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"Nuestra legislación privilegia la trampa": Contralor General

El contralor General de la República, Edgardo Maya Villazón, asegura que la legislación colombiana está casi diseñada para privilegiar la trampa, por eso cree que se debe recuperar el control de advertencia.

22 de enero de 2017 Por: Francy Elena Chagüendo | Reportera de El País

El contralor General de la República, Edgardo Maya Villazón, asegura que la  legislación  colombiana está casi diseñada para privilegiar la trampa, por eso cree que se debe recuperar el control de advertencia y unificar las 63 contralorías territoriales bajo una contraloría nacional.  Contralor, la gente tiene la impresión de que a los corruptos en Colombia no les pasa nada, ¿Eso es cierto? No hay duda de que el monstruo de la corrupción en Colombia es enorme y está en todos los sectores y en todas las regiones. Las elecciones de alcaldes y gobernadores tienen una fuerte incidencia en ello, porque todos saben que un gobernador de un departamento necesita $20.000 millones para salir elegido. A nadie le sorprende entonces un desfalco de $20.000 millones en la contratación en Casanare, por ejemplo. Eso lo vemos en toda la institucionalidad colombiana. Sin embargo hay señales positivas. En 2016 la  Contraloría General de la República recuperó $134.000 millones, cifra que en 2015 fue de $68.000 millones.  En 2016 se tramitaron 5341 procesos de responsabilidad fiscal por valor total de $12 billones. ¿La entidad ha estimado cuánto le cuesta la corrupción al país? La corrupción la hemos estimado en $40 billones o $50 billones, lo cual constituye un alto porcentaje del presupuesto de la Nación. Nuestra legislación está casi diseñada para privilegiar la trampa. Las campañas políticas cuestan mucho dinero. Son los contratistas privados los que hacen los grandes aportes a esas campañas, y recuperan su inversión al gozar del privilegio de la contratación. ¿Es necesario cambiar la forma en que se hace el control en Colombia, para tratar de evitar la corrupción? No hay duda que el despojo del control de advertencia por parte de la Corte Constitucional  fue un verdadero desacierto para el control fiscal. También somos partidarios del modelo que se ha denominado “pliego tipo”, es decir un solo pliego estándar para evitar los llamados “pliegos de sastrería”, que no es otra cosa que los procesos licitatorios que se hacen a la medida del contratista, es decir, que ya llevan un destinatario específico. ¿Estaría de acuerdo en que a los corruptos no les den beneficios, como casa por cárcel o similares? Sin duda hay que castigar con todo el rigor posible. Una gran preocupación a nivel disciplinario es el nuevo Código Único que actualmente es objeto de estudio en la Corte Constitucional. Reduce las sanciones y revoca automáticamente sanciones de destitución e inhabilidad de 15 años que ya se habían impuesto, algo muy grave. Ojalá la Corte analice este tema con mucho detalle. Es fundamental recuperar el control de advertencia y unificar las 63 contralorías territoriales bajo una Contraloría Nacional, para evitar la influencia política local. Esperamos que el Congreso y el país atiendan este llamado y fortalecer el control fiscal. ¿Podemos hablar de que hay regiones más corruptas que otras en Colombia? La corrupción es un mal que está “ahogando” a  todo el país, no podemos hablar de unas regiones más corruptas que otras. Este es un tema que tenemos que combatir todas las instituciones tanto las nacionales como las regionales. ¿Las denuncias de la Contraloría en qué quedan, por ejemplo, casos Reficar o regalías? Reficar es la empresa más grande que se ha desarrollado en Colombia. Un proyecto que costó US$8000 millones,  donde los sobrecostos alcanzaron los US$4000 millones. En este caso específico la Contraloría Delegada de Minas y Energía ya dio traslado a la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción de 23 hallazgos. Le estamos imprimiendo toda la celeridad a este caso. Hemos invertido todos los recursos legales de que disponemos para que se inicien los procesos de responsabilidad fiscal en este primer semestre de 2017. También encontramos $466.000 millones en hallazgos con presunta incidencia fiscal en el tema de la inversión de regalías durante los 2 años de mi administración. En los 32 departamentos hemos encontrado irregularidades. ¿Qué pueden esperar los colombianos para los próximos años en este tema? Desafortunadamente la corrupción es un tema estructural en Colombia, que ha impregnado todas nuestras instituciones a lo largo y ancho del país. Sectores como el de la salud pública, la alimentación escolar, la construcción de vías, de instalaciones educativas, todo el Estado colombiano. Desde la Guajira hasta Nariño y desde Valle hasta Vichada.Esto debilita nuestra democracia, lo cual se traduce en una alta abstención electoral como un rechazo de la sociedad. Quizás haya llegado el momento de aprovechar las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones para repensar cómo funciona nuestra democracia, que todavía opera a partir de urnas selladas, con tecnología que se inventaron en Atenas hace 2000 años.

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