"Impuesto sí bajará el consumo de bebidas azucaradas": Minsalud

El ministro de Salud, Alejandro Gaviria, dice que la reducción en el consumo sería del 23% en el país. Defiende la reforma tributaria.

[[nid:397828;http://contenidos.elpais.com.co/elpais/sites/default/files/imagecache/563x/2015/02/gaviria_0.jpg;full;{Alejandro Gaviria, ministro de Salud. Foto: Elpais.com.co | Colprensa}]]

La primera voz pública en pedir un impuesto en Colombia a las bebidas azucaradas fue el ministro de Salud, Alejandro Gaviria Uribe. Por eso no es extraño que hoy sea uno de los principales defensores de la reforma tributaria que acogió esa idea, proponiendo un gravamen de $300 por litro a los consumidores. Lea también: Las razones de la Andi para decir No al impuesto a bebidas azucaradas

 Ante la polémica que ha generado la iniciativa, el ministro Gaviria la defiende con argumentos: dice que no hay evidencia suficiente para asegurar que una medida similar no fue efectiva en México.

Calcula que en Colombia habrá un descenso en el consumo de estas bebidas hasta un 23 % y sostiene que eso generará una mejora entre las poblaciones afectadas por obesidad, diabetes, enfermedades cardiovasculares y neoplasias asociadas y advierte de los problemas para adelantar la discusión debido a la cercanía de grupos económicos y medios de comunicación.

 Con igual vehemencia defiende el aumento del impuesto al consumo de cigarrillo y, en general, a toda la reforma tributaria, de la que cree beneficiará a los colombianos más pobres. 

  Usted ha planteado la importancia de los llamados ‘impuestos saludables’ para garantizar la viabilidad de la Ley Estatutaria de Salud. ¿En qué consiste ese refuerzo de recursos?

  El recaudo estimado estaría cercano a los $1,5 billones. Estos recursos son fundamentales para afrontar los retos planteados no solo por la Ley Estatutaria sino también por el envejecimiento de la población y la presión tecnológica.

Hace diez años un tratamiento típico para el cáncer de colon, por ejemplo, costaba tres millones anuales. Hoy puede costar $30 millones. Los sistemas de salud enfrentan problemas de sostenibilidad en todo el mundo. Sin mayores recursos nuestro sistema no es viable.

 Ese dinero que llegaría, ¿qué significaría para los usuarios?

 Significaría la oportunidad de acceder a nuevos tratamientos con oportunidad e integralidad; eso es precisamente lo que plantea la Ley Estatutaria. Por coherencia, uno no puede aspirar a más y pensar que va a pagar con lo mismo. 

Si se aprueba la reforma, ¿los recursos adicionales garantizarán la aplicación íntegra de la Ley Estatutaria, o habrá que buscar dineros en otras fuentes?

 Los recursos adicionales son apenas una parte de la historia. Hemos planteado que, al mismo tiempo, se requiere de más y mayores controles de precios, más competencia en los mercados farmacéuticos y un nuevo modelo de atención, con un énfasis en los primeros niveles de atención, la gestión de riesgo y la prevención. 

 ¿Cómo se manejarían esos recursos inyectados al sistema de salud, dada la condición de destinación específica que se les contempla en la reforma?

 Los recursos irían en su totalidad a un fondo que acumula los ingresos de todas las fuentes que financian la salud: el actual Fosyga. Hemos seguido estrictamente la recomendación de la OMS, que respalda los impuestos saludables y señala que deben tener destinación específica para la salud. 

 Hay una polémica muy fuerte por el impuesto propuesto para las bebidas azucaradas, usted fue el primero que planteó esa discusión en el país. ¿Quedó satisfecho por la forma como quedó en el proyecto de reforma?

 Sí, estoy satisfecho. La reforma recoge las recomendaciones de los expertos mundiales. Cabe señalar, que hemos tenido respaldo de académicos y expertos en salud pública de todo el mundo. 

Pero, desde el punto de vista de salud, ¿por qué poner un impuesto a las bebidas azucaradas y no a otras bebidas o alimentos igual o más perjudiciales como las grasas saturadas o azúcares en otras formas?

 La opinión de los expertos es clara. El exceso en el consumo de azúcar es el mayor causante de la obesidad y de enfermedades relacionadas.

Las bebidas azucaradas son fuente de calorías “vacías”, sin ningún aporte nutricional. En Colombia las bebidas azucaradas son causantes de 13 % de la mortalidad por diabetes, de 5 % de la mortalidad por enfermedades cardiovasculares y de 1 % de la mortalidad por neoplasias asociadas. Dos gaseosas al día incrementan el riesgo de tener diabetes en 100 %.   Se ha citado el ejemplo de México, en la aplicación de este impuesto. Algunos dicen que en ese país no disminuyó el índice de obesidad. ¿Eso es cierto? Todavía no se cuenta con evidencia definitiva. Pero el consumo sí disminuyó y sigue disminuyendo. Nuestros estimativos sugieren que un impuesto de 20 % podría disminuir el consumo hasta en 23 %. La disminución del consumo se daría sobre todo entre quienes consumen tres o más bebidas al día, precisamente la población con mayor riesgo de sufrir esas enfermedades.   Es fácil entender la lógica tras el impuesto al cigarrillo. Aceptado eso, ¿no le parece un impuesto que afectará más a los estratos más bajos, en donde hay más consumo?  Puede que el impuesto sea regresivo, pero son más regresivos el cáncer de pulmón y las enfermedades asociadas al tabaquismo.   Otros impuestos incluidos en el proyecto de reforma, los llamados ‘verdes’ a los combustibles fósiles, ¿podrían también tener alguna incidencia en salud pública?  Sí, podrían mejor la calidad del aire y por esta vía contribuir a la salud pública.   ¿Cree que hay ambiente en el Congreso para que se acepten estos impuestos, pese a los intereses que afecta, de grandes emporios económicos?  La economía política de este impuesto es compleja. Los costos están muy concentrados, los beneficios son más difusos, más invisibles, y están distribuidos entre millones de personas. Eso siempre complica las cosas. En Colombia, además, existe una fuerte conexión entre los grupos económicos y los grandes medios que dificultan aún más el debate. Pero esperamos que la evidencia y los argumentos prevalezcan.   Más allá del impacto en salud pública, y considerando la reforma como una estrategia integral, ¿cree que beneficia a las clases más pobres del país, pese al impacto que tendrá sobre productos básicos de consumo, por el incremento del IVA del 16% al 19%?  La reforma protege la estabilidad macroeconómica, garantiza el financiamiento de los programas sociales e incentiva el crecimiento. Por lo tanto, debe beneficiar a las clases más pobres. Sin estabilidad, sin gasto social y sin crecimiento, son los pobres quienes más sufrirían.