La Ley de Insolvencia entre la estrecha línea de la salvación y los abusos

Febrero 15, 2015 - 12:00 a.m. Por:
Redacción de El País
La Ley de Insolvencia entre la estrecha línea de la salvación y los abusos

El reciente caso del Edificio Vida en Cali, que entró al amparo de la Ley de Insolvencia (Ley 1116 del 2006).

Cada año decenas de empresas y ciudadanos acuden a esta figura, que fue creada para ser una ayuda, pero algunas personas están abusando de la misma.

El reciente caso del Edificio Vida en Cali, que tiene a 120 acreedores en dificultades porque dicha empresa no les pagó, y ahora entró al amparo de la Ley de Insolvencia (Ley 1116 del 2006), puso sobre el tapete el debate sobre si esa protección está siendo motivo de abusos por parte de algunas personas.El propio superintendente de Sociedades Francisco Reyes afirma que “la ley ha sido positiva”, pero admite que es necesaria una reforma para dotar de más dientes a la institución en materia sancionatoria para disuadir a quienes acuden a maniobras para incumplir y dejar al garete a muchas compañías.Cabe recordar, que la Ley 1116 sustituyó a la Ley 550, que rigió hasta el 2006 y sirvió como salvavidas para las empresas. La norma acorta los tiempos de negociación entre deudores y acreedores y es más ágil a la hora de liquidar una sociedad por la vía judicial. Hasta el momento esa norma ha permitido a decenas de compañías salir de sus afugias económicas. Entre el 2007 y el 30 de enero del 2015, un total de 1053 empresas han acudido a dicho amparo, de los cuales 520 procesos han sido autorizados y 206 finalizados con éxito. A la fecha alrededor de 300 firmas aún renegocian pasivos con sus acreedores (proveedores, empleados, bancos, y la Dian) con el apoyo de la Superintendencia de Sociedades.A decir del abogado caleño, Mario Jinete, “es clave que no solo se fortalezca a la Supersociedades, sino que haya un papel más activo de la Fiscalía General para que se pueda denunciar a quienes acuden a mecanismos sofisticados para manipular balances contables y cometer fraudes”. Igual sucede con las personas naturales, que tienen un régimen aparte, ya que tales beneficios no son para fomentar la cultura del no pago. La Ley no es refugio para que las empresas no paguen A pesar de que la Ley 1116 es rigurosa en los requisitos para acceder a sus beneficios, algunas empresas han buscado hacerle el quite a las deudas acudiendo a dicha figura.Por ello, el año pasado de 177 solicitudes de empresas ante la Supersociedades para ingresar a ese amparo legal, 90 fueron rechazadas tras comprobarse que no había un propósito real para su recuperación como unidades de explotación económica. Las cifras contables que presentaron esas compañías, los ingresos, las proyecciones de su flujo de caja, más la capacidad de generar dinero para pagar las deudas no correspondían a las fórmulas presentadas como mecanismo de reestructuración del negocio. La Supersociedades pudo establecer indicios de que el pedido de esta protección legal no obedecía al interés de reactivar las compañías, sino a la intención de frenar los procesos ejecutivos que cursaban a la fecha contra los deudores.Frente a la supuesta mala fe de tales personas y empresarios, el superintendente Francisco Reyes, responde que “la ley no es un refugio para evitar el pago de las obligaciones por parte de las empresas, ni un mecanismo para intentar fraudulentamente reducir la exposición al riesgo (del deudor) frente a sus obligaciones y demandas ejecutivas en su contra”. Es un sistema, anotó, para empresarios de buena fe que caen en una situación o coyuntura desafortunada de iliquidez, de forma generalmente temporal, que les hace cesar el pago de sus obligaciones, y que bajo la protección de la Ley 1116 logran un alivio a partir de los aumentos en los plazos para cubrir sus pasivos, y otras medidas que permiten rehabilitar sus compañías”. Sin embargo, Reyes anota que es inevitable que situaciones irregulares se presenten, ya que el fraude existe en toda clase de negocios. Pese a ello, dice que es tal la seriedad con la que se afrontan estos procesos, que la idea es evitar que haya fraude a los acreedores, traslado de activos y la creación de cuentas internas entre los accionistas de una compañía para hacerlas valer frente al resto de los acreedores externos que tienen un derecho preferencial. En otras palabras, prevenir las llamadas quiebras hacia adentro. En el Valle del Cauca de acuerdo con las estadísticas oficiales se han tramitado 165 procesos de reorganización empresarial (bajo la Ley 1116), de los cuales hay 17 en validación judicial. Con el objeto de blindar más este tipo de procesos, en marzo se presentará un proyecto de ley ante el Congreso de la República para elevar las multas hasta los 100.000 salarios mensuales vigentes ($65.000 millones) contra empresas cuyas actuaciones impliquen un riesgo para el conglomerado económico. Y para las personas naturales hasta por 2000 salarios mínimos ($1328 millones).Frente a ese panorama, el experto en valoración de empresas, Herman Stangl afirma que “es necesario que los empresarios tomen conciencia, pero con honestidad sobre la importancia de la Ley 1116, pero que la acojan a tiempo y reestructuren sus pasivos. Es decir, cuando las alarmas están encendidas”. En su concepto, la mayoría de las crisis de las compañías ocurren por una mala gerencia basada en las utilidades y no en los flujos de caja, que finalmente son el soporte básico de una empresa.Cómo opera la insolvencia de personas naturales no comerciantes La insolvencia para personas naturales no comerciantes se ampara en el nuevo Código General del Proceso en sus artículos 531 a 576 y en la Ley 1564.El ponente de esa ley, Simón Gaviria, dijo en su momento que la intención era permitir que unos diez millones de colombianos endeudados se pongan al día en créditos de todo tipo, evitando así el embargo de sus bienes e ingresos. La persona puede iniciar el proceso con un abogado que lo apodere ante una Notaría o un Centro de Conciliación autorizado por el Ministerio de Justicia. El ciudadano podrá liquidar su patrimonio, entregar bienes, negociar pasivos y recuperar su buen nombre en las centrales de riesgo en cuatro o cinco años, como si hubiera pagado. E incluso puede volver a comprar activos y los acreedores insatisfechos no podrán perseguirlos aún después de que es admitido en liquidación patrimonial.La norma en este caso es flexible, porque no hay necesidad de presentar balances contables ya que el trámite del proceso se basa en la buena fe del deudor, señala el reconocido abogado, Mario Jinete.Sin embargo, Jinete pone de presente que cuando una persona natural miente en sus obligaciones e intenta defraudar a sus acreedores, el abogado que lo apodera puede retirarse del proceso, pues “no se puede casar con las trampas del cliente”. En este sentido señala que solo entre el 1% y el 2% de los procesos de personas naturales se ha detectado mala fe o un intento de abuso por parte del deudor. E incluso la persona podría ir a prisión si llega a comprobarse fraude, fingir separación de la sociedad conyugal, transferir bienes seis meses antes del proceso, o entregar datos que hagan inducir a error al conciliador o al juez. Para evitar el abuso de la figura, un deudor no podrá solicitar el inicio de un nuevo trámite de negociación de pasivos sino hasta después de transcurridos seis años a partir del cumplimiento del acuerdo anterior. Hasta el momento unas 500 familias en Cali han podido beneficiarse de los alcances de esta norma.Y como una forma de ampliar ese beneficio a la comunidad este año la Cámara de Comercio de Cali prevé abrir este servicio a personas naturales en su Centro de Conciliación. “La idea es que una vez que el Minjusticia lo apruebe, más caleños podrán acudir a la Ley de Insolvencia de persona natural, y solucionar sus deudas”, dice Juliana Giraldo, directora del Centro de Conciliación. El centro tendrá una planta permanente de entre 30 y 40 conciliadores.

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