Proponen nueva forma de contratar obras de infraestructura con el Estado

Esta semana se realizará en Cartagena el XIV Congreso de la Infraestructura, que convocará a más de 3000 empresarios, y cuyo eje será cómo impulsar la locomotora de las obras públicas a partir del 2018 y la forma de atacar la corrupción en los contratos con la aprobación de un pliego tipo o único.

El presidente del gremio, Juan Martín Caicedo, presidente del gremio, explica las metas a futuro y los obstáculos a solucionar para seguir avanzando, entre ellos los problemas con las comunidades en varias zonas del país.

¿En qué se enfocará el Congreso de la CCI este año?
​
La asistencia de más de 3000 empresarios se da porque ven el esfuerzo que está haciendo el país con las decisiones del presidente Santos de dotar al sector de una institucionalidad fuerte, alejada de la politiquería y crear un marco normativo que hiciera propicio el despliegue del sector.

Analizaremos algunos faltantes y uno es el que tiene que ver con las consultas previas a las comunidades. Ahora, sin prejuicios de los problemas, la locomotora sigue avanzando, se ha detenido un poco, ya que a raíz del escándalo de Odebrecht el sector financiero se alertó y nos han detenido cierres financieros, pero hay señales de que se recuperará el ritmo de las obras públicas.

¿Qué oportunidades hay teniendo en cuenta que la economía aún sigue mostrando señales débiles?
​
Hay muchas expectativas y oportunidades, ya que los mandatarios locales van a mostrar en materia de obras lo que pondrán poner en marcha en el 2018. Se evidencia una serie de procesos de contratación ya que solo en Bogotá se contratará, según el alcalde Peñalosa, lo equivalente a dos veces lo que costó el Canal de Panamá. El rezago de los últimos doce años se volvió una oportunidad.

Pero el inicio de obras aún no se ve en muchas regiones...
​
En los proyectos de cuarta generación se han adjudicado 31 por $53 billones. De esos, 20 son vías 4G y el resto iniciativas privadas.

Lo interesante es que ya más de 60% tiene acta de inicio de obras y 21 están en construcción. La locomotora arrancó y hay algo que no se ha analizado, pero las obras están respaldadas con recursos de las vigencias futuras, pues si incluimos el metro de Bogotá, los dineros llegan a $100 billones. Estamos hipotecando a los próximos gobiernos para que las obras se ejecuten.

¿Cómo disminuir la tramitología para que esas obras arranquen?
​
Lo ideal es que cuando la obra se licite estén resueltos los temas de adquisición de predios, interferencias de redes de servicios y que estén otorgados los permisos ambientales.

Pero el Gobierno se dio cuenta de que si llegábamos a esa fórmula no habríamos arrancado a tiempo las concesiones de cuarta generación.
Entonces la Ley de Infraestructura dio unos primeros pasos y el proyecto de pliego-tipo sugiere otros.

¿Cómo superar los líos con comunidades disfrazadas que se le atraviesan a las obras para chantajear al Gobierno?
​
Existe algo que no está resuelto y que tenemos que solucionar en el corto plazo. Es el caso de la ausencia de una ley de consultas previas, teniendo en cuenta que la misma beneficiará a las propias comunidades, ya que la minería ilegal o la politiquería se disfraza de comunidad para chantajear y detener las obras.

En los últimos dos años hemos conocido del Ministerio del Interior siete proyectos en este sentido, por lo que hay que lograr una concertación con las comunidades, pues se trata de una ley estatutaria. Llegó la hora de presentar y radicar en el Congreso ese proyecto que está haciendo falta.

El escándalo de Odebrecht frenó muchos contratos y proyectos. ¿Cómo destrabar los mismos para frenar la corrupción?
​
No es solo el caso Odebrecht, aunque este hecho opacó lo que está pasando en las regiones en materia de contratación.

Las cifras del Observatorio de la Cámara muestran que en los municipios, más del 90% de los procesos contractuales están en cabeza de únicos oferentes que terminan siendo los adjudicatarios y en los departamentos eso equivale a más de 70%. Eso pasa porque aún hay resistencia para que se utilice el pliego tipo o único, que estandariza las condiciones y los criterios para calificar a la hora de adjudicar una obra.

Justamente en este momento se está discutiendo en la Cámara la posibilidad de que ese pliego sea obligatorio para los contratos oficiales.
Esto solucionaría además el temor financiero, ya que en el proyecto se consagra un artículo que le da tranquilidad a los bancos en el sentido de que se protege a los terceros de buena fe, en caso que se dé una nulidad.

Si el Congreso no aprueba el proyecto estamos matando la posibilidad de miles de empresarios, pequeños y medianos para acceder a la contratación. El pliego tipo o único frenará la corrupción.

¿Existen algunos ejemplos sobre la aplicación de este tipo de pliego en la contratación pública?
​
Lo que ha hecho Invías es la demostración de que sí se puede.
Ellos contratan a través de un pliego tipo y a la fecha ha adjudicado $9 billones en obras sin un solo escándalo.

Es la demostración de que el pliego tipo sirve para fomentar, no solo la pluralidad de oferentes, sino la democracia. En Invías se obtuvieron 50 propuestas en promedio en las grandes obras y 140 en cabeza de pequeñas y medianas empresas.

La Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, se preparó bien para estructurar, licitar y adjudicar. Ahora se tiene que preparar para administrar esos contratos.