Ministerio de Salud y Contraloría chocan por caso EPS Coomeva

Ministerio de Salud y Contraloría chocan por caso EPS Coomeva

Febrero 27, 2014 - 12:00 a.m. Por:
La República | Colprensa.

El embargo de las cuentas bancarias de Coomeva EPS por $140.000 millones, no solo desató un nuevo capítulo de la crisis del sector, sino que también dejó ver las diferencias que existen entre la Contraloría y el Ministerio de Salud.

El embargo de las cuentas bancarias de la Promotora de Salud Coomeva EPS por $140.000 millones, no solo desató un nuevo capítulo de la crisis del sector sino que también dejó ver las fuertes diferencias que existen entre la Contraloría General de la República y el Ministerio de Salud. Al ministro, Alejandro Gaviria, le preocupa la decisión del ente de control. De hecho, cuestionó la drástica medida sobre la segunda EPS más grande del país, la cual, a su juicio, no tuvo en cuenta el impacto a la población. “En este tipo de medidas que propenden por salvaguardar los recursos públicos, es muy importante pensar primero en la gente, en el derecho fundamental a la salud, porque no se puede afectar la prestación de los servicios a tres millones de afiliados”, dijo. En respuesta, la contralora Sandra Morelli, dijo que el fin de la medida cautelar es precisamente “garantizar el derecho a la salud y la vida” y aseguró que es su deber garantizar que los dineros públicos no se desvíen a otras finalidades. Agregó que las medidas que tome la Contraloría no serán un obstáculo “para que todos los colombianos tengan derecho a que los atiendan oportuna y adecuadamente”. Sin embargo, según una fuente del ente de control, que pidió reserva de su nombre debido a la vigencia de la investigación, este hallazgo podría ser la punta del iceberg, pues presuntamente hubo apalancamiento de recursos de la salud sobre otras empresas del Grupo Coomeva. La presunta destinación indebida de la parafiscalidad, que está hoy en el centro del debate, corresponde a hechos que sucedieron en 2008. Al respecto, el gerente general de Coomeva para el sector salud, Gilberto Quinche Toro, indicó que hasta el momento no existe auto de imputación de responsabilidad fiscal y aseguró que la firma colaborará en la investigación “ofreciendo dentro del proceso las explicaciones para demostrar la conveniencia del convenio celebrado para sus afiliados y para el sistema de salud en general”. También negó que los recursos involucrados en esa operación se destinaran a fines distintos a la prestación de servicios de salud de los afiliados. La República intentó hablar del caso con el superintendente de Salud, Gustavo Enrique Morales, pero prefirió guardar silencio. Sin embargo, es deber del ente vigilar que las entidades prestadoras del servicio cumplan con las normas que regulan el Sistema General de Seguridad Social en Salud, por lo que de comprobarse las irregularidades, está en la obligación de colocar una sanción adicional. Jaime Arias Ramírez, presidente de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), calificó el embargo como una medida extrema aunque fue enfático en que la respetan. “Una empresa que tenga las cuentas confiscadas tendrá problemas para responder con sus obligaciones”, aseguró. Es por ello que Coomeva estaría solicitando con caución una póliza para que la medida no impacte en la prestación de los servicio. Al cierre de esta edición no había dado inicio una reunión que este diario conoció se llevaría a cabo entre la vicecontralora general, Ligia Borrero, y el gerente general de Coomeva para el sector salud, Gilberto Quinche Toro. Crisis financiera del sector El sistema de salud colombiano está hoy desfinanciado, así lo han advertido varios actores de la cadena preocupados por la incapacidad de resolver las exigencias que demanda el sector desde 2005 cuando entró en crisis. La Superintendencia de Salud estima que la deuda del sector puede ascender a $3 billones en el sistema contributivo y a $6 billones en el caso del subsidiado. El presidente de Acemi, Jaime Arias, dijo que se necesita una inyección anual de $10 billones adicionales para cumplirle a la gente con un plan de beneficios.

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