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Toma al Palacio, 25 años sin hacerse justicia

El próximo sábado se cumple un cuarto de siglo de la toma al Palacio de Justicia. En ese tiempo se han abierto 19 procesos contra los presuntos responsables de ese hecho atroz. Sin embargo, sólo se han dictado una condena y dos destituciones.

Por: Por Redacción de El País y Colprensa Domingo, Octubre 31, 2010
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personas murieron y once más aún están desaparecidas luego de la toma armada del Palacio de Justicia, realizada en el centro de Bogotá por guerrilleros pertenecientes al grupo insurgente M - 19

Dato clave

La Procuraduría

A nivel disciplinario, en estos 25 años el Ministerio Público ha proferido tres decisiones, pero una de ellas fue apelada y revocada por el Consejo de Estado.

La primera cobijó al general Arias Cabrales, quien fue destituido mediante el Decreto 731 de 1994, pero las apelaciones llevaron a que en 2005 la decisión fuera revocada por el Consejo de Estado. En el mismo caso fue destituido el coronel Edilberto Sánchez, ambos acusados de la desaparición de Irma Franco, de torturas y por no realizar operativos que protegieran la vida de los civiles.

La investigación en contra de general Víctor Delgado Mallarino, director de la Policía para la época, tampoco prosperó porque se determinó que nunca le dieron una orden precisa de acabar con el operativo en el cuarto piso y que lo ocurrido allí no fue su responsabilidad.

La Procuraduría también abrió investigaciones en contra de Carlos Darío Morales y Roberto Rodríguez, jueces de Instrucción Penal Militar de la Policía, por el levantamiento irregular de los cadáveres. Ambos salieron absueltos.

 
 Toma al Palacio, 25 años sin hacerse justicia

Unos 40 integrantes del M-19 se tomaron el Palacio de Justicia el 6 y 7 de noviembre de 1985. El acto terrorista fue bautizado como 'Operativo Antonio Nariño por los Derechos del Hombre'.

Foto: archivo | El País

Veinticinco años después de la sangrienta toma del Palacio de Justicia por parte de un comando de guerrilleros del M-19, la impunidad aún ronda uno de los capítulos más tristes de la historia contemporánea colombiana.

Muy pocos son los avances de la Justicia desde aquellos aciagos 6 y 7 de noviembre de 1985 cuando cerca de 35 insurgentes, liderados por Andrés Almarales y Luis Otero, entraron en forma violenta al Palacio de Justicia, asesinaron a los dos vigilantes que protegían el parqueadero, y durante 27 horas mantuvieron como rehenes a civiles, funcionarios y magistrados de la Corte Suprema y del Consejo de Estado.

La respuesta de la Fuerza Pública fue contundente. Más de dos mil uniformados del Ejército, Policía y Guardia Presidencial cercaron el Palacio y se aprestaron a “defender la democracia”, frase que marcó para toda la vida al entonces coronel Alfonso Plazas Vega, comandante de la Escuela de Caballería.

La tragedia del Palacio dejó, según la Comisión de la Verdad, 94 muertos, entre ellos 11 magistrados. Otras informaciones hablan incluso de más de cien personas muertas. También once más fueron reportadas como desaparecidas.

Después de que se abrieron 19 procesos judiciales y disciplinarios contra quienes fueron considerados responsables de la toma, sólo existe una condena proferida por la juez Tercera Penal Especializada del Circuito de Bogotá, María Stella Jara, contra el coronel retirado Alfonso Plazas Vega. Esa condena, por cierto, aún no es definitiva. Fue apelada.

Ya han pasado 25 años y los familiares de los once desaparecidos en aquel acto, con tintes de barbarie, aún están a la espera de que haga justicia.

El avance lento de las investigaciones

Aún se recuerda que en el hervor de los hechos el presidente de la época, Belisario Betancur, a través del Decreto 3300, le dio vida al Tribunal Especial de Instrucción.

Este tribunal, con dos magistrados a la cabeza, debía disponer de cuanto juez necesitara y mostrar resultados inmediatos para dar con los responsables de la toma del Palacio y los actos violentos que ocurrieron en su interior y los alrededores.

El informe de dicho tribunal fue presentado menos de un semestre después. Y en el texto básicamente le endilgaban la responsabilidad de lo ocurrido a los guerrilleros del M-19 y dejaban libre de responsabilidades tanto al presidente Betancur como a los militares que estuvieron a cargo de la retoma.

Sin embargo, el informe advertía de conductas irregulares que debían ser tenidas en cuenta por los jueces especializados, particularmente de la justicia penal militar.

Para atender el llamado del Tribunal, el Juzgado 30 de Bogotá abrió un proceso en contra de los insurgentes, tanto los que habían participado en la toma –todos muertos-, como de los altos mandos del M-19, acusados de rebelión, homicidio, tentativa de homicidio y secuestro.

Y el mismo juzgado le pidió a la Corte Suprema de Justicia que investigara al entonces director general de la Policía Nacional, Víctor Alberto Delgado Mallarino, por supuestamente haber desobedecido la orden del consejo de ministros de suspender operaciones en el cuarto piso del Palacio de Justicia, donde se encontraba el presidente del alto tribunal, Alfonso Reyes Echandía.

Estos dos procesos, los únicos iniciados a nivel penal en la época, no prosperaron. El primero; porque la Ley 77 de 1989 abrió la puerta a la amnistía de los guerrilleros del M-19.

Aunque en una ocasión un juzgado ordenó la reapertura del caso, el presidente de entonces, César Gaviria Trujillo, intervino a favor de los insurgentes y pidió que fuera cerrado el proceso. El segundo proceso, en contra del general Víctor Alberto Delgado Mallarino, fue archivado por la Corte Suprema en 1991, por prescripción de términos.

Contra el Presidente

Dos procesos fueron abiertos y posteriormente archivados en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes en contra del presidente Belisario Betancur. Ambos reclamaban su responsabilidad por la fuerte arremetida militar y por no haber obligado a los uniformados a salvar la vida de los civiles retenidos. En ninguna de las dos indagaciones los congresistas investigadores encontraron méritos para llevarlo a juicio, por lo que archivaron los casos.

Los desaparecidos

Además de estos procesos, los familiares de los once desaparecidos del holocausto completaron un cuarto se siglo intentando que la justicia o alguna autoridad determine la verdad sobre lo ocurrido con los empleados de la cafetería y la guerrillera Irma Franco, quienes salieron vivos del Palacio del Justicia.

El único proceso terminado por este caso es el que llevó a la condena del coronel en retiro Alfonso Plazas Vega.

El último fiscal general de la Nación, Mario Iguarán Arana, fue quien finalmente ordenó la apertura de la indagación y se la asignó a la fiscal Ángela María Buitrago Ruiz, entonces fiscal cuarta delegada ante la Corte Suprema, quien realmente empezó a mover el caso a nivel investigativo.

En septiembre de 2007, Buitrago profirió resolución de acusación contra varios miembros retirados del Ejército por las desapariciones. Entre los afectados estuvieron el coronel (r) Edilberto Sánchez Rubiano; capitán (r) Óscar William Vásquez Rodríguez; el sargento viceprimero (r) Luis Fernando Nieto Velandia; el sargento viceprimero (r) Ferney Ulmardín Causaya y el sargento segundo (r) Antonio Rubay Jiménez Gómez, por su presunta responsabilidad en la desaparición de once personas ese noviembre de 1985.

En febrero de 2008, la resolución de acusación fue contra el coronel Plazas, así como un año después para el general (r) Iván Ramírez Quintero; el coronel (r) Fernando Blanco Gómez y el sargento (r) Gustavo Arévalo. Una decisión similar afectó al general Jesús Armando Arias Cabrales, en marzo de 2009. Para la misma época se cerró la indagación contra el general (r) Rafael Samudio Molina. Todos los casos, excepto el de Plazas Vega, hoy están en manos del juzgado 51 Penal del Circuito de Bogotá.


La justicia penal militar

Además de esos procesos, fueron abiertos otros por parte de la justicia penal militar, todo dentro de las solicitudes hechas por el Tribunal Especial de Instrucción y del juzgado 30, cuando corría el año 1986. Ninguno de ellos culminó en condena; por el contrario, todos los uniformados fueron absueltos por falta de hechos concretos y pruebas en su contra.

En esa ocasión, se abrieron indagaciones contra el general Jesús Armando Arias Cabrales, por los hechos irregulares del cuarto piso; así como en contra del coronel Edilberto Sánchez Rubiano, por las denuncias de estudiantes del externado Eduardo Matson y Yolanda Santodomingo, quienes aseguraron haber sido torturados, y por la desaparición de Clara Elena Enciso e Irma Franco, señaladas como guerrilleras del M-19.

En mayo de 1992, el juez que llevaba el caso aseguró no haber encontrado méritos para condenar a ninguno de los dos imputados. A Sánchez, el funcionario judicial lo absolvió indicando que no había cometido las torturas, que Clara Elena Enciso había aparecido viva en México y no había pruebas de que Irma Franco hubiese pasado por sus manos.

Otro proceso penal militar que no prosperó fue el entablado por Yesid Reyes, hijo del fallecido presidente de la Corte, quien demandó por falsedad ideológica en documento público a los tenientes coroneles de la Policía Pedro Antonio Herrera Miranda y Javier Arbeláez Muñoz, quienes, según el denunciante, habrían falsificado una solicitud del Presidente de la Corte que autorizaba el retiro de la seguridad del Palacio días previos a la toma.

En los fallos de primera y segunda instancia se declaró la inexistencia de méritos para convocar a un consejo de guerra verbal indicando que existían testigos que aseguraban que el magistrado Alfonso Reyes Echandía había solicitado en una reunión para que diezmaran la seguridad, porque los procedimientos de requisa eran exagerados.

Las críticas en torno al papel de la justicia en los trágicos hechos de ese noviembre de 1985, se basan en que aún después de 25 años de ocurridos los hechos, son más las preguntas que las certezas de lo ocurrido con los visitantes, abogados, magistrados, uniformados y guerrilleros muertos al interior del Palacio de Justicia.

Mientras tanto, víctimas y familiares seguirán rogando por justicia, verdad y reparación.

La cabeza de la toma al Palacio de Justicia

Se asegura que el guerrillero conocido como Luis Otero fue quien ideó todo el operativo de la Toma al Palacio de Justicia.

Otero también planeó otros de los grandes golpes del M - 19 como el robo de la espada de Bolívar de la Casa Museo Quinta del Libertador, el asalto al Cantón Norte del Ejército en diciembre de 1978 de donde robaron más de 5.000 armas, y la toma de la Embajada de la República Dominicana en 1980.

El hombre que ejecutó las acciones de la toma al Palacio de Justicia fue el guerrillero Álvaro Fayad. La comisión de la Verdad aseguró que el acto terrorista fue financiado por el narcotráfico.

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