Venta de Isagén podría despejarse en cinco años

Procesos para la solución de las demandas es demorado. No se ve solución a corto plazo.

La venta de la participación de 56,7% del Estado en Isagen parece convertirse en un calvario para el Gobierno, ya que después de que el Consejo de Estado suspendiera temporalmente la venta programada para hoy, bajo el argumento de que se pondrían en riesgo los recursos de la Nación (en dado caso de que algunas de las nueve demandas contra el proceso saliera favorable), este se habría convertido para muchos en el segundo proceso fallido. Sin embargo, ante estas críticas el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, parece optimista, ya que espera “que el Consejo de Estado tome una decisión a la mayor brevedad”, teniendo en cuenta que “la búsqueda de esos recursos son fundamentales para la generación de empleo en Colombia” y que no se está poniendo en riesgo el interés público. Y esto podría ser cierto, si la decisión judicial respecto a la acción de súplica, que debería demorarse 10 o 15 días únicamente, se resuelve a favor de Gobierno. Sin embargo, el proceso podría dilatarse y puede terminar demorándose hasta 5 años, explican algunos abogados expertos. Según Ramiro Bejarano, abogado especialista en derecho procesal, en la actualidad el Estado “no tiene sino la posibilidad de interponer el recurso de súplica, para que el resto de los magistrados lo analicen.  Pero frente ese auto no hay ninguna otra opción”. Después, “si este recurso de súplica no prospera, entonces el proceso de acción popular debe seguir y deben practicarse las pruebas, luego vendría la conclusión y luego un fallo donde se decide si evidentemente hay lugar o no a declarar si se está violando un interés y derecho colectivo”.  Esto, de acuerdo con la ley, debería decidirse muy rápido, no más de un mes y medio o dos meses, pero “el Consejo de Estado hace mucho tiempo que no cumple sus términos y normalmente se están demorando más de un año o dos”, concluye Bejarano.  Respecto al tema, el Consejo Gremial explicó su posición y su vicepresidente, Javier Díaz, comentó que “apoya la enajenación de las acciones que la Nación tiene ya que es una operación conveniente para el país. Frente a las medida cautelares decretadas respetamos la decisión, pero esperamos que rápidamente se pueda demostrar que esta operación no causa daño al fisco”.