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Con proyecto, Senado buscaría fijar salario mínimo

Este próximo martes empezará a debatirse en la Comisión Séptima del Senado el proyecto de Ley 41 de 2011, y su acumulado, el proyecto de Ley 65 de 2011, que busca que el Senado fije el salario mínimo, y la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales.

24 de marzo de 2012 Por: Colprensa

Este próximo martes empezará a debatirse en la Comisión Séptima del Senado el proyecto de Ley 41 de 2011, y su acumulado, el proyecto de Ley 65 de 2011, que busca que el Senado fije el salario mínimo, y la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales.

En este periodo legislativo el Senado buscaría quedarse con la decisión de fijar el salario mínimo, la cual está actualmente en manos de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, integrada por gremios, sindicatos y Gobierno, determinado por la Constitución Política.Este próximo martes empezará a debatirse en la Comisión Séptima del Senado el proyecto de Ley 41 de 2011, y su acumulado, el proyecto de Ley 65 de 2011, que busca modificar el artículo 8 de la Ley 278 de 1996. La idea es que se tenga en cuenta la inflación de los dos últimos años anteriores, más la proyectada por el Banco de la República a la hora de fijar por decreto el salario mínimo cada año.Inicialmente, el 28 de julio del año pasado fue radicado el proyecto de Ley 41 de 2011 por la senadora Alexandra Moreno Piraquive, en el que se establecía que si antes del 10 de diciembre la Comisión Tripartita no adoptaba una decisión de manera consensuada, sería el Senado el que lo fijaría en sesión ordinaria mediante votación nominal y a más tardar el 15 de diciembre.El Senado tendría que decidir entre tres propuestas presentadas por los gremios, los trabajadores y una propuesta conjunta presentada por el Congreso.Esta, según el proyecto, "no podrá exceder ni la propuesta de los trabajadores ni ser inferior a la propuesta de los gremios de la producción".Por su parte, el senador Juan Lozano radicó el proyecto de Ley 65 de 2011, "el cual busca modificar el parágrafo del artículo 8º de la Ley 278 de 1996, para que cuando el Gobierno deba declarar el aumento en el salario mínimo debido a la falla de las negociaciones, este tenga en cuenta el IPC para ingresos bajos".Finalmente, los ponentes propusieron desestimar en su totalidad el proyecto propuesto por la senadora Moreno y acoger la de Lozano, debido a que fue considerado inconstitucional e improcedente. Sin embargo, LR conoció que dicha iniciativa no quedaría en letra muerta.Fuentes cercanas a la Comisión contaron a LR que en los debates se buscaría revivir la idea inicial del proyecto de Ley, a través de una proposición que presentarían los senadores en las discusiones en la célula legislativa. El ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, afirmó que el Gobierno no concuerda con esa posición, y que además, lo que este busca es que se dé la concertación, y si ese no es el caso, entonces que se dé mediante decreto.Para el profesor de la Universidad del Rosario y experto en temas laborales Juan Carlos Guataquí, el hecho de que el Senado sea el que tenga la facultad hace que la discusión se torne política y deje de ser técnica y laboralmente concertada. "No va a ser rápida, y al dejar de ser técnica, los criterios de ajuste podrían terminar siendo populistas", dijo, y agregó que "es invitar a personas que no hacen falta dentro de la discusión" .Comité académico es otra de las opcionesDe acuerdo con Stefano Farné, director del Observatorio del Mercado de Trabajo y la Seguridad Social de la Universidad del Externado, si tuviera que entregársele la facultad a otra institución diferente a la Comisión Tripartita, debería ser a un comité académico con la independencia suficiente."No creo que el Senado tenga en este momento la suficiente capacidad técnica para poder decidir acerca de los incrementos del salario mínimo", dijo. En su opinión, es una competencia que no debería dársele a los congresistas, ya que ellos representan intereses y podrían presentar aumentos que al final de cuentas no estarían en línea con lo que más necesita el país.

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