Alertan por resurgimiento de pirámides financieras en Colombia

Marzo 03, 2015 - 12:00 a.m. Por:
Redacción de El País

Superintendente de sociedades, Francisco Reyes, advierte a la ciudadanía sobre el resurgir de este tipo de captadoras ilegales.

Un nuevo llamado hizo el Superintendente de Sociedades, Francisco Reyes, a la ciudadanía, para que no ponga sus recursos en manos de falsas empresas y firmas no autorizadas para captar dinero, ya que se trata de nuevas pirámides que buscan estafar al público.El funcionario informó que en desarrollo de tareas de control que desarrollan junto a la Superintendencia Financiera se han intervenido 250 captadoras en los dos últimos años.Reyes destacó que tras la estafa cometida por David Murcia, cerebro de DMG, se han devuelto recursos a 200.000 personas. Pero muchas otras no los recibirán. La Supersociedades, a partir del 2008, junto a la Superintendencia Financiera, adelanta a diario una ‘cacería’ a este tipo de entidades que captan recursos de manera ilegal.¿En qué va el castigo contra los promotores de empresas fantasmas que son verdaderas pirámides y que no han desaparecido del todo?La Superintendencia tiene unas facultades muy especiales, a partir del Decreto 4334 del 2008 que se expidió a raíz de la crisis que provocó DMG. En realidad, toda persona que capte dineros del público en forma ilegal, a través de operaciones de intermediación financiera sin la autorización expresa de la Superfinanciera, está sujeta a sanciones y a un proceso de intervención por parte de las autoridades y a un plan para la devolución obligatoria de los recursos. Primero, se pagan las deudas a las víctimas y luego se satisfacen los otros pasivos. ¿Qué hacer con las nuevas pirámides que están surgiendo de manera virtual? Toda persona que promueva este tipo de captaciones ilegales y los mismos ciudadanos que empiezan a conseguir clientes para que aporten recursos, naturalmente también se hacen responsables por este tipo de delitos, de los cuales se corre denuncia ante la Fiscalía General de la Nación. Sin embargo, estas situaciones a veces son difíciles de detectar porque aparecen espontáneamente en cualquier esquina del país, utilizando medios electrónicos y páginas de internet. Mi llamado es a la ciudadanía para que no invierta en empresas ilegales o no vigiladas. No se debe creer en milagros económicos ni en rendimientos exorbitantes e intereses ilusorios sin hacer nada. Detrás de estas ilusiones siempre viene un fraude. ¿Cuántas de estas pirámides se han intervenido desde el escándalo de DMG?Hemos intervenido un gran número de entidades de esta naturaleza. En los dos últimos años van 250 personas y entidades sorprendidas en este tipo de prácticas ilegales. Todas han sido intervenidas por captaciones ilegales de recursos, ya que se trata de operaciones y mecanismos defraudatorios. Y se han corrido las respectivas denuncias a la Fiscalía. ¿Por qué la gente no denuncia y prefiere quedarse callada frente a una estafa de esta naturaleza?Porque mucha gente se sigue sintiendo atraída por los grandes rendimientos que ofrecen, y por eso en vez de denunciar entregan los recursos a tales personas. Nosotros podemos detectarlas a través de varios mecanismos, pero tal vez el principal es la Superintendencia Financiera que nos reporta situaciones anómalas por no ser entidades sometidas a su vigilancia. Y de otra parte, se reciben quejas de las personas, pero también hacemos un monitoreo de páginas de internet. Recientemente, tuvimos conocimiento de un afiche pegado en una pared en Bogotá donde se hablaba de una ‘resurrección’ de DMG. De inmediato, salimos a advertirle a la ciudadanía que se abstuviera de invertir en esta clase de operaciones. ¿En qué quedó finalmente la devolución de los dineros de DMG luego de varios años? pues se habla que la mayor parte del dinero se perdió...Se han devuelto recursos a cerca de 200.000 personas a partir de la liquidación que adelantó el Gobierno en cabeza de su agente liquidadora María Mercedes Perry. Y cada vez que se reabre el proceso al encontrarse nuevos bienes, se procede a la distribución de los recursos entre el público afectado. Pese a las devoluciones hechas, siempre terminarán muchas personas afectadas, cuyos dineros no son totalmente restablecidos después del proceso.Se dice que muchas de estas firmas captadoras se inscriben en las cámaras de comercio para simular legalidad y luego desaparecen, al igual que lo hacen ciertas sociedades. ¿Cómo controlar ese fenómeno?Ese es un punto muy delicado y complejo. Es clarísimo que la facilidad en la constitución de compañías no es la que origina el fraude. El fraude puede darse en sociedades que son fáciles de crear o en algunas de gran complejidad.De hecho, muchas veces la formalidad facilita el fraude, pues a veces hay individuos que tienen muchas escrituras públicas, revisores fiscales, administradores, juntas directivas, y pueden así mostrar una apariencia de legalidad sólida. Ese tipo de infraestructura da más sensación de credibilidad, que quien se constituye solo con un documento electrónico. La simplicidad en la creación de compañías y firmas comerciales no es necesariamente un factor para la comisión de fraudes. El fraude siempre existe, y no lo hay solamente en las sociedades, sino en los contratos de préstamos y de contraventa, cuando el comprador no paga el precio o el vendedor no entrega el bien prometido. Existen igualmente fraudes cuando el arrendatario no se quiere ir del inmueble y no paga tampoco el canon mensual. También hay prácticas ilegales en los contratos de depósito, o cuando el depositario se queda con el bien. Y así sucede en muchos de los negocios de derecho privado, y encontraremos fraudes, aunque yo diría que es un porcentaje mínimo frente a todos los negocios legales.Buscan sanciones más altas ¿Por qué siguen siendo leves las sanciones a las empresas que cometen fraude a sus acreedores? Si se demuestra que hay fraude o abuso, la Superintendencia ordena la liquidación de la empresa y puede imponer sanciones a sus administradores, que van desde multas hasta la remoción de los mismos y la inhabilidad para ejercer el comercio. Por eso en este mes presentaremos un proyecto de ley al Congreso que arrecia sustancialmente la capacidad sancionatoria de la Superintendencia, que es muy limitada, para elevar las multas hasta en 2000 salarios mínimos legales a personas naturales y hasta en 100.000 salarios si se trata de personas jurídicas, con lo cual llegaríamos a sanciones cercanas a los $65.000 millones. Queremos aplicar estas sanciones como un mecanismo disuasivo en casos de gran impacto sobre el conglomerado económico.

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