“Cada consumidor debe convertirse en guardián de la ley”: Superintendente de Industria

“Cada consumidor debe convertirse en guardián de la ley”: Superintendente de Industria

Noviembre 17, 2014 - 12:00 a.m. Por:
Redacción de El País
“Cada consumidor debe convertirse en guardián de la ley”: Superintendente de Industria

Pablo Felipe Robledo, superintendente de Industria y Comercio, SIC.

Pablo Felipe Robledo, dice que hoy 500.000 ciudadanos acuden a la entidad cada año a defender sus derechos.

El superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo, es considerado como uno de los funcionarios ‘estrella’ de la actual administración Santos debido a su poder de ejecutoria, sobre todo en la defensa del consumidor, y en poner freno a las violaciones a la libre competencia por parte de algunos carteles empresariales.Recalca que busca dejar huella como el funcionario que ‘desbogotanizó’ esa entidad, la cual muchos colombianos no conocían, y a la que hoy acuden por todos los medios para hacer valer sus derechos al consumir bienes y servicios.Los consumidores colombianos se sienten hoy más respaldados por el Gobierno. ¿Hasta dónde irá esa mano dura contra quienes violan los derechos de los consumidores?Creo que hoy el ciudadano está más empoderado, cuando cree tener derecho reclama ante los proveedores y fabricantes de bienes y servicios que consume, y cuando sus reclamaciones no fructifican lo que hace es demandar. Por eso está acudiendo masivamente a poner sus demandas y quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio, SIC, para que resuelva su caso particular. Antes debido a la fragilidad institucional, el ciudadano no sabía de la existencia de la entidad, o si sabía de ella creía que estaba perdiendo el tiempo cuando reclamaba. Las decisiones que ha tomado la institución no importando quien sea el que viola la ley han sido fundamentales en esta tarea. No es solo generarle un empoderamiento al ciudadano, sino crearle a los empresarios una concientización a las buenas o a las malas de la necesidad de respetar a los consumidores.¿Esa fragilidad era de la ley o en la entidad?En ambas. Hasta hace muy poco la Superintendencia era una entidad con exiguo presupuesto, poca gente a su servicio y una ridícula capacidad sancionatoria. Hoy, tenemos tres veces más presupuesto que hace cuatro años, dos veces más personal que hace dos años, y unas leyes que han pasado la capacidad sancionatoria en libre competencia de $1000 millones a $60.000 millones, y de $60 millones a $1200 millones en materia de protección de los consumidores. Eso hace que hoy los empresarios tengan más respeto por la ley y la institucionalidad.¿Cuántos colombianos están acudiendo a la SIC para hacer valer sus derechos?Esta es una cifra impresionante. En el último año hemos atendido por una cosa u otra a más de 500.000 ciudadanos a través de los diferentes canales que tenemos abiertos, es decir, mediante las casas del consumidor, la unidad móvil de la SIC, la página web de la entidad y los call center. Eso significa que una de cada 100 personas al año ha tenido un contacto directo con nosotros, lo cual es algo sin precedentes. Muy pocas entidades oficiales tienen ese contacto con la gente, en otras palabras dirigiéndose ante las autoridades para que le ayuden a resolver su caso. Pero ese indicador solo será importante cuando vuelva a bajar, es decir, que habremos hecho algo como país, no solo invitando a la gente a reclamar, sino evitando que vaya menos a la Superintendencia. Y que el empoderamiento y la solución de los problemas se dé en una conversación entre el ciudadano y el empresario, y no por la vía judicial. Así habremos logrado nuestro cometido.¿Pero 500.000 reclamaciones no son pocas, cuando el consumo mueve muchos billones de pesos de bienes y servicios?Espero que eso sea por causa de algo que resulta muy lógico, de que uno soluciona los problemas de consumo generalmente con el empresario. Yo tengo 44 años de edad, y 25 años como consumidor y nunca he presentado una demanda, y he tenido problemas con los proveedores. He logrado solucionar esos inconvenientes a través del diálogo con el proveedor. Si mucha gente no va a la SIC es porque no confía en la institución, o porque ha logrado arreglos con el empresario. Pese a lo que usted dice, ¿qué explica que aún muchos ciudadanos no reclamen, ya sea por tramitología, demora, desconocimiento de la ley, o por falta de confianza?Hay de todo. Eso no es tan blanco ni tan negro. El tema es gris. Hay gente que reclama y hace que aumenten las quejas, pero aún muchas personas que siguen adormecidas en hacer respetar sus derechos. Existen empresarios que no responden y los demandan, pero hay muchos que acatan la ley y se evitan esos inconvenientes. Eso no es fácil medirlo, pero puedo decir que hoy en Colombia la gente está empoderada, y tiene una entidad que la protege.Usted ha adelantado investigaciones que han tocado a grandes empresarios y hasta multinacionales, pero ¿cuál es su preocupación frente a esos casos y qué le diría al consumidor del común?Mi gran preocupación frente a los consumidores es que no tengan la cultura de reclamar. Solo haciendo valer sus derechos vamos a terminar cambiando la cultura empresarial. Por el lado, de los empresarios me preocupan mucho las investigaciones que hoy tenemos, lo cual es una pésima noticia no solo para el país sino para cualquier Nación del mundo. Es pésima noticia cuando cada vez la autoridad sale a contar que hay un presunto cartel, o que sanciona a un cartel empresarial. Pero esa noticia que es mala, es la mejor de dos pésimas noticias, y la peor es que hayan carteles empresariales, no se haga nada, que nadie detecta o investiga y que tampoco nadie sancione. Esperaría que los empresarios que hagan parte de ese tipo de carteles acudan a la Superintendencia y se sometan al programa de delación de esas prácticas para que podamos desvertebrarlas de inmediato.¿Hasta dónde podrían ir esas investigaciones con base en el apoyo de delatores?En algunos países esta estrategia (las delaciones) se llaman programas de clemencia, y aquí la entidad está dispuesta a ser benévola con los empresarios que delaten la existencia de esos carteles que van contra la libre competencia en el mercado, pero aportando las pruebas que incriminen a los responsables. Ojalá si existen carteles podamos advertir de su existencia, aunque son malas noticias para el país. Me preocupa mucho que hoy aparezcan más de ellos, ya que hoy adelantamos cuatro investigaciones preliminares en sectores vinculados a productos muy sensibles y de consumo masivo en donde ya tenemos firmados acuerdos con empresas delatoras. En los próximos días daremos a conocer al país el resultado de estas investigaciones y las decisiones al respecto.¿Esas investigaciones a grupos muy poderosos, le han generado enemistades u otro tipo de problemas en lo personal y profesional?El Superintendente ha sido amenazado en el pasado en algunos casos, y lo he denunciado. Me han enviado sufragios y otras cosas. Eso corresponde a hechos cometidos por personas que sabemos quiénes son, pero en los grandes casos que el país conoce, tenga la absoluta seguridad que el Superintendente no ha recibido ni recibirá amenazas. Lo que pasa es que la Superintendencia termina metiéndose —entre comillas— con unos empresarios vinculados al lavado de activos y al narcotráfico, sobre todo en algunos negocios ilegales en materia de lubricantes, combustibles y derivados del contrabando. Son actividades que tienen detrás a unas bandas delincuenciales, y a unos mafiosos, que son quienes amenazan al Superintendente y tratan de intimidar a los funcionarios de la institución. Los grandes empresarios del país están lejos de hacer eso.¿Todo eso, de pronto no le motivado a renunciar al cargo?Obviamente, para algunos funcionarios el tema de seguridad no deja de ser preocupante. Pero creo que hemos superado la época en que mataban funcionarios públicos de alto nivel por hacer su trabajo. Son épocas que ya terminaron.La Superintendencia ha aplicado multas millonarias a grandes compañías, pero muchos colombianos del común no creen en ellas. ¿Qué decirle a los incrédulos?La gente está abiertamente equivocada. Al contrario, son esas empresas las que pagan, porque son las que cuentan con una gran cantidad de activos y de bienes, y si no cumplen, la obligación nuestra es iniciarles los procesos ejecutivos de rigor y hasta embargarles los bienes. Por ejemplo, Claro pagó la multa de $87.000 millones con cero días de mora, mientras Telmex hizo lo propio con $11.000 millones y Epsa Boyacá canceló $5000 millones. La Superintendencia le impone anualmente al sector de telecomunicaciones multas entre $30.000 millones y $40.000 millones por violación al régimen de atención a los usuarios. Esas multas son pagadas de forma inmediata.

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