"Protección al agro y el sector azucarero es necesaria en el país": Rafael Mejía

El presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, SAC, Rafael Mejía, dice que el Gobierno busca con rebaja de aranceles preservar la rentabilidad de algunas industrias, para acabar con el campo. Sostiene que el Programa de Transformación Productiva del Mincomercio ha sido una excusa en esa dirección.

La protección de la agroindustria azucarera y el campo colombiano es crucial para la economía, la paz y la estabilidad social del país.

De allí, que Rafael Mejía López, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, SAC, sostenga que  un desmonte de aranceles —que sirven de escudo frente a las importaciones masivas de alimentos— llevaría a la quiebra a miles de productores. Eso, señala, sería favorecer a industriales que buscan preservar la rentabilidad de sus negocios frente  a  una devaluación del peso, tras haber gozado del confort de un dólar barato. 

¿Por qué el  Ministerio de Comercio, está empecinado en desmontar la protección al sector azucarero y al agro en general, al rebajar los aranceles para que haya más importaciones?

Hay seis productos que tienen fondos de estabilización y 13 más que están vinculados a franjas de precios. El Gobierno ha empezado por un sector, y sigue con otro como el maíz para continuar luego con el desmonte de los instrumentos de protección del sector agrícola y pecuario.  Y allí, bajo el Sistema Andino de Franja de Precios figuran el aceite crudo de palma, el aceite crudo de soya, arroz blanco, azúcar blanco y azúcar crudo, carne de cerdo, cebada, leche entera, maíz amarillo, maíz blanco, soya, trigo y trozos de pollo. 

En el caso del azúcar nos dicen que es la más cara de la región, pero cuando se miran los precios al consumidor final al 1° de septiembre, eso no es así.  Costa Rica aparece  con el granulado más costoso a US$1,49 por kilogramo y le sigue de cerca Argentina con US$1,46, mientras el promedio está hoy en US$1,07. En Colombia ese costo es de US$0,72 y en Brasil de US$0,62.  

No vemos entonces las razones que argumentan los industriales que utilizan el azúcar como insumo, pues esa materia prima pesa solo el 4% en los costos de producción de confites y chocolates. Eso se estableció según estudios externos —y que la SAC obtuvo por medios completamente legales, y abiertos al público—,  cuando se investigó y valorizó la acción de Nutresa. En leche es el 2%. Todos esos costos eran insignificantes versus el escándalo que estaban armando. Nadie me ha contradecido ni demostrado que estoy equivocado. 

Si es así, ¿con qué soporte  se pretende rebajar de plano los  impuestos al azúcar importada en detrimento de una agroindustria vallecaucana que brinda empleo y bienestar?

No sabemos cuál es la verdadera razón detrás de todo esto, si es que  la revaluación los tenía (a los industriales) en una situación muy confortable, y luego al presentarse la devaluación del peso, y al no ser competitivos, quieran   seguir teniendo rentabilidad con base en  materias primas importadas más baratas.

¿Es soportable un arancel del 70%, como se acordó, y no del 40%, que era lo que buscaban dichos industriales para aliviar sus costos?

El acuerdo al que llegaron las partes interesadas es importante, pero no es que se pretenda ser inamovible. Y en lo que estamos claros es que la SAC nunca aceptará decisiones en contra del sector, y lo que hemos rechazado sobre todo es la falta de sustento técnico (para rebajar aranceles) y adoptar estas decisiones. 

El sector azucarero colombiano en productividad es de los más eficientes del mundo. Es una agroindustria que no se quedó quieta, que exploró y está fabricando etanol y es cogeneradora de energía. Eso hay que reconocerlo.

¿Hay presiones no solo de la industria, sino para cumplir tratados comerciales y abrir las fronteras a las importaciones, no solo de azúcar?

No es para cumplirles a otros países, sino a  estos industriales. Uno debe ser muy claro, y es que no existen protecciones efectivas negativas. Estudios de Planeación Nacional y muchos consultores demuestran  que no hay ese tipo de protecciones en las cadenas productivas de los productos en las franjas de precios, no solo en el caso del azúcar.

Se dice que estas franjas aislan los precios internos de los externos y que este mecanismo le resta competitividad exportadora a las industrias, lo cual no es cierto. Eso no lo ha podido demostrar tampoco el Gobierno. 

Alpina, por ejemplo, está abriendo plantas en Ecuador, Venezuela y Estados Unidos, lo cual demuestra que no les está yendo mal. El renglón de confitería y de chocolatería ha crecido en los últimos 15 años por encima del PIB nacional y agrícola,  y bastante.

Entonces, ¿Ese afán obedece solo a ciertos intereses particulares teniendo en la mira a los azucareros?

Claro. Aparentemente sí porque cuando  pido demostraciones específicas no me las han podido entregar. El azúcar a US$0,72 (por kilogramo) en Colombia no es cara, y está solo por encima de Brasil, el mayor productor mundial.

La devaluación para el sector primario es buena, mientras la industria reduce sus márgenes. Por ello, el Gobierno no debe pretender compensar el problema cambiario con un ajuste estructural de la política comercial para favorecer a los  industriales. Eso afecta a quienes somos generadores de mano de obra no calificada en el campo.

Hay que entender los efectos que este tipo de medidas podría tener para el suroccidente colombiano, el Valle del Cauca y Cali. Para preservar la rentabilidad de unos no se puede llevar a la quiebra a otros (como los azucareros, cañicultores y paneleros).

¿Una protección arancelaria del 117% para los azucareros no  es muy alta, teniendo en cuenta que estamos en un mundo globalizado que se mueve a punta de costos?

Colombia no es un país formador de precios del azúcar. Brasil si lo es a escala mundial, y por lo tanto  pone los precios. La volatilidad de las cotizaciones en el mercado internacional es grande, de allí que deba tenerse cuidado frente a ese comportamiento. Entregué al Gobierno todos los insumos técnicos y hablé con los Ministros de Comercio y Agricultura, explicándoles que los efectos no son solo económicos, sino que es un momento político crucial y que se reflejaría en una situación social devastadora. Esto se logró contener transitoriamente porque llevamos varios años desde que el Ministerio de Comercio conformó el Programa de Transformación Productiva tratando de acabar con el agro, y para eso es que (los industriales) lo han usado. Aparentemente ha sido una excusa porque ha sido muy poca la participación del sector agrícola, que es el eslabón más débil de la cadena.  

¿Qué viene luego de que el Gobierno expida el decreto para reducir los aranceles al azúcar al 70%, es decir, en 47 puntos porcentuales?

En el caso del azúcar estamos hablando de unos efectos sociales y económicos en unas poblaciones que están alrededor de esta actividad. Alcaldes, trabajadores y agricultores, gobernadores y dirigentes gremiales se han manifestado civilizadamente para darle a conocer a los colombianos que hoy será el azúcar, y que mañana puede ser el aceite, después la leche y luego el maíz. Todos en fila. Hay 38 alcaldes asustados porque ven un gran riesgo en sus ingresos tributarios que dependen de la agroindustria de la caña en el Valle, Cauca y Risaralda, que emplea a 188.000 personas de forma directa más otros miles indirectos.    

Con base en ello, ¿cuál es entonces la realidad del agro frente a esas amenazas?

Es importante saber dónde estamos sentados. En el 2014, Colombia produjo 31,6 millones de toneladas de alimentos y exportó 4,4 millones de toneladas, incluyendo café.

Pero a su vez, importamos 10,3 millones de toneladas, existiendo un consumo aparente de la población de 37,3 millones de toneladas, lo cual significa que el 27,5% de los alimentos que consumimos a diario, son traídos del extranjero. El último Censo Nacional Agropecuario demostró lo que ha dicho la SAC y es que los cultivos transitorios se cayeron. El 75% de lo que importamos son cuatro cultivos: trigo, maíz, soya y torta de soya. Lo peor es que los compramos a $1800 por dólar y hoy tales productos se pagan a $3100 por cada dólar. 

 Es un círculo vicioso. Entre enero y junio en toneladas el único sector que aumentó importaciones fue el de alimentos, al crecer 8,4% respecto a las compras del 2014. 

Por su parte, las exportaciones bajaron 7,2%. Somos un país que cultiva 7,2 millones de hectáreas, aunque tenemos 22 millones de hectáreas aptas. De allí que necesitemos subsidios, porque hay que distinguir los impactos entre lo económico y lo social, lo mismo que seguridad jurídica para invertir en el campo, además de una reforma tributaria beneficiosa para la agricultura, como lo han hecho otros  países. 

La protección al agro y la agroindustria no solo la está pidiendo Colombia, sino muchos países que de esta manera las defienden. No entiendo que  Colombia sea  temerosa frente a estas protecciones a pesar de que el 30% de sus habitantes son del área rural.