Demandar al Estado se volvió un negocio redondo

El Gobierno pretende crear una agencia para su defensa ante la justicia. Analistas consideran que hay carteles de abogados buscando clientes.

Demandar al Estado se ha convertido en un gran negocio para muchos ‘vivos’, lo que ha ocasionado que haya una ‘vena rota’ en los recursos del erario.Por lo menos así lo considera el ministro del Interior y Justicia, Germán Vargas Lleras, quien dijo que “hay que organizar la defensa jurídica de la Nación”.El titular de esa cartera aseguró que “hay centenares de demandas, miles de ellas, en cuantías incalculables, que superan los $100 billones en sus pretensiones y que cursan en los tribunales de lo contencioso administrativo”.Por esta razón, Vargas Lleras enfatizó que “el Estado debe asumir una estrategia para la defensa de sus litigios de una manera profesional y en ese sentido las facultades extraordinarias que están cursando en el Congreso han autorizado al alto Gobierno para crear esa unidad administrativa especial que se encargará de la defensa judicial”.Al ser preguntado sobre si existe un descuido por parte de la Nación para la defensa, el Ministro reconoció que muchos de los procesos, por el monto de su competencia o por la categoría de los mismos, han sido atendidos inadecuadamente.Vargas cree que las demandas contra el Estado se han convertido en un negocio y consideró que “en todo este cúmulo de demandas y procesos el Estado se va a ver abocado a una vena rota”.Un problema millonarioLa reacción del actual Gobierno se da porque, de acuerdo con las cifras que manejan la Contraloría General, la Contaduría y el Ministerio del Interior, existe el reporte de 154 entidades públicas demandadas que enfrentan 170.306 procesos, que enfrentan pretensiones por más de $136 billones.Este millonario monto podría ser más alto, en la medida en que en el reporte entregado por las entidades sólo se hace referencia a 154, pero en total son 227 las que tienen procesos en su contra.Según las cuentas del Gobierno, este monto equivale el 26% del PIB del país y la amenaza es más latente cuando se advierte que más del 72% de estos procesos tienen un nivel de riesgo alto de ser fallados en contra del Estado.Todos le caen al EstadoEl constitucionalista y abogado Juan Manuel Charry no se atreve a calificar los ejercicios de las demandas como un negocio. Para él “es más una cultura en la que la gente cree responsable de todo al Estado”.Sustentó lo anterior con un ejemplo: “En un atentado terrorista los afectados le piden de inmediato al Estado una indemnización y no a quienes realmente fueron los causantes del daño. Eso me parece equivocado, es una lógica perversa que nos afecta a todos”.El especialista tiene claro que “si prosperaran la mitad de las demandas que hay en contra del Estado, los colombianos nos dedicaríamos tres o cuatro años continuos a pagar impuestos para poder cumplir con esos compromisos y eso, evidentemente, afecta el desarrollo de infraestructura y del cubrimiento de las necesidades del sector social”.Charry advirtió que con este tipo de comportamientos lo que se demuestra es que “estamos cayéndole al Estado”.Al preguntársele sobre si hay un descuido oficial con este tipo de procesos, el jurista enfatizó que “en los últimos diez años, el Estado ha mejorado sus mecanismos de defensa”, pero reconoció que “hay sectores como en la salud en los que se sigue sin acatar los correctivos que hacen los jueces”.“Si usted le pregunta a una persona del común sobre esta situación, inmediatamente le responde que el Estado no se defiende, pero lo que realmente hay en el fondo es la existencia de una cultura que ya se metió en el país”, concluyó.Por su parte, el ex director de la Oficina de Defensa Jurídica del Estado, Dionisio Araújo, aseguró que la Nación “ha bajado la guardia en la defensa y ha perdido relevancia en este sentido”.Se refirió al proyecto de ley que cursa en el Congreso y que otorga facultades extraordinarias al Gobierno para la creación de una Agencia de Defensa Jurídica del Estado, para lo cual manifestó que es un paso, pero “sin dientes no funcionará”.Sustentó lo anterior manifestando que “toda demanda tiene una causa y es precisamente en este aspecto en el que falla el Estado, porque no resuelve el problema desde la base”.Además dijo que en la contratación pública, por el no lleno de los requisitos de quienes no cumplen los términos de un contrato, sencillamente “tratan de tapar la falencia con una demanda y eso demuestra la mala gestión contractual que se termina definiendo por sentencias o conciliaciones”.Reconoció que hay carteles de abogados buscando clientes y con muchas demandas menudas hacen una grande, tal y como ocurrió con Cajanal, donde no fueron los usuarios los que abrieron el proceso, sino los juristas.Ahora sólo resta que la Agencia de Defensa Jurídica reciba la aprobación y cumpla son su objetivo.La oferta de asesoríasEn la web y en los clasificados existe un alto número de sociedades que ofrecen sus servicios de asesoría para demandar al Estado.Libardo Preciado es socio de la firma Preciado Abogados, que tiene dentro de sus especialidades este tipo de procesos.El abogado dijo que demandar al Estado es “un derecho que tiene el usuario débil” y comentó que los casos que le llegan a sus oficinas -las tiene por todo el país- son de reparación directa, perjuicios, muertes en combate y genocidio, entre otros.Explicó que “las pretensiones son el resarcimiento moral y material por estos hechos” y reconoció que estos son procesos lucrativos en la medida en que “si hay éxito en las pretensiones económicas que se definen” habrá ingresos.Sin embargo, aseguró que son procesos muy largos. “Se pueden demorar entre 11 y 15 años, por el cúmulo de demandas que existe”.