Por sanción de la SIC podrían cerrar ingenios pequeños

Por sanción de la SIC podrían cerrar ingenios pequeños

Octubre 10, 2015 - 12:00 a.m. Por:
Redacción de El País.
Por sanción de la SIC podrían cerrar ingenios pequeños

Alcaldes de Palmira y El Cerrito dicen que ingenios dan empleo a 25.000 personas. Procaña advierte que algunas factorías no aguantarían impacto de la multimillonaria multa.

En los cinco departamentos  cultivadores de azúcar (Valle, Cauca, Quindío, Risaralda y Caldas) se percibe un ambiente amargo debido a las sanciones que la SIC le impuso a los ingenios y a los gremios que los representan, en razón al futuro que les pueda deparar, especialmente a las empresas más pequeñas.    En concreto, la preocupación está en la posibilidad de que se reporten quiebras de algunos ingenios y con ello, la pérdida de empleo. El  alcalde de El Cerrito, Mauricio Martínez, aseguró que de hacerse efectiva la sanción contra la industria azucarera se afectará la calidad de vida de este municipio que depende totalmente de este negocio. “Nuestra mayor fuente de impuestos es el  ingenio  Providencia, sin contar que son la mayor fuente de empleo para los habitantes del sector urbano y rural”, dijo. Agregó que esta empresa acabó de vincular directamente a muchos contratistas, logro que se puede echar para atrás si  los ingenios tiene que pagar esas cuantiosas multas.  “Por eso solicitamos que se revise la decisión, no es que violen la ley sino que se tenga en cuenta el impacto. Si esa sanción se da lo que viene en adelante sería fatal para el municipio”, anotó. A su turno, el alcalde de Palmira, José Ritter López, manifestó que en el área de influencia de su población operan los ingenios Manuelita y Central Tumaco. “Son empresas que generan  gran mano de obra e inversiones en programas de responsabilidad social. Si a ellos se suma el ingenio Providencia, podemos decir que entre los tres generan unos 25.000 puestos de trabajo, entre directos e indirectos, y si los obligan a pagar las sanciones, el panorama para nuestras ciudades sería complicado”, dijo. En riesgo, pequeños ingeniosCarlos Hernando Molina, presidente de la Junta Directiva de Procaña,  el gremio que agrupa a los proveedores y cultivadores de la caña, aseguró que la región se verá afectada de varias maneras.  En primer lugar, es posible que los ingenios pequeños quiebren porque no tiene la solidez financiera y pueden salir del negocio. “Eso llevaría a perder siembras porque no todas las superficies sembradas podrían ser asumidas por otras empresas.  Eso conllevaría a un desorden económico”, sostuvo. Agregó que más preocupante que un posible reajuste en las áreas de producción de caña, es  la afectación en el empleo que sería de una repercusión inmediata.   “Una sanción desproporcionada  llevaría al recorte de recurso humano para tratar de sobreponerse y dar solución a semejantes sanciones tan absurdas”. Molina no descarta que el consumidor, que sería el último eslabón de la cadena también se vea afectado, pero precisa que no se puede anticipar si ese impacto será positivo o negativo en materia de precios. Habla el Comité EmpresarialMiembros del Comité Intergremial y Empresarial del Valle del Cauca - CIEV,  rechazaron  la  forma sistemática y reiterada como el Gobierno Nacional ha emprendido acciones que ponen en riesgo la estabilidad social y económica del suroccidente del país. “Respetuosos de las decisiones proferidas por los entes de control, recibimos con preocupación las sanciones impuestas por la SIC al sector azucarero y las repercusiones que sobre el empleo podría generar, desestabilizando el desarrollo de 5 departamentos y 47 municipios de esta zona del territorio cuya economía depende de esta agroindustria”, dijeron en un comunicado.  Para el gremio, adicional a la pretensión de disminuir los aranceles a las importaciones de azúcar, la SIC impone una sanción confiscatoria que llevaría al cierre de varios ingenios con el consiguiente impacto en el empleo, las rentas para los municipios y todo el encadenamiento productivo. “El sector empresarial unido solicita explícitamente al Gobierno Nacional considerar el impacto socioeconómico que genera una sanción de este tipo y evaluar la proporcionalidad de la misma”.

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