Epsa espera otro fallo por caso de Anchicayá

Mayo 13, 2015 - 12:00 a.m. Por:
Redacción de El País

El proceso se originó en el año 2001 cuando Epsa, cuya propietaria era entonces la española Unión Fenosa, decidió abrir las compuertas del embalse del Bajo Anchicayá, cerca a Buenaventura, y liberar sedimentos de lodo al río.

El lío judicial completa ya catorce años y seguirá extendiéndose en el tiempo porque aún se espera una sentencia definitiva de parte de la Corte Constitucional. El proceso se originó en el año 2001 cuando Epsa, cuya propietaria era entonces la española Unión Fenosa, decidió abrir las compuertas del embalse del Bajo Anchicayá, cerca a Buenaventura, y liberar sedimentos de lodo al río, lo que causó una contaminación y por ende la muerte de centenares de peces. Dicha situación afectó a más de una docena de comunidades de la zona del  Bajo Anchicayá, lo que terminó en una demanda contra la Empresa de Energía por daños en las actividades de  pesca y de agricultura en el Juzgado Primero Penal del Circuito  de Buenaventura, en el año 2009.  El fallo prosperó a favor de las comunidades. Luego, en ese mismo año, el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle, confirmó el fallo a favor de las comunidades  y ordenó a la Epsa a pagarles una indemnización del orden de $166.000 millones. Para los directivos de la empresa, el monto de dicha indemnización es exagerado, por lo cual decidieron interponer dos acciones legales en contra del fallo del Tribunal Contencioso. “La primera  fue una revisión eventual en el Consejo de Estado y la segunda, una acción de tutela ante la Corte Constitucional por violación al debido proceso y derecho a la defensa”, explicó Oskar Eduardo Zorrilla, abogado de la empresa. Agregó que la sentencia del Tribunal es una vía de hecho, porque le da validez a unas pruebas que no fueron realizadas por autoridades competentes en materia ambiental y con base en eso se tasaron los perjuicios a los que fue condenada la Epsa.   “La Corte Constitucional emitió un fallo sobre la tutela en el 2012 y en él admite que a la Epsa  le violaron el debido proceso  y suspendió el pago de la indemnización. Asimismo,  ordenó devolver al Tribunal Contencioso el fallo, para que practicara una nueva valoración de los perjuicios causados a la comunidad”, explicó el abogado. Por su parte, Benjamín Mosquera, representante legal  del Consejo Comunitario Mayor de Anchicayá, explicó que  el Tribunal del Valle contrató los servicios de la Universidad del Cauca y  según ese estudio, los daños ocasionados superaron los $166.000 millones. “Al conocer los resultados de esa tutela  la comunidad decidió presentar a la Corte Constitucional un mecanismo excepcional, para declarar nula la sentencia que emitió  esa Corporación en el 2012”, sostuvo el señor Mosquera. En forma paralela al proceso jurídico,  Epsa ha venido buscando acercamientos con algunas comunidades y con dos de ellas ya se establecieron acuerdos de conciliación.  La situación legal sigue, pues el mes pasado la Sala Plena de la Corte Constitucional declaró  nula la sentencia del 2012 y ordenó que se emita un nuevo fallo de tutela que observe todas las circunstancias. Mientras tanto el fallo emitido por el Tribunal del Valle sigue en firme.

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