Investigan a 529 empresas por líos en contratos públicos

El superintendente, Pablo Felipe Robledo, insiste en debate para llevar a la cárcel a responsables de cartelización.

Por incurrir en conductas anticompetitivas y presuntos fraudes en diferentes licitaciones públicas 529 empresas están siendo investigadas por la Superintendencia de Industria y Comercio, SIC, reveló en Cartagena el jefe de esa dependencia, Pablo Felipe Robledo.

En tales procesos, indicó, están comprometidos recursos por $3,2 billones del presupuesto nacional, y se espera que pronto haya decisiones en torno a esas indagaciones, las que dijo, “deben ser una prioridad para el país y sobre todo en el respeto a la libre competencia”.

Frente a lo que está ocurriendo exhortó a los organismos del Estado a estar alertas desde que se comienzan a diseñar los pliegos de contratación. “Deben dejar de ser pliegos tipo sastre, es decir, diseñados a la medida de los contratistas, pues los empresarios no pueden seguir en carruseles en los procesos licitatorios”.

Robledo, quien intervino al cierre del Congreso Nacional de Infraestructura, recalcó que ese tipo de prácticas atentan contra la libre competencia, y son sinónimo de corrupción.

Hacia la cárcel

Frente a esta problemática, el Superintendente pidió reabrir el debate en Colombia acerca de la importancia sobre si es factible o no establecer penas privativas de la libertad a quienes incurran en actos de cartelización empresarial.

Esa discusión, explicó, está dada sobre qué se debe hacer con las cartelizaciones por fuera de las licitaciones públicas, “ya que esta práctica, además de generar fuertes sanciones económicas, ya está tipificada como delito, desde la expedición del Estatuto Anticorrupción desde los inicios del actual Gobierno”.

Frente a ello, María Margarita Zuleta, directora de la Agencia Nacional de Contratación Estatal, señaló que “este tipo de cartelizaciones en las licitaciones oficiales le hacen un gran daño al presupuesto de la Nación”.

Esas prácticas, enfatizó, hace que competidores pequeños no puedan participar en las licitaciones estatales, sino que implica un sobrecosto para los ciudadanos”.

Llamado a los gremios

El tema de llevar a la cárcel a los empresarios ha sido cuestionado por algunos gremios, ya que consideran que Colombia no está aún preparada en ese campo.

Al respecto, Robledo les pidió que se “den una vuelta por algunos países del mundo, y de la propia región, para que se enteren de ese tipo de castigos”.

Aclaró que “yo no he propuesto cárcel para los empresarios que se cartelizan, sino que Colombia debe dar el debate de cómo sancionar ese tipo de carteles, como hoy ocurre, o si vamos a hacer lo que otras naciones aplican, en otras palabras, sanciones adicionales”, entre ellas la privación de la libertad de los responsables de esas conductas.

Es necesario, añadió, que se estudie la posibilidad de que una empresa sancionada en una licitación pública quede inhabilitada por cinco años para seguir contratando con el Estado.

Otra discusión es la de qué hacer con altos funcionarios o directivos de esas compañías, ya que pese el haber sido sancionados, siguen en sus cargos, cuando deberían haber sido separados de los mismos, evitando de paso que migren a otras empresas.