“El consumidor colombiano tiene quien lo proteja”: Superintendente Robledo

“El consumidor colombiano tiene quien lo proteja”: Superintendente Robledo

Agosto 24, 2014 - 12:00 a.m. Por:
Margarita Vidal Garcés
“El consumidor colombiano tiene quien lo proteja”: Superintendente Robledo

Pablo Felipe Robledo, superintendente de Industria y Comercio, SIC.

El superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo, afirma que en el caso de los pañales, aún no se puede decir que se haya configurado un cartel y que se investiga si esa situación existió.

Pablo Felipe Robledo, el Superintendente de Industria y Comercio, batea de jonrón en la administración Santos porque no le tiembla la mano para imponer multas millonarias a empresas que vulneran el derecho a la libre competencia, utilizan publicidad engañosa o simplemente estafan a sus indefensos consumidores. Abogado del Externado, trabajó hombre a hombro con Ramiro Bejarano en el DAS, cuando era una entidad seria y cumplidora de la ley. Luego fue enganchado por Germán Vargas Lleras como su Viceministro de Justicia y cuando este se le midió a Vivienda, continuó al lado de Juan Carlos Esguerra tratando de sacar adelante la famosa reforma de la justicia, que iba bien hasta que unos congresistas avivatos la llenaron de orangutanes, en beneficio propio, durante la etapa conciliatoria. El resto es historia, pero la labor de Robledo fue tan eficiente, que Juan Manuel Santos lo encargó de la Superintendencia. En dos años al frente de la entidad, Robledo ha impuesto más de $200.000 millones en sanciones económicas y se ha mostrado implacable frente a poderosas multinacionales que se creían intocables y a muchas de aquellas que ofrecen gato por liebre a sus clientes, incumplen los reglamentos técnicos, no disponen de Departamento de Preguntas, Quejas y Reclamos, o no hacen efectivas las garantías de bienes defectuosos. Robledo nació en Manizales. Fue buen estudiante y tiene fama de tipo sano, alegre, disciplinado, ecuánime y súper exitoso con las mujeres. Juega buen tenis y es un gran cocinero. Quienes lo conocen de cerca dicen que le brota el buen humor por los poros. Sus compañeros de oficina le toman el pelo porque cuando va a hacer mercado para sus asados de fin de semana, se demora horas aplicándole lupa a los contenidos, a las ofertas, a las propagandas y atisbando que el contenido del producto corresponda al anunciado por el empaque. Como Viceministro de Justicia le tocó el despelote de la fallida reforma a la Justicia. ¿Cómo vivió esa etapa?Yo venía con Vargas Lleras y seguí con Esguerra. Era una gran oportunidad de continuar porque la agenda legislativa del Ministerio estaba a medio camino. El Código General del Proceso llevaba solo cuatro debates; del Estatuto de Arbitraje teníamos el proyecto pero sin presentar y llevábamos un año discutiendo la reforma a la justicia -de manera bastante estéril- con las altas cortes, para tratar de llegar a un consenso. Fue muy duro enfrentar la mala experiencia de la conciliación y el hundimiento de la reforma, pero quedaron el Código General del Proceso y el del Estatuto de Arbitraje, que son muy importantes para el funcionamiento práctico del litigio en la administración de justicia.En un punto las cosas pintaban bien, pero luego empezaron a descarrilarse y con los orangutanes de la conciliación se precipitaron al abismo. ¿Cómo pudo ocurrir?Fue un hecho desafortunado, pero yo me haría matar por la reforma tal como fue aprobada. Después vinieron los cambios y adendas, los micos que usted menciona y entonces la reforma debía ser hundida porque no hubiéramos vivido tranquilos de haberse puesto en vigencia tal como quedó. Hay quienes argumentan que la solución es aumentar drásticamente el número de jueces y el presupuesto. Hay dos temas diferentes. Uno es el estructural del funcionamiento de la administración de justicia, que implica una reforma constitucional y otro es el funcionamiento del día a día de la justicia, para dotar a los jueces y a los juzgados de los instrumentos necesarios para que esa enorme acumulación de procesos se tramite con celeridad. ¿La Superintendencia hace parte del sistema judicial?Sí, tenemos un buen número de procesos y buena estructura para atenderlos. Mientras un proceso de competencia desleal aquí dura en promedio siete meses, en un juzgado puede durar tres o cuatro años. Ahora, su tema: ¿por qué solo ahora hay contundencia y decisión para multar a grandes empresas que abusan de sus clientes?Esta es una entidad que durante sus más de 40 años fue inoperativa y paquidérmica, con gran cantidad de funciones y mandatos importantes que no podía cumplir. Sin presupuesto, sin gente y sin capacidad sancionatoria. En 2009 se aprobó la Ley de Competencia que convirtió a la Superintendencia en la única autoridad en esas materias y estableció la posibilidad de tener programas de delación, beneficios por colaboración en las investigaciones de libre competencia y aumentó considerablemente la capacidad sancionatoria de la entidad.¿Y cuál es la diferencia?Que pasamos de multas máximas de dos mil salarios mínimos legales mensuales, a cien mil. Es decir, pasaron de $1200 millones como máximo, a $60.000 millones. El presupuesto pasó de $38.000 millones en el año 2009, a $120.000 millones este año y para el próximo tendremos casi $140.000 millones. Durante el gobierno del presidente Santos esta entidad triplicó su presupuesto. Y pasamos de 355 funcionarios de planta y 50 contratistas, a 600 funcionarios y 200 contratistas. Duplicamos la capacidad de trabajo y expedimos un Nuevo Estatuto del Consumidor que establece obligaciones de los empresarios y derechos de los consumidores. Regula temas que nunca antes se habían regulado como las normas para el comercio electrónico, las ventas bajo mecanismos no tradicionales, las ventas a distancia y establece reglas claras de cómo vigilar esas operaciones. Y algo crucial: aumentó la capacidad sancionatoria que antes era máximo de $1200 millones y hoy es de $60.000 millones, para quienes violen los derechos de los consumidores.¿Y qué tiene usted que no tuvieron sus antecesores? Yo no lo pondría en esos términos. Más bien le diría que lo importante en cada investigación son los mensajes que se le mandan a la sociedad porque eso es finalmente lo que construye una política pública. Yo he dicho que esta Superintendencia en el pasado tuvo como piloto a Schumacher, pero le dieron un Renault 4, y hoy tiene a Pablo Felipe Robledo, pero maneja un Ferrari. (Risa). Es bueno que el país se acostumbre a que haya una autoridad fuerte que vigile la libre competencia y proteja a los consumidores.¿Cómo va la investigación sobre el llamado ‘Cartel de los pañales’? Como Superintendencia no hemos dicho todavía que allí haya un cartel. Eso solo se establecerá al concluir la investigación, pero la verdad es que la posibilidad de cartelizarse existe en cualquier economía, sobre todo en aquellas en las que un mercado tiene oligopolios. La Superintendencia ha imputado cargos porque tiene unas evidencias y unas pruebas de que podría haber un cartel. Recibimos información anónima de que se podría estar configurando el cartel de los pañales e inmediatamente ordenamos visitas administrativas de inspección, a varias de las empresas fabricantes. Una de ellas pide una cita y confirma la existencia del cartel, hace una descripción del tiempo que llevan funcionando, cuáles son las empresas involucradas, ofrece pruebas contundentes y se acoge al programa de beneficios por colaboración. En todos los países del mundo donde existe ese programa, la ley permite darle hasta el 100 % de exoneración al delator.¿Y que se vaya sin sanción?Sí, el delator debe aportar pruebas que la administración no tenga y que le permitan sancionar a los otros integrantes del cartel. ¿Y cuál es el alcance de esa situación?Más allá del tema de los pañales, por primera vez en la historia de Colombia tenemos un caso de delación en materia de persecución de conductas anti competitivas. En el mundo ese es el instrumento más eficaz para perseguir carteles, y esto no pasó por obra del Espíritu Santo, sino porque hemos tomado las decisiones acertadas.¿Vale la pena autoincriminarse? Claro que sí. Es obvio que el ‘carné de cartelista’ nadie lo entrega por ahorrarse una multa de 500 o $700 millones, pero cuando esta sube a 40.000 o $60.000 millones, lo entrega porque tiene el incentivo de delatar, negociar y quedar exonerado. Y le garantizo que hoy por hoy las empresas que podrían tener la tentación de formar carteles empresariales, se lo piensan porque ya saben que no solo las multas son gigantes, sino que hay una autoridad que las impone sin que le tiemble la mano. Y le cuento que tenemos otras cuatro o cinco investigaciones diferentes en la mira, y ya tenemos delatores.¿Puede la Superintendencia pasar de la sanción pecuniaria a la penal? Cuando salió la noticia de los pañales se insinuó que allí habría un delito que debía criminalizarse. Yo no encuentro delito, pero sí la violación de la ley de competencia, que es gravísima, porque esa es una forma de renunciar a competir cuando, si usted es un agente del mercado, en su ADN debería tener el chip de la competencia y al no hacerla, niega su propia naturaleza. En muy pocos países del mundo la cartelización empresarial constituye delito, entre otras cosas, porque el mejor instrumento para perseguirla es la sanción económica .¿Y qué sucede cuando se trata de licitaciones públicas?Ese es el único acto de cartelización que en Colombia sí constituye delito. Si se hace una gran licitación para comprar, por decir algo, tabletas, y los proponentes, que son jugadores independientes del mercado se reunen y presentan propuestas que de alguna forma garanticen que se van a ganar la licitación, se configura lo que en Colombia se llama colusión en licitación pública, un delito.¿Cómo se blinda la Superintendencia contra la corrupción generalizada?Yo vivo gratamente sorprendido de que aquí no tengamos ningún caso, quizá por tratarse de una entidad técnica, con excelentes superintendentes delegados y directores, que adelantan las investigaciones y sancionan. Gente muy seria, con grandes perfiles académicos, que sabe que tiene un futuro profesional y que la Superintendencia es una etapa transitoria para prestarle un servicio al país.¿A cuánto ascienden las multas impuestas?En 2009 ascendían a $7200 millones y las del año pasado sumaron $217.000 millones. En lo que va corrido de este año ya vamos en $150.000 millones. ¿En qué va la investigación contra los 16 ingenios azucareros?Ya estamos terminando la etapa probatoria. El superintendente delegado realiza la instrucción que terminará con un informe motivado y que proferirá en un par de meses. Pasará entonces al despacho del Superintendente, que decidirá si sanciona o no a los ingenios y demás empresas del sector, así como a las personas naturales y funcionarios involucrados.

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