“Para la restitución no se requiere un tramitador o un abogado”

“Para la restitución no se requiere un tramitador o un abogado”

Septiembre 23, 2011 - 12:00 a.m. Por:
Laura Marcela Hincapié, reportera de El País.

Miguel Samper, director de Justicia Transicional, habló con El País de los desafíos de la Ley de Víctimas.

Miguel Samper Strouss, director de Justicia Transicional, reconoció que hoy las víctimas están vulnerables y requieren de fuertes esquemas de protección para acceder a la reparación que ofrece la nueva ley. En entrevista con El País, el alto funcionario, uno de los más jóvenes del Gobierno Nacional, denunció que en el Valle del Cauca hay abogados que están engañando a las víctimas. “Les ofrecen asesoría a cambio de hasta el 49% de la indemnización que van a recibir”. Usted denunció que algunos abogados estaban engañando a las víctimas en el Valle, ¿cómo se está haciendo este fraude?El fraude se presenta de dos formas. En algunos casos los abogados les piden un poder a las personas para organizar la restitución de tierras y en otros se les pide un poder para tramitar los otros beneficios que otorga la Ley de Víctimas. Esto a cambio de un porcentaje del dinero que recibirá el cliente: entre el 30% y 49%. Se trata de fraudes porque para la restitución y el resto de medidas que ordena la ley no se requiere un tramitador o un abogado.Los primeros casos se conocieron en el Valle, ¿por qué las víctimas de la región están más vulnerables?Tenemos conocimiento de casos en Cali, pero también en el Cauca. Yo creo que en todas las zonas de concentración de víctimas hay vulnerabilidad. Incluso después de que sometimos estos casos a denuncia, conocimos otros en Cesar y Magdalena. Entendemos que se trata de un fenómeno que se debe estar presentando a nivel nacional, sobre todo en zonas urbanas.¿Ya hay sanciones a estos abogados?Vamos a presentar las quejas ante el Consejo superior de la judicatura y la Fiscalía General de la Nación. Y si se llega a comprobar que ellos tuvieron la intención de engañar a las personas, se les removerá su tarjeta profesional.Estos engaños demuestran que se requiere una fuerte socialización de la Ley, pues las víctimas aún no tienen claro cómo acceder a la reparación...Es probable que estos fraudes se deban a que el proceso de socialización aún no ha empezado y por eso las personas son propensas a los engaños, pero también se debe a que hay abogados inescrupulosos que quieren hacer un su negocio a través de la vulnerabilidad y el desconocimiento de las víctimas. ¿Qué riesgos han identificado en el Valle para la aplicación de la ley, teniendo en cuenta que en casi toda la región hay presencia de grupos armados ilegales?El riesgo para las víctimas de esta zona y para todas las demás es que sean revictimizadas. Para eso se están estableciendo dos tipos de programas: uno de protección individual para los líderes que promuevan la reparación y otro colectivo para todas las personas que accedan a la restitución de tierras. La idea es que cuando un sector reciba una restitución de tierra, el Estado entre a protegerlo. El Valle es una zona muy golpeada por el conflicto armado, así como las comunidades étnicas de Cauca y Nariño. Por eso estamos en un proceso de concertación para que haya un decreto específico para las víctimas de esta población. Pero es claro que hasta el momento no existe esa protección, pues muchos líderes han sido amenazados e incluso asesinados...Lo que ocurre es que los lideres que promueven la restitución se concentran en las zonas urbanas y por eso se dice que hay una alta criminalidad en estos lugares. Lo que hemos identificado es que de la mano con la política de seguridad ciudadana vamos a brindar esquemas de protección que garanticen que dentro de los centros urbanos estas personas no corran el riesgo de ser asesinadas.Hasta el momento ha habido una baja participación de las víctimas en el proceso de Justicia y Paz, pues muchas temen por su seguridad, ¿no pasará lo mismo con la nueva ley?Precisamente por eso la información que se suministra al registro único de víctimas es confidencial. Además, se brindarán espacios reservados para que las personas declaren. También es cierto que no todos tienen que confesar que fueron víctimas para poder acceder a la ley, pues ya el Estado cuenta con un registro muy solido en materia de población desplazada, de minas antipersona, de violencia sexual. Es decir que, sólo deben registrarse aquellos que no aparecen en esos registros. La restitución de tierras enfrenta varios obstáculos, uno de ellos es que muchos bienes siguen en manos de narcotraficantes...El Estado va a recuperar esos bienes. Asimismo, los que están en extinción de dominio y que estaban en manos de la Dirección Nacional de Estupefacientes irán al fondo nacional de tierras para restituir. En el caso de los bienes urbanos o caletas se van a establecer unos porcentajes que aporten a la restitución de las tierras.¿Cómo se hará esa restitución en el Valle, teniendo en cuenta que en la región no hubo un despojo de tierras, sino un desplazamiento masivo debido a la violencia?Tenemos estimado que unos dos millones de hectáreas fueron despojadas y otros cuatro millones abandonadas por la violencia. Para estos casos, que se refieren al Valle, la constatación se hará a través de diversos mecanismos como el sistema de catastro e información. Lo claro es que la responsabilidad de demostrar que esas tierras fueron abandonadas por la violencia no recaerá en las víctimas. Usted siempre ha recordado la importancia de crear mecanismos de justicia transicional en el país, ¿cómo va ese proceso?Por ahora estamos evaluando el balance de Justicia y Paz. Llevamos seis años de aplicación y hay algunos obstáculos que se han identificado tanto por la rama judicial como por el Gobierno Nacional. Lo cierto es que si se llega a construir cualquier mecanismo de justicia transicional en el país tendrá que contar con todos los colombianos. Lograr esos mecanismos es una tarea difícil, debido a que el proceso de Justicia y Paz dejó en el país una sensación de impunidad...No podemos pretender que un grupo armado al margen de la ley se desmovilice a cambio de irse a la cárcel. Eso nunca ha pasado ni pasará en ninguna parte del mundo, pero tampoco ha ocurrido que tengan un indulto total. Se trata de lograr un equilibro. Por eso, al menos, los cabecillas han pagado por sus crímenes.En ese sentido, ¿cree que el Gobierno Nacional está cerca de lograr un equilibrio que le permita negociar con las guerrillas?Yo no sé si esta cerca o lejos. Lo que sí es cierto es que si no contamos con todos los mecanismos de justicia transicional, para cuando llegue el momento de un posible acuerdo el proceso tendría muchas trabas.

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