Acuerdo entre Gobierno y camioneros frenará venta de 3.000 vehículos

Actualmente en Colombia la única forma de que ingrese un camión cero kilómetros nuevo es si se chatarriza otro viejo, proceso que el sector camionero denuncia como ineficiente.

La eliminación por tres meses del artículo 6 del decreto 2085 de 2008 (modificado por el 2450), que fija otra posibilidad diferente al engorroso trámite de la chatarrización inmediata como paso obligado para que pueda ingresar un camión nuevo al mercado, dejó como única posibilidad precisamente a ese proceso que el sector denuncia como ineficiente. Antes de que se levantara el paro camionero, el registro de un camión nuevo también podía otorgarse si el solicitante constituía “una caución consistente en garantía bancaria o póliza de seguros a favor del Ministerio de Transporte, que garantice el cumplimiento del proceso de desintegración”. Según esta norma, para comprar una unidad de carga nueva se debía pagar desde $10 millones por los vehículos rígidos de dos ejes hasta $70 millones por un tracto camión. Ahora, la única forma de que ingrese un camión cero kilómetros nuevo es si se chatarriza otro viejo. Para el vicepresidente de Comercio Exterior y Vehículos de Fenalco, Eduardo Visbal, son más de 3.000 camiones los que están en el inventario de las marcas y no pueden salir al mercado por el decreto 486 de 2013 que dejó como única vía comercial la desintegración de las unidades viejas. “El proceso de chatarrización es muy engorroso, es prácticamente imposible de cumplir. Con este nuevo decreto se generó el mecanismo que siempre han querido aplicar los camioneros particulares para bloquear la entrada de camiones nuevos al mercado”, dijo Visbal. Mientras el vocero de Fenalco habla de que las pérdidas de los fabricantes e importadores de vehículos comerciales ascenderá a US$200 millones, el presidente de Andemos, Oliverio Enrique García, aseguró que la suma es superior pues cada camión está por el orden de los $150 millones. “En Andemos están afiliadas el 99,9% de las marcas de vehículos comerciales y ellas tienen un stock de 3.146 unidades. Dejar de vender esos camiones representa una pérdida superior a los $600 millones, si sumando los gastos adicionales al precio”, explicó. Para marcas como Navitrans International la medida gubernamental representará un descenso de 50% de lo comercializado este año. “Nuestras ventas se verán seriamente afectadas principalmente porque el proceso de chatarrización es dispendioso, la expectativa comercial este año eran 3.000 unidades. Tenemos en inventario 457 unidades”, precisó el gerente de la Zona Centro de Navitrans International, Luis Javier Cardona. En Kenworth de la Montaña el panorama no es diferente. Carolina Pineda Tovar, gerente de Mercadeo de la firma, explicó que este año solo llegarán a 30% del objetivo inicial de ventas que ascendía a 1.200 vehículos. “Quedarse solo con la chatarrización como mecanismo para introducir camiones nuevos sería desastroso para el sector y para la economía del país ya que se frena el libre mercado cuando estamos en plena apertura y hemos firmado varios TLC, lo que convierte este tema en un obstáculo para la competitividad del país”, explicó la vocera. LR consultó con el Ministerio de Transporte, que aseguró se está avanzando en el proceso de chatarrización. El organismo informó que desde 2005 se han desintegrado 11.936 vehículos, de los cuales 6.000 han sido con fines de reposición y 5.936 con fines de reconocimiento económico. “Solo en diciembre de 2012 se desintegraron 398 vehículos, luego de lograr el desestancamiento de procesos (...) Nunca en la historia del país se había realizado en un mes este número de desintegraciones”, indicó el ente. Estado y empresas hablan de vacíos Cada una de las partes involucradas en esta problemática encuentran graves vacíos en este tema. Mientras el Ministerio de Transporte asegura que los factores que están impidiendo la chatarrización son: las inconsistencias que encuentran las autoridades en los reportes de accidentalidad y hurto, las dificultades en los procedimientos de registro de vehículos y que los usuarios no presentan la información adecuada en el momento de recibir el pago; para Andemos, el Gobierno tuvo que notificar a la OMC que hubo un cambio en las reglas de juego, pues la medida afecta el comercio internacional. “Colombia es uno de los principales mercados de camiones para México. Lo que se envía para este país no se puede mandar a otro mercado. Sí va a haber una afectación a la actividad comercial internacional y las autoridades gubernamentales tuvieron que haber dado un plazo de transitoriedad para adaptarse a la norma”, dijo el presidente de Andemos, Oliverio Enrique García.