Así se consumó el ‘megarrobo’ al sector salud en Colombia

Así se consumó el ‘megarrobo’ al sector salud en Colombia

Mayo 08, 2011 - 12:00 a.m. Por:
Elpais.com.co I REdacción
Así se consumó el ‘megarrobo’ al sector salud  en Colombia

La fragilidad del sistema de salud colombiano fue aprovechada por todos sus actores para sacar jugosas tajadas de forma irregular. Análisis.

El nuevo escándalo de corrupción que sacudió al país esta semana, a diferencia de otros como el carrusel de la contratación en Bogotá en el que los datos se conocen a cuenta gotas, se convirtió en una avalancha de información que, seis días después del estallido, tiene confundida a la opinión pública.Dos son los caminos que ha tomado la corrupción para infiltrar el sistema de salud, uno es a través de los recobros y otro es por un pacto monopólico que según la Superintendendia de Industria y Comercio, establecieron 14 EPS. Para entender cómo se roban los recursos de la salud hay que comprender el funcionamiento del sistema .El ABC del enredoColombia tuvo hasta antes de la Ley 100 un sistema de salud en el que el 20% de la población estaba afiliada al Seguro Social y el resto acudía a una red de puestos de salud y hospitales públicos por su cuenta.En 1993 el país adoptó los principios de universalidad, eficiencia y solidaridad como rectores de la seguridad social y, específicamente en salud, un esquema general de financiamiento dividido en dos regímenes: el contributivo, en el que el usuario aporta un porcentaje de sus ingresos, y el subsidiado, que acoge a todos los ciudadanos que no tienen ingresos.El Ministerio de Salud, a través de una Comisión de Regulación,decide qué medicamentos y servicios (Plan Obligatorio de Salud –POS) compra el Estado con los recursos públicos para luego ofrecerlos a los colombianos a través de la red múltiple, conformada por las EPS (Entidades Promotoras de Salud).“El POS está lleno de zonas grises, debería basarse en el estudio científico de las necesidades de salud de los colombianos, pero fue tomado del ISS y aunque se ha remendado quince veces en los últimos ocho años, apenas en diciembre del 2011 y por mandato de la Corte Constitucional, será consolidado tras un estudio técnico y se va a unificar para los dos regímenes”, explicó una fuente del Ministerio que pidió no ser identificada.En esa estructura, en la que el Gobierno regula y el sector privado ejecuta, el usuario final tiene la libertad de escoger el operador que más le guste, decisión que está mediatizada por la oferta de hospitales, clínicas y laboratorios (Instituciones Prestadoras de Salud – IPS) con que cada operador trabaja.La ‘gasolina’ del sistema se conoce como Unidad de Pago por Capitación (UPC) y es la prima anual que el Estado paga a las EPS por la atención de cada afiliado. La UPC es igual para cada colombiano y sólo aumenta en los niños, las mujeres en edad fértil y los ancianos.El Ministerio de la Protección Social ajusta la UPC cada año y para realizar ese cálculo toma como base información que entregan las mismas EPS. Los senadores del Polo Democrático, Jorge Robledo y Alexander López, en el debate del martes pasado en el Congreso, revelaron que los datos enviados por dichas entidades al Estado han sido inflados por ellas, buscando subir el valor de lo que se les gira.¿Jueces o médicos?El sistema de salud, como todos los sistemas en el mundo, no le apostó a la cobertura total, debido a la falta de recursos, aunque si lo comparamos con Chile, donde el POS apenas atiende 69 enfermedades, es bastante ambicioso.“El modelo no previó que se diera atención por fuera del POS y con cargo a recursos públicos. Pero ante la presión de los ciudadanos los jueces empezaron a ordenar eventos no POS mediante fallos de tutela, lo cual desequilibró el sistema”, dijo el gerente de un hospital de la región que tampoco quiso ser identificado.Algunos jueces en las sentencias de tutela ordenan no sólo que se preste el servicio o se entregue el medicamento para salvaguardar el derecho a la vida, sino que escogen el médico que debe atender al paciente y el tipo de medicamento que le deben dar, “muchas veces recetan medicinas sin tener en cuenta que los genéricos también curan y son más económicos”, explicó la fuente.Para financiar esas prestaciones no POS, los jueces ordenaron que las EPS autorizaran la prestación del servicio o medicamento y que luego el Fosyga se lo reembolse. Esa operación se conoce como recobro y hoy está en el centro de los cuestionamientos, pues la Dijín de la Policía encontró pruebas de que se pagaron ‘jugosas comisiones’ a funcionarios del Ministerio y del Fosyga para autorizar recobros irregulares (ver recuadro).Existen dos modalidades para acceder a lo que no incluye el POS. Los Comités Técnico Científicos (CTC) que autorizan, de manera excepcional, tratamientos por fuera del POS desde las mismas EPS, y la tutela, que la usan los pacientes cuando les niegan la solicitud de servicio no POS.Funcionarios del Ministerio dijeron que en 1999 hubo un solo recobro, y que era tan excepcional que llegó a oídos del Presidente. De ahí que la administración Pastrana expidió un decreto que establecía un término máximo seis meses después de prestado el servicio no POS para que las EPS presentaran la cuenta.El día antes de que entrara en vigencia dicho decreto, según los mismos funcionarios, llegaron al Ministerio camiones llenos de cajas con cuentas. Aparentemente las EPS buscaron en las gavetas y mandaron todo lo que pudieron. En el Ministerio no había quien revisara ese volumen de documentos.Entonces se encargó al consorcio de fiduciarias que administra el Fosyga la responsabilidad de auditar las cuentas del no POS. El Ministerio de la Protección Social paga al consorcio por cuenta auditada, independiente del resultado. Ante la orden judicial de recobrar, el Ministerio procedió a reglamentar el procedimiento: que adjunten la factura pagada al prestador del servicio no incluido en el POS, copia de la tutela o del acta del Comité Técnico Científico, entre otros. El Consorcio montó un ejército de auditores que funciona en varias oficinas del edificio Colpatria en Bogotá, pero no dan abasto. Es que desde el 2005 el volumen de reclamos va en aumento, sólo en mayo del año pasado se recibieron 260.000 solicitudes de no POS y eso que el Ministerio cambió las reglas de juego (ver gráfico).De acuerdo con los procedimientos establecidos, las EPS presentaban las solicitudes de recobro en paquetes que eran enviados al consorcio para auditoría y, si el resultado era ajustado a las normas, el Ministerio autorizaba el pago. Muchas cuentas fueron negadas porque intentaban recobrar cosas que estaban en el POS y otras por no adjuntar facturas, la tutela o las actas de Comités. El sistema de información jugó malas pasadas ya que no reconocía nombres con Ñ y similares, presentándolos como inconsistencias.“Entre EPS, laboratorios y funcionarios del Estado vulneraron el sistema de salud”, dice la Superintendencia de Industria y Comercio. Los primeros seis detenidos de los 25 que tienen orden de captura ya pasaron sus primera semana en la cárcel.

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