Comienzan a desmoronarse las vigencias futuras del Departamento

Uno de los contratistas pidió la suspensión del contrato. Otros dos privados buscan prórroga porque no han conseguido plata con los bancos. En la foto, la doble calzada de la carretera Cali-Candelaria, la cual hace parte del paquete de obras de vigencias futuras del Valle.

La disposición de los organismos de control (Procuraduría General de la Nación, Contraloría y Auditoría General de la República) y del Ministerio de Hacienda de solicitar que se deroguen las operaciones de crédito que fueron respaldadas bajo la figura de vigencias futuras ya tuvo el primer efecto en el Valle.En una misiva firmada el viernes pasado, el representante legal del Consorcio Mi Valle, Jaime Cardona Canal, solicitó una reunión con el Gobernador Francisco Lourido para suspender de mutuo acuerdo el contrato número tres de las vigencias futuras que contempla la construcción de obras institucionales (estadios, coliseos, laboratorios en colegios y comandos de Policía). Según la comunicación del consorcio, que tiene 40 obras adjudicadas por $170.051 millones en 23 municipios, el contrato es inviable por la dificultad para conseguir los recursos, la cual se justifica en la instrucción de la circular conjunta de los organismos de control y el Ministerio de Hacienda.“Se trata de una orden superior de quienes tienen en sus manos el control disciplinario y fiscal en el Estado colombiano y del Ministerio que regula, vigila y controla las operaciones de desarrollo con uso de recursos propios del erario. En nuestro criterio, el Departamento del Valle no puede excluirse de cumplir con esta orden administrativa”, indica la misiva.Dificultad para conseguir plataPero además de la nueva circular, es de conocimiento público que los tres consorcios (Promesa de Sociedad Futura Vías del Valle, Promesa de Sociedad Futura Reurvalle y Consorcio Mi Valle) no han podido acceder a recursos de crédito.Vías del Valle y Reurvalle siguen solicitando una prórroga a los contratos para cumplir con el cierre financiero (que en la práctica es tener la totalidad de los recursos para hacer las obras), según el secretario de Infraestructura Departamental, Juan Gerardo Sanclemente.El País intentó comunicarse con los representantes legales de estas firmas pero no fue posible establecer contacto.En cuanto al Consorcio Mi Valle, en la misiva remitida al Gobernador expone la imposibilidad de cumplir con el cierre financiero debido a que los bancos nacionales aducen que la fuente de pago de los contratos, es decir, el Departamento, no es confiable por la ausencia de institucionalidad, pero principalmente porque los gobiernos regionales han modificado en varias ocasiones el acuerdo de pago de la deuda pública con las entidades financieras.Y a escala internacional los fondos de financiación tampoco quieren dar luz verde, según el Consorcio Mi Valle, “porque es muy difícil hacer control a tantas obras en localidades distantes”. Por ello aseguran que no podrán cumplir con este requisito contractual.Entre tanto, la Gobernación ya informó que no otorgará más plazos a los contratistas para entregar los cierres financieros, que para el caso de Vías del Valle y Consorcio Mi Valle vencerá el 7 de octubre y para Conalvías expirará en noviembre.Incumplimiento anunciadoLa Contraloría Departamental advirtió desde principios del 2009 a la Asamblea del Valle (que aprobó facultades al Gobernador Juan Carlos Abadía para adquirir compromisos en vigencias futuras) sobre la inviabilidad financiera.Según el contralor, Carlos Hernán Rodríguez, sólo el déficit de la vigencia 2009 fue de $54.640 millones y el acumulado, desde el 2007, suma $112.000 millones. “Y mientras las obligaciones suben, incluido el tema pensional, los recaudos bajan. Este año los ingresos por impuestos llegarían a $350.000 millones, mientras que en el 2007 fueron de $398.000 millones”, enfatizó.Además, explicó que los presupuestos de los años 2009 y 2010 quedaron sobredimensionados, a tal punto que el del año pasado fue recortado en $200.000 millones y el de la actual vigencia deberá ser ajustado en $40.000 millones.“Eso nos permite deducir que los ingresos que se calcularon entre el 2009 y el 2020, que respaldaron las vigencias futuras también quedaron sobreestimados”, dijo el Contralor.La secretaria de Hacienda del Valle, Cecilia Tovar, aseguró que los pagos pactados en las vigencias futuras a partir del año 2012 son desmedidos para la realidad fiscal del Departamento.Por ello, el secretario Jurídico del Departamento, Jaime Escobar, señaló que se estudian las opciones que tiene la Gobernación para renegociar los contratos. “Porque así los contratistas no cumplan con el cierre financiero y se pueda declarar la caducidad de los contratos por incumplimiento de los privados, ellos pueden aducir que no obtuvieron los créditos dado que la ordenanza que autorizó las vigencias futuras no contenía las cifras reales del fisco regional”, explicó.El representante del Consorcio Mi Valle alegó también que el Departamento ha incumplido abiertamente con las obligaciones contractuales a su cargo, como la no entrega de los predios donde se deberán realizar las 40 obras del contrato.Explicó que en más de un caso no se conoce la situación jurídica de los predios y que en otros, ni siquiera se sabe donde queda el terreno en el que se desarrollará la obra.Incluso, como es el caso de la plaza de ferias de Argelia, que está en el listado de proyectos que se pagarían con vigencias futuras, la obra será construida con recursos de Acción Social ($170 millones) y está próxima a iniciarse.Según el Consorcio Mi Valle, el Departamento también ha incumplido con los pagos de dos cuotas previstas en el contrato (que no requieren de facturas ni actas de obra). Estas corresponden a $338,4 millones del 8 de mayo de 2010 y $564 millones del 8 de agosto de 2010, dineros que debieron ser trasladados a la fiducia Corficolombiana.Lo cierto es que el Consorcio Mi Valle ya anunció que reclamará el pago de la inversión hecha hasta ahora, que suma $22.000 millones en prediseños y la interventoría.De las vigencias futuras, por lo visto, no quedará ninguna obra, pero el Valle tendrá que pagar una suma millonaria por contratos sin concluir, tal como pasó con la carretera Cali-Candelaria.