Nueva tutela intenta frenar la venta de Isagen

Nueva tutela intenta frenar la venta de Isagen

Junio 22, 2014 - 12:00 a.m. Por:
Elpais.com.co | Colprensa
Nueva tutela intenta frenar la venta de Isagen

El 29 de julio del 2013, el Gobierno Nacional anunció la venta de su participación en Isagen, la cual asciende al 57,66 por ciento de la compañía y tiene un valor aproximado de 4,5 billones de pesos.

La Red por la Justicia Tributaria en Colombia y Sintraisagen interpuseron una tutela en contra de un auto del Consejo de Estado que revocó la suspensión provisional de la venta.

Con una nueva tutela, la Red por la Justicia Tributaria en Colombia y Sintraisagen buscan poner freno a la venta de acciones de Isagen. Ambas asociaciones que conformaron el Comité por la Defensa de Isagen, interpusieron a través del abogado Enrique Daza, una tutela en contra de un auto del Consejo de Estado que revocó la suspensión provisional de la venta. En este proceso, cabe recordar, el Consejo de Estado inicialmente suspendió como medida cautelar el decreto 1609 de 2013 que autorizó la venta de acciones de la Nación en Isagen en marzo de este año. No obstante, en mayo, el Consejo de Estado revocó la decisión al resolver los recursos de súplica interpuestos por los Ministerios de Hacienda y de Minas. Ahora, el Comité por la Defensa de Isagen pretende con la tutela que se tumbe esta última decisión al considerar que la Corporación falló de fondo sobre el decreto en un auto que solo debía referirse a medidas cautelares. Según el Comité, con ese auto, el Consejo de Estado desconoció el derecho fundamental al debido proceso y al acceso a la administración de justicia. Así mismo, los accionantes manifestaron su preocupación por que el Gobierno nacional ha anunciado que ante la decisión del Consejo de Estado procederá con el cronograma de venta de la empresa. “(…) sin que se hayan resuelto las dos demandas que están en curso contra el decreto del Ministerio de Hacienda. Si se vende la empresa y la decisión judicial es en favor de los demandantes, el Estado incurriría en onerosos gastos por las indemnizaciones que tendría que pagar”, señaló el Comité.

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