Se proyecta histórica devolución de tierras

A través de “tribunales agrarios” el Gobierno buscará en los próximos cuatro años que se restituyan dos millones de hectáreas de tierras a campesinos y familias desplazadas de las cuales fueron despojadas por parte de grupos armados ilegales.

A través de “tribunales agrarios” el Gobierno buscará en los próximos cuatro años que se restituyan dos millones de hectáreas de tierras a campesinos y familias desplazadas de las cuales fueron despojadas por parte de grupos armados ilegales.La incorporación de esas fincas a la producción agrícola llevaría a incrementar la oferta de alimentos y a formalizar la propiedad rural en Colombia.La iniciativa forma parte de un proyecto de ley que será presentado la próxima semana al Congreso de la República, según lo anticipó ayer en Palmira el ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo Salazar, en el marco de su visita al Centro Internacional de Agricultura Tropical, Ciat.El funcionario explicó en diálogo con El País que con la creación de esa jurisdicción especial, se agilizarán los procesos de devolución de predios y parcelas de las cuales se apoderaron grupos guerrilleros y paramilitares.“Serán jueces agrarios que operarán en todos los departamentos, pero con énfasis en aquellos donde hubo graves problemas de violencia. Se tratará de personas con pleno conocimiento de la legislación agraria, y adonde los desplazados y víctimas podrán acudir sin trabas”, anotó.Restrepo Salazar aclaró que sobre ese problema hay muchas cifras, algunas d las cuales hablan de cinco millones de hectáreas despojadas por organizaciones criminales a los agricultores, pero el Gobierno ha preferido manejar una cifra más prudente de dos millones de hectáreas, “que aún así es estremecedora y escandalosa”.Sostuvo que a pesar de los esfuerzos gubernamentales, “las políticas de restitución de tierras han “marchado en cámara lenta, ya que de esas dos millones de hectáreas, sólo se han devuelto 60.000 hectáreas”.En la práctica se han reintegrado a sus dueños 17.000 hectáreas, mientras las otras 43.000 hectáreas son de subsidios otorgados por el Incoder para que los agricultores compren tierras, destacó el funcionario.Extinción y titulaciónEl Ministro de Agricultura reveló que en el proyecto de ley, la carga de la prueba ya no estará a cargo del despojado, es decir, la demostración de si fue propietario legítimo o no de una finca, sino que el propio Estado le ayudará a acreditar la documentación y los títulos.Aseguró que se trata de una verdadera revolución agrícola para brindarle justicia a los desplazados, “ya que muchas de esas tierras aún siguen en manos del narcotráfico, la guerrilla, los paramilitares y sus testaferros”.Otra arista de la iniciativa consiste en destrabar los procesos de extinción de dominio en 500.000 hectáreas de tierras incautadas al narcotráfico y que hoy están en cabeza de la Dirección Nacional de Estupefacientes, DNE.La idea, anotó Restrepo Salazar, es sacar del limbo jurídico esos predios que no han podido cumplir su función social, como la de servir de banco de tierras para hacer la transformación agraria que requiere el país.Denunció que ello no ha sido posible debido a “un gigantesco enjambre de abogados y gentes con apetencias ilegítimas sobre las mejores tierras que tenía el narcotráfico”.El funcionario señaló que la DNE tiene bajo su poder haciendas y fincas incautadas en el norte del Valle, las que dijo, podrían ser sujetas de programas asociativos como los de Vallenpaz, que son un ejemplo para el país. Mencionó igualmente que con el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder, se trabajará en jornadas intensivas de escrituración, ya que “el 50% de los predios rurales en el país cuentan con títulos precarios o inexistentes. En otras palabras casos como los de tío que le vendió la finca a un sobrino, pero nunca la registró. Y lo peor es que el 70% de las tierras despojadas a los desplazados no tenían títulos de propiedad”.Para facilitar la legalización de predios, el Incoder subsidiaría los gastos de escrituración en coordinación con las oficinas de Instrumentos Públicos y la red de notarías de todo el país.“Así el país podrá marchar hacia una formalización de la propiedad rural, tal como lo busca el presidente Santos en su programa de formalización de la economía”, agregó.La titulación permitirá a los campesinos pleno acceso al crédito y a la asistencia técnica.Reformar el uso de tierrasLa Sociedad de Agricultores de Colombia, SAC, consideró que si el Gobierno quiere impulsar “la locomotora del agro” debe trabajar en un cambio en la vocación de uso de las tierras en Colombia.Es decir, pasar de una ganadería que ocupa miles de hectáreas con unas pocas vacas, a cultivos de alto rendimiento para ampliar la frontera agrícola, indicó el presidente de ese gremio, Rafael Mejía López.Colombia tiene unas 5 millones de hectáreas dedicadas al agro y 10,2 millones de hectáreas en ganadería, pero usa 41,7 millones.A ello, el ministro Juan Camilo Restrepo, admitió que el país debería tener cuatro veces más esa área agrícola “La idea es que si un ganadero tiene 100 hectáreas de tierras, podría ceder 10 para siembras de maíz, sorgo u otras. Es un proceso que deberá ser gradual y sin forzar a nadie”, puntualizó.