Fallo frena alianzas en el sector del agro colombiano

Fallo frena alianzas en el sector del agro colombiano

Agosto 28, 2012 - 12:00 a.m. Por:
Redacción de El País
Fallo frena alianzas en el sector del agro colombiano

La Corte Constitucional le dijo “no” a las asociaciones entre campesinos y empresarios. Expectativa.

El plan de expansión agrícola del Gobierno Nacional para los próximos años, que proponía la unión de pequeños propietarios de tierra con empresarios, sufrió un tropiezo con la decisión de la Corte Constitucional de declarar inexequible los artículos 60, 61 y 62 del Plan Nacional de Desarrollo.Estos artículos se referían a la posibilidad que tenían los campesinos o víctimas -que han recibido tierras baldías del Estado- de hacer alianzas con inversionistas, alquilar o asociarse con otras empresas para el desarrollo de grandes proyectos agrícolas.Según el ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, el fallo de la Corte es inquietante porque las normas estaban orientadas a crear economías de escala en las empresas rurales, facilitar inversiones serias y fomentar emprendimientos en agricultura que puedan servir para exportar o atender el mercado nacional.  “Habrá que estudiar con detenimiento la fundamentación constitucional de este fallo y ver cómo se puede enmendar dentro del orden jurídico”, dijo Restrepo Salazar, quien aseguró que el Gobierno buscaría otras alternativas que permitan retomar lo que han llamado la flexibilización de la Unidad Agrícola Familiar.La idea del Gobierno era que quienes recibieron tierras, pudieran asociarse en grandes proyectos. Sin embargo, el fallo de Corte implica que dichos terrenos no podrían venderse, ni arrendarse y que el Estado tampoco podrá ceder baldíos para dedicarlos a grandes iniciativas agrícolas.Rafael Mejía, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, SAC, dijo que la decisión de la Corte sería un retroceso para la empresarización del campo.“Esto es un freno a la inversión extranjera en el sector agrícola y pecuario, y la inversión privada. Sí el país quiere ser proveedor de alimentos para Colombia y el mundo se requiere que pueda usarse la tierra. De lo contrario ‘empaque y vámonos’, porque eso es frenar un sector que está buscando cómo desarrollarse y cómo disminuir la pobreza”, aseguró el directivo gremial.A su juicio, también se les quita la oportunidad a los pequeños productores de mejorar su nivel de vida y de bienestar diciéndoles que se quedan pequeños y nunca podrán crecer.Los reclamosLos artículos 60, 61 y 62 del Plan Nacional de Desarrollo fueron demandados ante la Corte Constitucional por los congresistas Jorge Robledo y Wilson Arias, quienes consideran que esa norma favorecía a grandes empresarios que podrían despojar, en algún momento, a los campesinos de sus tierras, pues aún hoy el 13,7% de los propietarios concentren el 77,6% de las tierras del país.“Con esa norma las compañías extranjeras podrán explotar y apropiarse de los bienes baldíos. En el municipio de Pivijay, Magdalena, el grupo económico Merhav, de Israel, adquirió 10.000 hectáreas para sembrar caña de azúcar que usará para la producción de etanol y muchas otras empresas están adquiriendo terrenos en la Altillanura”, explicaron en la demanda.Según cifras del Gobierno Nacional, el país ha entregado en los últimos años alrededor de 1’300.000 hectáreas de tierra a las comunidades y aspira a devolver a sus legítimos dueños unas 3’500.000 millones de hectáreas, de los 6 millones que se calculan fueron usurpadas en el pasado.Aunque la Corte Constitucional argumentó que lo primordial es proteger al pequeño agricultor colombiano, los gremios consideran que la decisión afectará la inversión futura.Luis Fernando Londoño, presidente de Asociación de Cultivadores de Caña, aseguró que este tipo de decisiones preocupan porque los empresarios toman decisiones basadas en unas supuestas reglas de juego claras, las cuales luego se cambian en el país, lo que no envía buenas señales a los inversionistas.Propuesta nacionalSegún el Gobierno, un proyecto empresarial, por ejemplo en la Orinoquía, requiere entre 10.000 o 15.000 hectáreas para lograr economías de escala. En el Plan Nacional de Desarrollo se contemplaba que las iniciativas, que superaban las 10.000 hectáreas, serían aprobadas por un comité especial creado para tal fin.Se premiaría el proyecto que incluyera una asociación con medianos y pequeños agricultores.

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