La Superindustria destapa presunto cartel de los tubos de concreto para alcantarillado

La SIC (Superintendencia de Industria y Comercio) formuló pliego de cargos contra tres compañías por presunta cartelización empresarial en el mercado de los tubos de concreto para alcantarillado.

Entre las empresas señaladas aparece American Pipe and Construction International (sucursal de sociedad extranjera), considerada una de las más grandes del mundo.

Asimismo, Manufacturas de Cemento (Titán) y Prefabricados de Concreto Tubox y 7 personas naturales vinculadas con estas empresas, informó Pablo Felipe Robledo, superintendente de Industria y Comercio.

Según la SIC, establecieron de manera concertada los precios para la tubería de concreto para alcantarillado y la repartición del mercado (clientes).

En el pliego de cargos, la Superindustria informó que en forma coordinada y concertada las empresas habrían identificado los potenciales compradores de tubería de concreto para alcantarillado ubicados en Bogotá y sus alrededores, con el fin de distribuirse los clientes y coordinar los precios a los cuales las empresas presuntamente cartelizadas deberían cotizar y vender la tubería de concreto, incluyendo la fijación de los porcentajes de descuento.

Dentro de las pruebas que tiene la Superintendencia de Industria y Comercio reposan declaraciones, correos electrónicos, citaciones a reuniones y archivos digitales que darían cuenta de la forma como se ejecutó el presunto cartel empresarial.

De igual manera, la SIC conoció los lugares (clubes sociales) en donde se hacían las reuniones de estructuración, seguimiento y ejecución del acuerdo anticompetitivo y la forma en que los altos ejecutivos habrían pactado eliminar el rastro de su conducta dejando de usar los correos electrónicos institucionales y utilizando servicios de mensajería instantánea no convencionales.

Las tres empresas a las que se les formuló pliego de cargos habrían tenido ventas en el mercado colombiano de tubos de concreto para alcantarillado por un valor superior a los $250.000 millones durante el período investigado, que fue por más de una década, entre 2004 y 2014.

En el evento en que el proceso al terminar declare que existió violación de las normas de la libre competencia económica, la Superintendencia puede imponer las siguientes multas:

A las personas jurídicas que infrinjan las disposiciones de prácticas restrictivas de la competencia, hasta $73.771 millones.

Las posibles sanciones
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A las personas naturales que actúan en representación de quienes infrinjan las disposiciones de competencia legal, la multa es hasta 2000 salarios mìnimos legales, equivalentes a $1.475 millones por cada infracción.

La SIC firmó con una de las empresas investigadas, el respectivo Convenio de Beneficios por Colaboración, habida cuenta de que dicha empresa delató la existencia del cartel y aportó las pruebas que tenía en su poder con las que se acreditaría su participación en el presunto acuerdo anticompetitivo.