Los familiares de los desaparecidos de la toma al Palacio de Justicia esperan que se revele la verdad sobre la suerte que corrieron sus seres queridos. Duelo.
El próximo sábado 6 de noviembre doña María del Carmen Celis completará 25 años sin saber en dónde está su hijo David Suspes Celis, uno de los 11 desaparecidos de la toma al Palacio de Justicia.
Sólo basta ver el rostro de esta mujer de 78 años cuando recuerda los últimos momentos que compartió con su hijo, para entender el dolor por esos 9.125 días de ausencia, de esas 219.000 horas que no pudo vivir con el chef del Palacio, a quien piensa cada minuto. “Siempre estoy diciendo: ¿qué será de la vida de mi hijo?”
Para esta mujer, como para los familiares de los otros desaparecidos, estos han sido 25 años “de una tortura”.
Miryam Suspes, hermana de David, dice que el llegar a 25 años sin saber qué pasó, “es un caso de total impunidad”. “Gracias a las entidades que nos apoyan, hemos podido saber algo y visibilizar a las personas que estuvieron implicadas en la muerte de nuestros seres queridos. Me siento agradecida, pero no satisfecha de la justicia. Nos sentimos solos”, agrega.
Similar es la incertidumbre que sufre Luis Carlos Ospina, esposo de Gloria Stella Lizarazo Figueroa, quien, como David Suspes, trabajaba en la cafetería del Palacio de Justicia. “A pesar de que ya se cumplen 25 años de los hechos y sabiendo que fue el Ejército el que se llevó a mi esposa, no se resuelve nada todavía”, dice.
“Plazas Vega nos dijo que por qué no les cobraban nuestros familiares a la guerrilla, pero yo no vi a mi mujer con un guerrillero, tengo dos videos en los que está uno del Ejército con mi mujer al hombro… ellos son los que tienen que responder”, agrega.
“A nosotros nos pasó lo del comercial de una entidad bancaria: estábamos en el lugar equivocado y seguimos así desde hace 25 años”. Sandra Beltrán Hernández, hermana de Bernardo Beltrán Hernández, lo dice no sólo porque su hermano desapareció en unos hechos que pudieron evitarse, sino porque desde entonces su vida cambió, tanto, que ha tenido que renunciar a varios empleos para asistir a las audiencias y no dejar enfriar el caso. “Falta sensibilidad por lo que pasó. Parece que ya a nadie le importa”.
Similar preocupación tiene doña Ana María Bidegaín, esposa del magistrado Carlos Horacio Urán, a quien aparentemente sacaron del Palacio, lo llevaron a la Casa del Florero y luego su cuerpo apareció sin vida en las instalaciones del edificio.
“La sociedad colombiana es muy pasiva, no ha dicho nada, ha habido algunas personas que sí, pero la sociedad como que acepta los 25 años de impunidad”, concluye acongojada doña Ana María.
Justo al frente de la puerta por donde entró la volqueta con los guerrilleros del M-19, el esposo de Rosa Bermúdez, propietario de un almacén de sombreros, casi pierde la vida .
Al frente de esa puerta estaba ubicada la sede de un banco, en donde Ernesto Ayarza –esposo de Rosa- se encontraba adelantando una visita al gerente, del que era amigo personal.
“Tenemos el local a una cuadra del Palacio el susto que me llevé fue porque en ese momento yo estaba en el norte y me enteré por radio de la toma del Palacio”, cuenta doña Rosa, quien aún atiende su almacén en la Calle 11.
Desde el momento en que se enteró de la toma, no descansó hasta ubicar a su esposo. Ernesto yacía tirado en el suelo junto a su amigo, puesto que “las balas retumbaban muy cerca”.
Rosa –quien hoy cuenta la historia como una anécdota más de la vida– recuerda que su esposo se salvó por “cosas del destino”, porque una bala de fusil atravesó el ventanal de la oficina donde él se encontraba e impactó muy cerca de donde se encontraba.
“Mi esposo siempre ha dicho que a él no le dio tan duro lo de la Toma del Palacio porque había vivido momentos peores. Incluso estuvo encerrado durante tres días en pleno centro durante el 9 de abril del 48”, dice.
Para ella resulta curioso que dos días antes de la toma, su pareja pasaba en su carro –un Renault 12– por la carrera octava e hizo varias veces un comentario que con posterioridad saldría a la luz: “al Palacio de Justicia le bajaron la vigilancia, ahí puede pasar algo”.
Al hablar de la toma con la perspectiva de los años, la familia Ayarza Bermúdez lamenta la tragedia de los desaparecidos, pero a la vez muestra su preocupación por la condena a 30 años del Coronel Alfonso Plazas Vega.
Rosa cuenta que a lo largo de la carrera octava el coronel Plazas dispuso un escudo con militares a lo largo de la calle, y “él personalmente fue entrando a cada uno de los locales pidiéndoles a las personas que evacuaran cubriéndose con los soldados”.
“¡No salga nadie!, están dando bala en el Palacio de Justicia”, gritó Silvio Posada a las personas que salían del Capitolio Nacional, al tiempo que con largas zancadas saltaba los escalones del edificio para resguardarse.
Eran las 11:20 de la mañana del 6 de noviembre de 1985. Un minuto antes, Silvio –quien trabajaba en la oficina de prensa del Senado de la República,– había visto cómo una volqueta “llena de gente armada” se metía a sangre y fuego por el costado occidental del Palacio de Justicia (carrera octava), por la zona de la cafetería.
Aquel miércoles el Congreso estaba en el mayor trajín de la semana, puesto que los congresistas se encontraban sesionando. Según cuenta Posada, aquella mañana se veía “más oscura que las demás”, como si eso fuera un presagio de los trágicos momentos que se avecinaban.
“Cuando empezó la balacera, me impresionó ver a la gente corriendo de un lado para el otro en la Plaza de Bolívar y a policías y soldados zigzagueando a lado y lado de la Plaza, ubicándose estratégicamente en los costados… Se escuchaban disparos, ráfagas de metralletas; pero sobre todo se sentía el eco de las balas”, recuerda.
La primera reacción de Silvio fue subir al segundo piso del Capitolio y ubicarse en uno de los grandes ventanales que dan hacia la fachada del Palacio de Justicia. Desde allí, vio cómo a través de los barrotes del Palacio pasaban guerrilleros corriendo. “Recuerdo que unos llevaban boina y otros tenían la cara tapada con pañuelos”.
Respondiendo a sus instintos periodísticos, Silvio tomó una libreta y comenzó a anotar todo lo que veía. “A través de las columnas del Palacio veía a las personas moviendo las manos en señal de ayuda; eso sucedía en los seis pisos del Edificio. No podía hacer nada por ellos. Con esa impotencia que sentía lo único que hice fue llorar”.
Esa misma expresión de angustia la volvió a ver Silvio cuando el Palacio comenzó a arder, seis horas después de que hubiera iniciado lo toma. “Yo no podía hacer nada, se estaban quemando; se veía mucho humo, así que también se estaban ahogando”.
Todo lo que alcanzó a percibir Silvio se materializó al día siguiente en el periódico risaraldense El Diario del Otún, –de donde él es oriundo–. Desde aquella época guarda en una mochila terciada una copia del ejemplar en donde plasmó sus impresiones como testigo excepcional de los hechos de ese noviembre fatídico.
Los ex magistrados Nilson Pinilla y Jorge Aníbal Gómez, quienes junto a Hernando Herrera Vergara se dieron a la tarea de desempolvar los archivos de este caso, para de paso abrirle las puertas a la tan esperada justicia.
En unos días se dará a conocer el libro que contiene las conclusiones y los detalles de lo sucedido durante ese 5 y 6 de noviembre de 1985 y apartes del informe realizado por los magistrados sobre el hecho.
Este informe contiene varios anexos, pero quizá lo nuevo frente a los informes previos es el hecho de que el magistrado Luis Ignacio Urán salió con vida del Palacio y luego su cadáver apareció en el Palacio.
Logramos establecer es que él magistrado murió fuera del Palacio de Justicia, a pesar de haber salido de la edificación herido, con esquirlas en una de sus piernas. Además, se demuestra que fue asesinado con un tiro de gracia. La deducción acerca de si lo mató la Fuerza Pública podría ser válida, pues salió custodiado por ésta.
Sí, pero no sólo en este caso. La Comisión ha criticado la propensión a la impunidad frente a todos los hechos del Palacio. Los desaparecidos no son el único hecho que ha quedado en suspenso; en este caso se presentaron muchas violaciones a los derechos humanos y muchos están en la completa impunidad. La Comisión espera que todos esos delitos tengan algún día una sanción y se descubra a los responsables.
Eso es lo que falta por determinar. La Comisión pudo establecer que varios rehenes murieron a manos de los guerrilleros, otros en el cruce de disparos y otros por parte de la Fuerza Pública. La responsabilidad penal está en manos de las autoridades.
Primero que nunca se debe ceder ante el terrorismo. Las concesiones hechas al M-19, por el Gobierno (entonces de Julio César Turbay Ayala) durante la toma a la embajada de la República Dominicana, fortalecieron a la guerrilla, a la que le pareció fácil querer tomarse el Palacio de Justicia. En el presente es claro que Colombia debe saber que jamás volverá a ocurrir un suceso similar sin que sea investigado.
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