Contraloría mira con lupa al Incoder por manejo de tierras

El organismo de control investiga presuntos manejos inadecuados en la compra y legalización de tierras para comunidades indígenas y negritudes.

La Contraloría General de la Nación hizo duros señalamientos al Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), por la manera como se están ejecutanto los recursos para la compra y legalización de tierras destinadas para comunidades indígenas y negritudes.“La ineficiente gestión del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), reflejada en problemas de ejecución de recursos, rezago en compra y legalización de predios y un grave desorden en su información documental, está poniendo en riesgo el goce efectivo de los derechos territoriales de las comunidades étnicas del país”. El fuerte llamado de atención fue hecho por el organismo de control fiscal tras realizar una “actuación especial sobre la política pública de dotación y legalización de tierras” y que cobija además la implementación de proyectos productivos y fortalecimiento institucional, social y cultural de las comunidades indígenas, negras y afrocolombianas que son responsabilidad del Incoder. Según la Contraloría, el análisis permite establecer que los recursos públicos asignados para las referidas tareas han sido manejados de manera ineficiente y sin planeación en la cuestionada institución. De esto dan cuanta –dice el informe- 37 hallazgos administrativos, de los cuales 19 tienen alcance disciplinario, uno penal y tres fiscal, siendo el monto al que se refiere la entidad cercano a 85 millones de pesos. Según se señala en la vigencia 2013 el proyecto de inversión 'Implementación Programa de Legalización, Adquisición y Adjudicación de tierras rurales y desarrollo productivo para comunidades negras, nivel nacional' se comprometieron $24.010 millones, de los cuales se pagó el 14% y el 86% restante se trasladó a contratos con el Banco Agrario. Además, en la ejecución de los pagos en las vigencias 2012 y 2013 se detectó la constitución de cuentas por pagar que superan el 50% del valor de los proyectos de inversión del Incoder, “evidenciando pasividad bancaria e ineficacia de los pagos al no cumplir con el principio de anualidad del presupuesto”. Lo anterior se refleja en la vigencia 2012, donde se constituyeron cuentas por pagar por un valor de $71.874 millones, lo que corresponde al 75% de los recursos de los proyectos de inversión del Instituto, correspondientes a $95.320 millones. Para el año 2013 se constituyeron $41.984 millones en cuentas por pagar, lo que correspondía al 68% del total del presupuesto comprometido. Otros aspectos De la misma manera, se determinó por parte de la Contraloría un rezago en el cumplimiento de las metas establecidas para los años 2011, 2012, 2013 y 2014 por parte de la entidad en cuestión y se hace referencia a la compra de predios y legalización para comunidades indígenas y negras, la implementación de proyectos productivos, y la reestructuración de resguardos indígenas de origen colonial. Al respecto, se precisa que frente a la compra de 10 predios, que había sido programada a comunidades negras, solo se adquirió uno, y se señala que de 13 proyectos productivos programados como meta no se logró la asignación de ningún proyecto. Algo parecido se presentó con el saneamiento del resguardo U´wa. Y es que durante la vigencia 2013 se comprometió el 97% de los recursos y solo se pagó el 7%. Esto motivó que $2.700 millones figuraran en cuentas por pagar. “No se cumplió con la meta de la compra de 17 predios, ya que ninguno fue comprado”. Más falencias Pero esas no fueron las únicas fallas que se reportaron. Según se dio a conocer, la revisión de la ejecución contractual permitió identificar que existe debilidad en la supervisión de convenios y contratos, lo cual es una tarea fundamental para el cumplimiento de las funciones misionales de la entidad. A esto, la Contraloría sumó el establecimiento de prórrogas reiteradas, multiplicando significativamente los plazos de ejecución de los convenios y contratos. Otro de los lunares estaría relacionado con el no agotamiento de los procesos de titulación de los territorios colectivos, lo que generaría un riesgo de vulneración de los derechos territoriales fundamentales de las comunidades étnicas por parte de terceros, “quienes encuentran escenarios propicios en un contexto de informalidad jurídica y ausencia de celeridad institucional en los procesos de compra y legalización de tierras a cargo del Incoder”. En ese sentido, la Contraloría considera como grave la falta de capacidad y adecuación institucional del Incoder en cuanto a la atención eficiente frente al cumplimiento de la ley lo mismo que de las órdenes dispuestas por la Corte Constitucional. “La debilidad de criterios de focalización y la falta de claridad en los parámetros de identificación de la demanda, así como la inexistencia de planes de seguimiento y acompañamiento a largo plazo, hacen ineficiente el uso de los recursos y generan frustración e insatisfacción en los beneficiarios”, puntualiza el informe. Llamado a Mindefensa Las alarmas prendidas por la Contraloría fueron dirigidas igualmente al Ministerio de Defensa y a la Policía Nacional, pues según consta, se han presentado denuncias de las comunidades beneficiarias de proyectos productivos en cuanto a la pérdida de sus cultivos a causa de aspersiones aéreas, situación que no solo afecta la producción agroalimentaria y las fuentes hídricas sino que, a su vez, va en detrimento de la finalidad de los recursos invertidos por el Incoder en distintos proyectos alimentarios”. “Al revelar los resultados de este informe, la Contraloría hizo un llamado al Incoder para fortalecer y superar de manera urgente y prioritaria las falencias señaladas, a fin de que se cumpla con los fines esenciales del Estado y se dé efectiva garantía del goce efectivo de los derechos territoriales de las comunidades étnicas”, concluye el documento.