La Contralora General de la Nación criticó el nuevo sistema general de Regalías y aseguró que se debe cambiar la forma de distribuir los recursos territoriales.
La contralora Sandra Morelli lleva actualmente el proceso contra el Gobernador del Valle y otros ex funcionarios por presunto detrimento patrimonial en la Licorera.
En el 2010 la abogada Sandra Morelli llegó a ser la cabeza de la Contraloría General. Durante su administración varios escándalos de corrupción han llegado o salido de sus manos; entre esos, el caso de los cuestionados empresarios Nule y la desviación de los recursos destinados a mitigar el invierno en el país.
Aunque asegura que la entidad que preside se ha destacado en la entrega de información oportuna al Gobierno, cree que debe ser más eficiente, sobre todo a nivel departamental. Considera, además, que la distribución de los recursos a nivel territorial tiene que cambiar y que es necesaria “una reforma administrativa profunda”.
Les tengo que dar una respuesta muy ‘descorazonadora’, pues en lo que hace referencia a nuestras gerencias son realmente muy desmanteladas o difícilmente controlables. Por ejemplo, hay algunas que funcionan con muy poca gente, no hay contadores, no tienen condiciones de seguridad, cuando quieren hacer su oficio terminan amenazados.
Tenemos problemas en el Putumayo, Guainía y Amazonas. Los funcionarios tienen que hacer un gran sacrificio para trabajar allá y por lo tanto nos toca apoyarlos desde el nivel central. Temas como los de desplazados, entrega de tierras, salud y educación los estamos haciendo por proyectos desde el nivel central y con identificación clara de los puntos de riesgo.
Las departamentales tienen una responsabilidad menos amplia de la que nos corresponde a nosotros, hay casos en los que se trabaja muy bien con estas, otros con las que hay un gran conflicto y de todas formas, si no trabajan de forma independiente a las vicisitudes políticas de las diferentes regiones, entonces no nos interesa una coordinación.
Se ha dado la feliz coincidencia de que algunos de los contralores territoriales vienen de la Contraloría General y eso hace que tengamos la posibilidad de trabajar coordinadamente, como lo pensamos hacer con Antioquia, pero también hay otros casos donde anticipadamente sabemos que no va a existir coordinación y que de hecho nos generan sospechas. No las voy a mencionar, porque son sospechas.
Una de las cosas buenas que ha hecho la Contraloría es entregar información al Gobierno central. Yo creo que es inútil tener una contralora despelucada por todo el país, gritando escándalos de corrupción por todos lados. Lo que se impone es encontrar una manera de distribuir esos recursos con mucha más cautela, más control y cambiando la metodología. Si seguimos girando a ojo cerrado y uno sabe que todos los días van a robar, pues entonces no vamos a poder cambiar nada. Yo voy a poder coger uno, dos o cinco casos por departamento, pero creo que la manera como se destinan los recursos a nivel territorial tiene que cambiar, en sectores como salud y educación. Si la plata no va a llegar al necesitado, mejor tenerla ahorrada, que botada.
Aquí se impone una reforma administrativa muy seria y una metodología de distribución de recursos que no implique que salgan en flujo y que pasen por 15 manos, en donde nadie tiene claro para qué se giró el dinero o para qué tipo de proyectos va destinado. Mientras las entidades territoriales demuestran madurez y se les pueda entregar esos recursos, porque tengan capacidad de control y de ejecución, tendremos que volver a un modelo centralizado con relación directa entre el girador y el ejecutor.
A mí no me gusta. Me parece importante que hay equidad y me gusta la destinación. Sin embargo, no me gusta la implementación, que repitan el modelo del Fonade que ha sido fuente de fracaso y de corrupción. Es más, no estoy segura de que la Corte avale la constitucionalidad de ese esquema.
No, va a seguir siendo igual. Nada cambia, lo importante es que es plata pública y la seguiremos controlando. Lo que nos implica es más volumen. Tratamos de hacer el trabajo con inteligencia, de cambiar la lógica del control. Analizar los proyectos del Plan Nacional de Desarrollo nos permite llegar focalizadamente a donde queremos llegar, pero todavía en términos de eficiencia nos falta una barbaridad.
Lo que está haciendo la Contraloría es verificar si las obras se hicieron efectivamente. Porque supongamos que no hay información, pero las obras están hechas adecuadamente, entonces se hará acreedor de sanción disciplinaria y ese no es nuestro problema. Si por el contrario no está la plata ni la obra, entonce el problema sí es serio, porque allí hay detrimento patrimonial.
La mayoría de los recursos para la salud se van en campañas de vacunación y en contratar cooperativas de trabajo asociado, sobre todo si estamos en época de política. El 10% de la contratación de recursos se fue en contratación de personal para la salud y se intensificó en época electoral, el análisis ya está y lo que vienen son las sanciones.
Ya diseñamos el Plan General de Auditorías (PGA) y tenemos como prioridad el tema de salud, del que ya terminamos prácticamente toda la auditoría a los sistemas contributivo y subsidiado y ya establecimos cuál es la situación de las EPS, los abusos e irregularidades en el Fosyga; lo que hicimos, sólo a manera de muestra fue el tema territorial.
A nivel territorial se giran los recursos, se giran $1.000 millones y solo registran $800 millones y no incorporan lo que tienen que incluir, como por ejemplo juegos de azar. Después de eso se comienza a ver una discordancia de cuentas entre las IPS y las entidades territoriales o las IPS y las EPS. Nunca liquidan los contratos, entonces no sabe quién le debe a quién.
Se debería recuperar todo, en el tema de los Nule el monto es superior a los $800 mil millones y hay una garantía importante que es Enerpereira. En el Valle, hay embargos por $60 mil millones. El año pasado se recuperaron más de 2,8 billones de pesos.
Tenemos un buen trabajo con el Presidente, él es muy receptivo a estas problemáticas. Por otro lado, tenemos dificultades en omisión y en no acatamiento de recomendaciones de algunas superintendencias e incluso ya hemos comenzado a vincular fiscalmente a algunos superintendentes que están siendo investigados por nosotros, particularmente la de salud.
En el tema de la ola invernal, uno de los insumos más importantes es la información que nosotros, semanalmente, enviamos de la situación, para que tomen correctivos. Con la Procuraduría tenemos una buena coordinación y con la Fiscalía hay una teoría en relación a que las pruebas de la Contraloría no son idóneas para los temas penales, sin embargo, estamos prestos a colaborar.
Un porcentaje grande, el 50%. El otro 50% viene en ineficiencias e incapacidades.
Creo que sí, pero el país tendría que tomar decisiones radicales y no dejarse amedrentar por las mafias que amenazan con bloquear la salud o la infraestructura, por ejemplo. Hay que radicalizarse, porque el Gobierno es el dueño del balón. Cambiar los métodos de contratación, porque es que hasta los Nule siguen ejecutando contratos en este país.
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