llamado carrusel de la contratación, ha desnudado graves fallas en la vigilancia de los recursos públicos por parte de las contralorías.

Según el auditor general de la Nación, Jaime Ardila Barrera, es necesario “darle más dientes” a esos organismos para enfrentar la corrupción en la contratación pública.

¿Qué pasa en Buenaventura, donde a punta de tutelas se ha buscado frenar los controles fiscales?

Nos preocupa de Buenaventura la actuación de algunos jueces vía tutela que están impidiendo el ejercicio del control fiscal. La Corte Constitucional ya se pronunció en un reciente caso del municipio de Dosquebradas donde estableció que cuando se presenten irregularidades el camino no es la tutela para frenar los procesos de responsabilidad fiscal y de auditoría. Para eso está la jurisdicción contenciosa administrativa. Es preocupante porque está pasando no sólo en Buenaventura, sino en otros municipios.

¿Qué hacer entonces?

En el control fiscal hay unas deficiencias muy grandes en recursos humanos. Se auditan unas cantidades muy elevadas de recursos, pero lo hacen unas contralorías que carecen de recursos, y por eso lo resultados son precarios.
En esto el constituyente del 91 se equivocó al quitarle los dientes, pero ahora con el Estatuto Anticorrupción se recuperaron algunas competencias para que los procesos e investigaciones fiscales sean oportunas. Lastimosamente, el control fiscal terminó sólo contando muertos, o lo que ya pasó, y así no se puede mejorar la gestión pública en el país.

¿Es partidario de regresar al control previo para evitar la corrupción?

Habría que entrar a hacer un análisis de eso. Se supone que el control interno es el que debería hacer ese control previo. Lógicamente, el problema del control interno era que por un manejo de jerarquías el que estaba arriba nombraba al de abajo, y por eso no arrojó los resultados esperados. De allí todos los escándalos que se están viendo, ya que nadie hizo nada.

En otras palabras, muchas contralorías no operan como tal debido a su alto grado de politización...

Sí. Uno no puede desconocer que a los contralores los eligen tanto las asambleas departamentales como los concejos municipales. Eso, sin embargo, no opta para que los funcionarios no sean independientes o no cumplan con su labor. Los hemos estado moviendo a través de un programa muy interesante que es el ‘Triple C’ que es el control a la contratación desde Bogotá donde estamos encima de ellos, mirando y advirtiendo en cuanto a riesgos dentro del manejo contable.

¿Si hay alarmas, por qué sigue el robo de recursos públicos?

No entendemos porqué, por ejemplo, en Nariño, de 187 sujetos de control se auditaron cuatro solamente. Y lo peor fue que se auditaron únicamente las cajas menores de los colegios.
Otro caso es el del departamento del Casanare donde vimos que se auditaron todos los municipios, pero luego establecimos que ese trabajo fue sólo en las 14 personerías. En esa región, con $2,2 billones en regalías, no sabemos qué pasó con ellas.

¿Por qué el ciudadano del común y los veedores no complementan ese papel de las contralorías?

Buscamos que la contratación pública se vuelva visible y más transparente, y que el ciudadano se involucre más en ello. Generar una conciencia, y en eso estamos trabajando. Vamos a firmar un convenio con el Ministerio de Educación para impulsar una pedagogía sobre control social. El mejor control fiscal es el que realiza el ciudadano. Lo que sea visible es muy difícil que se lo puedan llevar. Las veedurías hay que fortalecerlas, pero lastimosamente muchas se prestan para el manejo político de los contradictores de los funcionarios.

¿Entonces por qué no impulsar esa pedagogía desde la academia?

Con ese propósito impulsaremos un programa de auditores universitarios, para darle más altura y calidad a esos controles. Estamos llegando a las universidades para decirle a los rectores y a los estudiantes que en vez de buscar temas para tesis de grado de cómo llegar a Marte y otros planetas, más bien lleguen a los barrios de sus ciudades y hagan análisis a los contratos de obras. En eso pueden actuar desde abogados hasta arquitectos, pasando por ingenieros y economistas. Ahí están sus tesis de grado y sus investigaciones. Así le damos más fuerza y altura a las veedurías ciudadanas, preparando a la gente.

¿Con los casos de corrupción fiscal y las grandes fallas en las contralorías, amerita una reforma del control fiscal en Colombia?

Creo que sí. Ya estamos trabajando en llave con la Contraloría General de la Nación y la Contaduría de la República, y con el apoyo de la Universidad del Rosario, en un proyecto de disciplina fiscal para darle más dientes a los controles actuales. Un caso típico de las fallas actuales es que cuando una Contraloría no cumplió con los requerimientos administrativos y financieros, no pasa nada. Es un físico saludo a la bandera. Debe haber zanahoria, pero también garrote en el control fiscal en Colombia.

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