"No queremos pañitos de agua tibia contra la pobreza": Directora para la Prosperidad Social

"No queremos pañitos de agua tibia contra la pobreza": Directora para la Prosperidad Social

Diciembre 15, 2014 - 12:00 a.m. Por:
Alfredo García Sierra | El País.

Tatyana Orozco, directora del Departamento para la Prosperidad Social, DPS.

Tatyana Orozco, directora del Departamento para la Prosperidad Social, DPS, dice que el Gobierno buscará reforzar alianzas con los empresarios.

Para muchos analistas, el Departamento para la Prosperidad Social, DPS, nació más por afanes políticos y no para combatir efectivamente la pobreza en Colombia. Sin embargo, tres millones de familias reciben hoy un subsidio monetario, al cual se le califica como un modelo asistencialista, aunque el Gobierno recalca que con tales aportes ha complementado el ingreso de muchos hogares pobres, al incluirlos además en programas de salud y educación gratuita. Frente a todo ello, la directora de la entidad, Tatyana Orozco, señala que esos esfuerzos han sido importantes, pero falta más vinculación del empresariado en la lucha contra la desigualdad social. En el 2014, ¿qué tanto avanzó Colombia en la lucha contra la pobreza y la desigualdad?Fue un buen año para el Departamento para la Prosperidad Social porque se lograron consolidar varios procesos. Uno de ellos fue contar con la herramienta Mapa Social que busca articular las necesidades de la población frente a las ofertas que brindan los programas tanto públicos como privados. Esa herramienta sirve también para invertir mejor los recursos del Estado. Logramos promover a 200.000 familias dentro del programa Familias en Acción, cuyo puntaje en el Sisbén es mucho más alto, lo cual significa que estas personas están evolucionando, es decir, teniendo mejores condiciones de vida. Por eso, en los cuatro años del primer Gobierno del presidente Santos han salido 3,6 millones de personas de la pobreza y 2,1 millones de la pobreza extrema. Pese a ello, ¿por qué algunos analistas dicen que las cifras oficiales sobre pobreza no están ceñidas a la realidad, sobre todo en el campo?Sabemos que el gran reto es sacar a otras 14 millones de personas de esa condición socio-económica. Por eso tenemos que seguir trabajando para que en los próximos diez años no exista la pobreza extrema en Colombia. Y con base en esta tónica, el DPS tendrá un enfoque muy rural en los próximos años, y por ello nos estamos articulando muy bien con el Ministerio de Agricultura para tener un mayor impacto en las zonas donde vamos a intervenir. Y uno de esos programas es el de las transferencias monetarias condicionadas, que es un nombre muy sofisticado, pero que no son otra cosa que dineros para que los núcleos familiares cumplan unas metas. En otras palabras, tener más Familias en Acción y Jóvenes en Acción. ¿Pero entregar dinero no es asistencialismo, un modelo que en muchos países ha sido muy criticado?No, y depende de cómo se mire. Por ejemplo, en Familias en Acción esos recursos se condicionan a dichos hogares para que lleven a sus hijos al médico y al colegio. Tanto es este avance en muchos sitios del país, que los menores que van a la escuela son ahora dos centímetros más altos frente a otros, ya que sus padres cuentan con incentivos monetarios para alimentarlos mejor. En el caso de los jóvenes son $200.000 mensuales que se entregan a quienes estudian en el Sena y universidades públicas para ayudarles con el transporte, las fotocopias y los libros. En ese sentido ya firmamos un convenio con la Universidad del Valle para que los estudiantes de menores recursos tengan acceso a este programa, algo que antes no se podía. El único requisito es que tengan buenas notas y no dejen de estudiar. Ese modelo, dicen los expertos, evita que la gente se formalice cuando tiene actividad laboral. ¿Qué tan cierta es esa apreciación?Frente al programa Familias en Acción existen muchos mitos. Una persona recibe $150.000 al mes lo cual no alcanza para que un hogar viva de ese dinero, pero es un complemento al ingreso y tiene un componente de beneficios en educación y salud, en especial para los niños. Se asegura que algunas empleadas domésticas no quieren afiliarse a ninguna EPS, ya que tienen Sisbén y temen perder los beneficios del Estado. Sin embargo, la verdad es que cuando alguien ingresa al régimen contributivo en salud, es decir, que se formaliza, no los pierde. Creo que en esa orientación hemos fallado como Gobierno. En el Valle del Cauca, ¿cuántos son los beneficiados?Tenemos en este departamento 185.000 familias en acción y 9000 jóvenes que están recibiendo los recursos del Gobierno. Y dentro de ese rol hemos venido promoviendo un programa de capacitación de hogares para se puedan alimentar mejor, todo ello complementado con unas granjas caseras para que la gente tenga autoconsumo de verduras y hortalizas. Este programa opera tanto en zonas rurales como urbanas, y hasta el momento los resultados son positivos. En el Valle son 8000 las familias que pertenecen a este programa, más unas 1000 familias indígenas, éstas últimas en un plan llamado Iraca, en el que les brindamos asesoría para que monten sus propios negocios y regresen a sus territorios. Las inversiones en todos estos programas ascienden a $500.000 millones en el Valle del Cauca. Con base en esas cifras, y teniendo en cuenta el ‘apretón’ en las entidades del Estado, ¿cuál es el presupuesto del DPS para el 2015?Hoy, el presupuesto del DPS es de $3,3 billones y para el 2015 por ahora estamos revisando las cifras y evaluando los procesos de regionalización.Muchos colombianos se quejan de que falta más compromiso empresarial frente a los programas para combatir la pobreza. ¿Por qué el Gobierno se ha tardado tanto en impulsar esa tarea? Tenemos actualmente con los empresarios unas alianzas muy interesantes, sin embargo, todavía contamos con pocas. Y las que existen son de especial trascendencia, y entre ellas resalto las que se han firmado con Pavco y Cemex para mejorar las condiciones de vivienda de las comunidades más pobres. Con base en todo eso, tenemos a la fecha 27 alianzas con los empresarios, y para el 2015 esperamos contar con más de 100. Y a través del convenio firmado con la Asociación Nacional de Empresarios, Andi, se busca que 1100 compañías hacia finales del 2015 hayan incluido su información en el Mapa Social.¿En qué consiste el índice de inversión social?Con ese índice buscamos que los convenios que adelantamos con el sector privado tengan verdadero impacto social, y que no sean pañitos de agua tibia para un problema tan grande como es el de la pobreza y la desigualdad. Diseñamos con el Banco Mundial este índice que medirá esos logros. Hay gente que piensa que haciendo cualquier cosa ya está contribuyendo, y lo que buscamos es con cifras e información se brinden soluciones reales a la población.

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