"No se puede supeditar la salud a condiciones fiscales": Jaime Arias, director de Acemi

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Tras la aprobación de la ley estaturaria de salud en el Senado y su paso a la Cámara de Representantes, algunos voceros del sector de la salud expresaron su opinión sobre los puntos más polémicos de este proyecto.

"No se puede supeditar la salud a condiciones fiscales": Jaime Arias, director de Acemi

Junio 19, 2013 - 12:00 a.m. Por:
Elpais.com.co | Colprensa

Jaime Arias, director de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral – Acemi, quien celebró este proyecto de ley porque, según él “profundiza el derecho a la salud”.

Tras la aprobación de la ley estaturaria de salud en el Senado y su paso a la Cámara de Representantes, algunos voceros del sector de la salud expresaron su opinión sobre los puntos más polémicos de este proyecto.

Ante la aprobación de la ley estaturaria de reforma a la salud en el Senado y su paso a la Cámara de Representantes, algunos voceros del sector de la salud expresaron su opinión sobre los puntos más polémicos de este proyecto. Entre los que reaccionaron al tema estuvo Jaime Arias, director de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral, Acemi, quien celebró este proyecto de ley porque, según él “profundiza el derecho a la salud”, dado que se consagra como un derecho fundamental en sí mismo, y no condicionado al derecho a la vida. “Esto quiere decir que una persona no solo podrá reclamar su derecho a la salud cuando ésta amenace su vida sino como derecho fundamental en todo momento”, explicó. Por su parte, Juan Carlos Giraldo, director de la Agremiación de Hospitales y Clínicas, celebró la aprobación en el Senado, porque logra lo que según él es uno de los avances más importantes en el tema y es que el sistema de salud es único. “Esto significa que no habrá esa discriminación odiosa entre el regimen subsidiado y el contributivo”. Sin embargo, para ellos este proyecto tiene sus matices, especialmente por algunos puntos que han generado bastante polémica. Uno de estos fue el artículo número 8 del proyecto, que condiciona la prestación del servicio de salud por parte del Estado a la sostenibilidad fiscal. Es decir, que la atención que brinden las entidades que prestan este servicio dependerá de si existen los recursos para ello. En este sentido, Jaime Arias afirmó que esto puede ser bueno o no, en el sentido en que “si la Nación tiene los recursos fiscales para sostener todo el sistema de salud, esa sería una gran noticia para los colombianos”. Sin embargo, en caso de que no sea así y el Ministerio de Hacienda determine que no se pueden asignar recursos a ello, se podría desatar una crisis en el sistema. Agregó que con este esquema hay que tener mucho cuidado porque “a este paso, esto nos conducirá a que el 'Superministro de Salud' sea el Ministro de Hacienda”. Con él estuvo de acuerdo Juan Carlos Giraldo quien afirmó que “la idea es que no se subordinara el derecho a la salud a la restricción fiscal”. En este sentido, si este punto es aprobado por la Cámara, “esperamos que la Corte Constitucional proteja al ciudadano y le recuerde a muchos funcionarios que estamos en un Estado Social de Derecho y por eso una cosa no puede subordinar a la otra”. Giraldo además recordó que desde hace 20 años que entró en vigencia la ley 100, las EPS en Colombia se dedicaron a racionar los servicios. “A racionar, no a racionalizar”, enfatizó, agregando que “en este momento hay que entender que no se puede racionar más y que es hora de dar lo que se necesita”. Otro punto que suscitó polémica fue la mención, en el artículo 10 del proyecto, a unas “contribuciones solidarias” que tendrían que hacer los usuarios del sistema. El tema fue cuestionado por algunos sectores ya que se entiende como una forma de copago, es decir que aportan tanto el Estado como los usuarios. Un vocero no oficial de una de las EPS más reconocidas del país cuestionó este mecanismo ya que, según él “si se va a manejar el copago, esto no va a ser un derecho público y no tendría sentido la eventual desaparición de las EPS que vendría con la promulgación de la ley ordinaria”. Sin embargo, Jaime Arias, de Acemi, contradijo estas aseveraciones diciendo que este mecanismo sería muy bueno porque le daría sostenibilidad fiscal al sistema y, según él, “es algo que se cobra en casi todos los países del mundo”. Aclaró que, “por supuesto esto es algo que se condicionaría al poder adquisitivo de las personas”. Finalmente, un punto que había generado polémica al principio pero que luego se resolvió fue el que intentaba poner límites a lo que se podría conseguir por medio de la tutela. Inicialmente se pretendía que la acción de tutela, que busca reclamar el respeto los derechos fundamentales y que ha sido tan usada desde la promulgación de la Constitución de 1991 para solicitar los tratamientos que las EPS niegan, no pudiera volver a ser usada para estos fines, argumentando la sostenibilidad fiscal del sistema. Sin embargo, este punto fue retirado del proyecto por el Senado con lo que el derecho a la acción de tutela se mantendrá. Juan Carlos Giraldo celebró esto y afirmó que “nosotros desde el inicio sabíamos que había lineas rojas que no se podían cruzar y la primera de ellas es que la tutela no se podía tocar”. El director de Acemi Jaime Arias se unió a la voz de Giraldo diciendo que “por más que esto sea duro para los agentes del sistema, es necesario que haya mecanismos que garanticen el respeto a los derechos fundamentales”.

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