Este lunes, se realizarán las primeras imputaciones por caso de Interbolsa

Si todo sale como está previsto y no se presenta ningún aplazamiento, este lunes se realizarán las primeras imputaciones por el descalabro de la comisionista Interbolsa, con lo que inicia en firme el proceso ante la justicia contra los supuestos responsables de estos hechos.

Si todo sale como está previsto y no se presenta ningún aplazamiento, este lunes se realizarán las primeras imputaciones por el descalabro de la comisionista Interbolsa, con lo que inicia en firme el proceso ante la justicia contra los supuestos responsables de estos hechos. En total, son dieciséis personas las que serán vinculadas formalmente por el ente acusador, entre ellos a Rodrigo Jaramillo Correa, presidente de la comisionista, y al italiano Alessandro Corridori. En la Fiscalía, consideran que hay el suficiente material probatorio para imputarles a estas personas los delitos de manipulación de acciones, administración desleal, operaciones no autorizadas con accionistas o asociados y concierto para delinquir. Los investigadores que llevan el proceso creen que estas dos personas estarían relacionadas con el descalabro de Interbolsa, a través de las acciones de la textilera Fabricato. Además, el ente investigador tiene puesta la lupa sobre las supuestas irregularidades que se dieron con la Clínica La Candelaria, de Bogotá, pues considera que se presentó una “operación no autorizada de triangulación” cuando la clínica realizó un contrato con la Sociedad Administradora de Inversión (SAI) de Interbolsa, a través del cual se entregaron 79 mil millones de pesos en octubre de 2012. Sin embargo, para la Fiscalía, el mismo día que se hizo este convenio, la clínica le prestó ese monto de dinero al Holding de Interbolsa, que quedó como deudora de la SAI. Junto con Jaramillo, la Fiscalía les imputará cargos al vicepresidente ejecutivo, Juan Camilo Arango Medina; el presidente de la Comisionista, Álvaro de Jesús Tirado Quintero; el director del Comité de Riesgos de la misma, Javier Tomás Villadiego Cortina; el gerente técnico, Juan Felipe Duarte Ruiz; el Presidente de la Sociedad Administradora de Inversión de Interbolsa, Jorge Mauricio Infante; Claudia Jaramillo Palacios, comercial de la comisionista; y María Eugenia Jaramillo Palacios, inversionista. Igualmente, serán imputados Carlos Arturo Neira Llache, representante legal de P&P Investment; Edwar Jhonatan Martínez, ordenante de esta empresa; los hermanos Eduardo Adolfo y Luz Andrea Colmenares Pedreros, representantes de la clínica La Candelaria; Emilio Martín Uribe, representante legal de Manantial SPV; y los hermanos Olbany y Jhon Alexander Muñoz Delgado, de la firma Giteco. El primero, representante legal y el segundo, asistente de Alessandro Corridori. Para el ente acusador, el inversionista Corridori, a quien también se le imputarán cargos, se convirtió en el accionista mayoritario de Fabricato, después de que supuestamente con dinero de los clientes de la comisionista fuera adquiriendo la empresa textilera. Investigaciones empezaron en noviembre 2012Desde noviembre de 2012, el fiscal General Eduardo Montealegre anunció que se iba a iniciar la indagación preliminar por este caso, luego de que la Superintendencia Financiera presentara un informe en el que se establecían cuatro posibles infracciones a la regulación del mercado de valores. Entre estas, se hablaba de un incumplimiento del deber de asesoría por parte de la comisionista al no dar información completa a los inversionistas o al actuar sin su consentimiento; conflictos de intereses por parte de Interbolsa con los que habría afectado a terceros; haber afectado posiblemente el precio de las acciones; y por haber supuestamente intentado comprar una compañía emisora de valores sin surtir los procedimientos legales. Semanas después del anuncio del Fiscal General, el Cuerpo Técnico de Investigación allanó la sede de una compañía que estaría involucrada en las supuestas irregularidades en el manejo de dinero que los clientes le confiaron a Interbolsa. La diligencia estuvo a cargo de 45 funcionarios del ente acusador y concluyó hasta el día siguiente de cuando inició y dejó como saldo la incautación de 41 discos duros, 8 computadores y el servidor de la empresa.