Supernotariado defendió la ley de Zidres ante la Corte Constitucional

El superintendente Jorge Enrique Vélez dijo que la ley es una política para la productividad de zonas donde no hay institucionalidad.

El superintendente de Notariado y Registro, Jorge Enrique Vélez, defendió ante la Corte Constitucional la Ley Zidres, al estimar que es una responsabilidad del Gobierno y del Congreso sobre el manejo de la extensión de tierras con capacidad de producción.

?Las Zidres son territorios especiales con aptitud agrícola, pecuaria y forestal y piscícola identificados por la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (Upra), que se establecerán a partir de Planes de Desarrollo Rural Integral en un marco de economía formal y de ordenamiento territorial.

Vélez dijo que si se necesita consulta previa con una comunidad antes de hacer una Zona de Interés de Desarrollo Rural Económico y Social, se hará, y señaló que no se podrán incluir terrenos acumulados después de 1994.

"La garantía es la productividad. Es una política de Estado en materia de productividad en zonas en donde hoy no hay ningún tipo de productividad ni institucionalidad", señaló.

El funcionario dijo que actualmente se han devuelto o vendido por campesinos el 75 % de los baldíos entregados, porque el costo para poder entrar a producir la tierra es muy elevado.

Vélez dijo que para decretar una zona Zidres tiene que analizarse si en esa región hay procesos activos de adjudicación de baldíos a campesinos y, si es así, debe culminarse antes de seguir con la Zidres como tal.

Dijo que incluso se ha pensado en crear ciudadelas para el hospedaje de quienes produzcan la tierra y aseguró que lo de allí salga no se podrá exportar hasta que no se garantice la seguridad alimentaria.

"No es un tema de acumulación. Desde 2010 se dio instrucción para no registrar una acumulación más. No hay acumulación hasta que no haya sentencia y creo que este tema debe reglamentarse porque se ha vuelto un tema político", señaló.

Por su parte, el jurista y vocero de Dejusticia, Rodrigo Uprimny aseguró  ante la Corte Constitucional que la norma es regresiva y debe  'caerse'. "Es una medida regresiva porque implica que hay una sustracción de unos badíos que hoy podrían ser adjudicados al campesinado por la Ley 160 de 1994", explicó.

De acuerdo con Uprimny, las zonas son válidas en un ordenamiento territorial siempre que no afecte el derecho progresivo a la tierra del campesinado. "En Colombia no sabemos cuántos baldíos hay pero la Ley implica que habrá menos para adjudicar al campesinado y no establece un mecanismo de compensación", señaló.