Con lentitud avanzan obras en Buenaventura tras casi un año del paro cívico

Con lentitud avanzan obras en Buenaventura tras casi un año del paro cívico

Abril 22, 2018 - 11:55 p.m. Por:
Redacción de El País 
Buenaventura

Buenaventura y su red portuaria brinda un importante aporte a la economía regional y nacional, pero enfrenta altas tasas de pobreza y desempleo.

Oswaldo Páez / El País

De forma lenta la cara del municipio de Buenaventura en materia de servicios básicos sigue cambiando como resultado de los acuerdos suscritos entre el Gobierno Nacional y los promotores del paro cívico que se realizó entre mayo y junio del 2017.

Lo más positivo hasta el momento han sido los avances en las áreas de acueducto y alcantarillado, lo mismo que en educación y vivienda, mientras en el sector salud la situación continúa siendo crítica.

Y aunque se creó un Fondo Autónomo por $1,5 billones para Buenaventura encargado de administrar las inversiones, el mismo está sin reglamentar y no cuenta todavía con el respaldo de un préstamo internacional de US$74 millones.

El fondo fue una de las promesas que permitió levantar el paro luego de 22 días. Por ahora los recursos son aportados por los Ministerios.

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El agua es la prioridad

El suministro constante de agua potable y la construcción de redes de alcantarillado son algunas de las soluciones más urgentes que están avanzando, de allí que concentren el mayor porcentaje del presupuesto para ejecutar obras : $350.000 millones.

El Gobierno ya hizo entrega de la planta de Venecia, que en pocos días finalizará pruebas para entrar en operaciones. Esta evitará que se presenten suspensiones del servicio por las turbiedades en el río Escalerete, generadas por las lluvias, especialmente en temporadas invernales.

Sin embargo, a la segunda planta de Escalerete, deberán realizarle ajustes técnicos menores.

“Con la planta de Escalerete hubo una discusión, porque cuando la pusieron a funcionar a las seis horas se bajaba la presión, una situación que está siendo superada”, indicó Narcilo Rosero, quien además de formar parte del Comité de Paro, lideró el Comité del Agua, un grupo que por varios años se dedicó a analizar las graves falencias del sistema de acueducto y las posibles salidas a ese problema.


Al sistema también se le incluirán los tanques de almacenamiento de Loma Alta. El propio ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, firmó el acta de inicio de los trabajos el pasado 24 de febrero en el Puerto.
La inversión será de $37.000 millones y los tanques tendrán que estar listos dentro de 18 meses.

Otros $25.000 millones que serían aportados por la Gobernación del Valle se destinarán a ejecutar obras para evitar fugas y pérdidas del vital líquido en las redes.

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Avances y dificultades

Aunque el sistema de salud en el Puerto continúa en crisis, ya se han planteado algunas soluciones.

Entre los compromisos en ese campo está la asignación de $12.500 millones para una Unidad de Cuidados Intensivos en el Hospital Distrital Luis Ablanque de la Plata, y el objetivo era que comenzara su funcionamiento en enero pasado, pero no se logró.

“Eso está pendiente, todo depende de la formulación del proyecto y el compromiso de la Alcaldía es que lo presente ponto para definir y adelantar su financiación”, señaló Víctor Vidal, miembro del Comité Ejecutivo del Paro Cívico.

También se suscribió otra alternativa de atención en salud para la población vulnerable y para ello se incluyeron en el presupuesto $183.000 millones para construir una Ciudadela Hospitalaria, en la zona continental.

En febrero pasado el viceministro de Vivienda, Mauricio Rosero, confirmó que ya estaban listos los recursos.

“La primera partida es de $3000 millones para el estudio de prefactibilidad de los terrenos y pronto los recursos serán depositados”, dijo en ese entonces el funcionario.

Aunque la construcción de la Ciudadela dependerá del resultado de los estudios, la Alcaldía ya propuso precisamente un terreno para la obra, el cual está ubicado en el corregimiento número ocho, cerca de la vía que conduce al aeropuerto.

En materia de vivienda también se han registrado algunos avances. La Alcaldía ya dispuso varios lotes para levantar allí 6900 Viviendas de Interés Social, VIS, además, para construir el polideportivo de la Ciudadela San Antonio, donde se invertirán $800 millones.

En educación, se adelanta la caracterización de Buenaventura en esta materia, la cual consiste en un diagnóstico de la infraestructura de todas las instalaciones educativas con el fin de iniciar obras prioritarias.

También se amplió la plaza docente dentro de un proceso que permitió la contratación de 134 profesores cuando se decretó por parte del Gobierno local la emergencia educativa. Además, en cuatro instituciones educativas se invertirán $10.000 millones.

Las inversiones en la zona rural también están enmarcadas en los acuerdos. En una reciente reunión en el Ministerio de Vivienda se anunció que se adelantarán estudios que tendrán un costo de $2600 millones para diseñar acueductos para la zona rural.

Fondo, sin préstamo

En diciembre del año pasado el presidente Juan Manuel Santos firmó la ley que creó el Fondo Autónomo para Buenaventura, pero el mismo está sin reglamentar.

Inicialmente se anunció que contaría con recursos provenientes de un crédito internacional.

Pero debido a la larga tramitología que se debería adelantar ante las entidades internacionales, se postergó la solicitud del préstamo, y se dejó en manos de varios ministerios la alimentación del fondo y sus recursos por $1,5 billones. No se quiere repetir la experiencia negativa que tuvo el Fondo Tomos Somos Pacífico.

Ahora la propuesta es que se realice un Plan de Desarrollo para Buenaventura a diez años para invertir y garantizar dichos dineros.
Para tal efecto, un equipo de personas, entre quienes figuran los promotores del paro, viajan de forma constante a Bogotá para adelantar gestiones ante el Ministerio de Hacienda.

El problema es que cuando se inicie el nuevo Gobierno a partir del próximo 7 de agosto existe la incertidumbre sobre qué entidades garantizarán los recursos del fondo.

Por ello, se pidió la mediación de la Procuraduría General para que no se incumpla esta promesa.

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