“Falta un mayor compromiso de alcaldes en proteger al consumidor”: superintendente de Industria

“Falta un mayor compromiso de alcaldes en proteger al consumidor”: superintendente de Industria

Marzo 05, 2014 - 12:00 a.m. Por:
Alfredo García Sierra | Reportero de El País
“Falta un mayor compromiso de alcaldes en proteger al consumidor”: superintendente de Industria

El superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo.

El superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo, dice que el Estatuto del Consumidor les dio la facultad a los alcaldes de aplicar sanciones.

Aunque el año pasado la Superintendencia de Industria y Comercio, SIC, aplicó multas y sanciones por $217.000 millones, una cifra jamás lograda en el país, en desarrollo de las políticas de protección al consumidor, el papel de muchos alcaldes se ha quedado corto para colaborar en este campo.Según el superintendente, Pablo Felipe Robledo, el Estatuto del Consumidor brindó herramientas más eficaces para frenar los abusos por parte de empresas y comercios, pero aún así a las autoridades locales les ha faltado mayor vinculación a los programas de vigilancia y control para hacer valer los derechos de las personas a la hora de comprar bienes y servicios.¿Los colombianos están utilizando el Estatuto del Consumidor que rige hace dos años para defender sus derechos frente a los abusos y sobreprecios en bienes y servicios?Creo que hay mucho camino por recorrer. Pero sin lugar a dudas hemos avanzado mucho en dos aspectos. El primero, en haber logrado una nueva legislación, que es el Estatuto, una de las leyes más modernas que hay en el mundo. Y por otro lado, también se han logrado respuestas institucionales como la Superintendencia que contribuye a que ese consumidor tenga ahora más confianza en las entidades del Estado que están dispuestas a protegerlo. Esa legislación establece una capacidad sancionatoria importante que busca frenar abusos y cosas irregulares que se encuentran en el mercado contando con la colaboración de la misma ciudadanía. Estamos mejor que antes.¿Estaba dormida antes esa entidad para cumplir con ese papel?A la Superintendencia le han pasado cuatro cosas provechosas en los últimos años. La primera, es que durante este Gobierno se le triplicó el presupuesto a la entidad, al pasar de $38.000 millones a $121.000 millones anuales. En segundo lugar, la fuerza de trabajo se mejoró. De tener 400 funcionarios en el 2011, ahora contamos con 800. Y lo tercero es que ya contamos con una nueva ley de competencia (Ley 1340 del 2009) bajo la cual se fallan las investigaciones por conductas posteriores al año 2009. Eso explica las sanciones importantes que hemos impuesto como la del caso de Claro, que fue por $87.000 millones. Y por último, quien violaba antes las normas de libre competencia la máxima sanción eran $1000 millones por cada infracción. Hoy son $60.000 millones por cada una. Siendo así, ¿cuánto sumaron esas multas y sanciones en el 2013?En el 2009, para no ir más lejos, la Superintendencia aplicó multas por $7200 millones, mientras el año pasado impusimos sanciones por $217.000 millones. Por eso, la Superintendencia es hoy más distinta a la del pasado, no por que antes faltaran ganas, ni porque no hubiera buenos superintendentes, sino por que ellos manejaban un carro que permanecía varado, mientras yo ahora estoy conduciendo un Ferrari.Usted habla de un Ferrari, pero ¿por qué todavía hay colombianos escépticos frente a la labor de la Superintendencia para defenderlos?En los últimos tiempos ha habido una respuesta efectiva a problemáticas y sanciones ejemplarizantes contra empresas y comercios. Hemos contribuido a un mejor país para los consumidores. Pero lo que debe entenderse es que las decisiones de la Superintendencia, al igual que de otras autoridades en el mundo, no son automáticas. Detrás de cada caso, hay unos investigados a los cuales hay que escuchar, y que tienen derecho a brindar descargos y a que se practiquen pruebas, e interponer de paso recursos frente a las sanciones. Eso tarda, pero al final los tiempos de respuesta no son extensos. Hay que garantizarles a los industriales y comerciantes el legítimo derecho a la defensa. No podemos aplicar sanciones a la ligera ni de manera irracional.La SIC ha sancionado aerolíneas, laboratorios farmacéuticos, agencias de viajes, almacenes de cadena, concesionarios y operadores celulares. ¿Eso le ha generado líos personales?Seguramente me ha generado animadversiones, pero también algunas amenazas en ciertos casos. Pero cuando uno decide estar al frente de una entidad tan importante como esta, esas situaciones son gajes del oficio. Al final lo que importa es hacer bien la tarea. A mi me nombraron para defender los derechos de los consumidores, y así lo he hecho.¿Cuál ha sido el episodio más complicado a la hora de tomar la decisión de una sanción millonaria?Cada investigación y cada caso tiene sus complicaciones. No tengo un caso particularmente complejo, pero en lo que si resulta hacer hincapié es que lo que estamos haciendo corresponde a una política pública que tiene todo el respaldo del Gobierno Nacional y del Presidente de la República. Y cuando se tienen esos apoyos para un Superintendente es fácil y llevadero ejercer ese cargo.La gente reclama más la presencia de la SIC en las ciudades, pues afirman que las Alcaldías han sido inoperantes en la protección al consumidor. ¿Qué hacer para que la aplicación del Estatuto no sea una norma centralista o bogotanizada?Históricamente los alcaldes no han hecho la tarea en este campo. Algunos de ellos ni siquiera saben que son la autoridad para ejercer la inspección, vigilancia y control en aras de proteger a los consumidores. Otros lo saben, pero no lo están haciendo de manera estratégica. Falta más compromiso de los alcaldes, pero más allá de las críticas, lo importante es construir con ellos una mejor política pública un trabajo importante para que empiecen a involucrarse en la protección del consumidor. Es una obligación de cada uno de los mandatarios locales ejercer las funciones de policía administrativa. ¿Qué explica esa negligencia de algunos mandatarios locales?Quien debe defender a los consumidores en su respectivo municipio o ciudad es el Alcalde. El Alcalde tiene las mismas funciones y facultades del Superintendente de Industria y Comercio en materia de protección al consumidor. Por eso cuando voy a las regiones me preguntan dónde está el Superintendente y yo les respondo donde está el Alcalde. Ellos (los alcaldes) por el ministerio de la ley y por orden del legislador, deben tener dispuesto todo para defender los derechos de los consumidores. Por otro lado, es importante entender que esa labor le corresponde al Alcalde y no al Superintendente. El Superintendente lo que tiene es un poder preferente que le permite quitarle investigaciones a los alcaldes para llevarlas a cabo. Con base en eso, el Estatuto de Protección al Consumidor creó una red nacional y por lo tanto gravita sobre el poder de policía administrativa de los alcaldes. Pero esa red muchos colombianos no la conocen...Con ese objetivo estamos creando en algunos municipios del país las casas del consumidor, tanto que ya suscribimos convenios con seis alcaldes y este año lo haremos con otros siete. Esperamos que dentro de cuatro o cinco años podamos tener esas casas en todas las ciudades capitales. Es un proyecto para ir ‘desbogotanizando’ la Superintendencia. Cali puede ser una buena opción para el 2014.Ojo con la publicidad engañosa¿Qué explica que aún muchos colombianos sigan cayendo en trampas con compras vía internet? Hay una mezcla de perversidad por parte de algunos empresarios entre comillas. Y también existe ingenuidad y falta de cultura por parte del consumidor, y simultáneamente una inactividad histórica por parte de muchas autoridades de inspección, vigilancia y control, la cual tiene que cambiar. Por eso la SIC es hoy una de las instituciones más fortalecidas del Estado para atacar ese fenómeno.

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