“Todos en Colombia debemos buscar los caminos hacia la paz”: Fiscal

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Eduardo Montealegre pide que se le den atribuciones al Presidente para que, al final del conflicto, pueda conceder amnistías, incluso por violaciones graves al DIH.

“Todos en Colombia debemos buscar los caminos hacia la paz”: Fiscal

Mayo 10, 2012 - 12:00 a.m. Por:
Miguel André Garrido - Colprensa
“Todos en Colombia debemos buscar los caminos hacia la paz”: Fiscal

Eduardo Montealegre, fiscal General de Colombia.

Eduardo Montealegre pide que se le den atribuciones al Presidente para que, al final del conflicto, pueda conceder amnistías, incluso por violaciones graves al DIH.

Una osada propuesta del fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre Lynett, promete causar revuelo, ampliar el debate sobre el marco para avanzar en un eventual proceso de paz y, más aún, iniciar una discusión sobre lo que debe suceder con las partes enfrentadas en un escenario de posconflicto.La idea la llevará al Congreso de la República la próxima semana, cuando se cumplirá el sexto debate, en la Plenaria de la Cámara de Representantes, al acto Legislativo que pretende crear un ‘Marco Legal para la Paz’.Dicha iniciativa, según Montealegre, debe contemplar escenarios diferenciados para guerrilleros y ‘paras’, entre otros actores ilegales, lo mismo que para los miembros de la Fuerza Pública que hayan incurrido en violaciones al Derecho Internacional Humanitario. ¿En qué consiste su propuesta?Se trata de que el Marco para la Paz se complemente con la posibilidad de amnistías o indultos al fin de un conflicto, incluyendo para violaciones a los derechos humanos, dándole facultades más amplías al Presidente de la República. La idea es que el Congreso no se limite a un solo proceso, sino que se consagren todos los instrumentos posibles que aceptaría el Derecho Internacional Humanitario (DIH) al poner fin a un conflicto.¿Qué quiere decir con amnistía condicionada?El derecho internacional y el DIH aceptan en determinados casos esta figura. Significa que podría darse una exoneración de responsabilidad en algunos casos de violaciones graves a derechos humanos, siempre y cuando se reconstruya la verdad, lo mismo que mecanismos de reparación y, eventualmente, mecanismos alternos a la privación de la libertad.Por ahora las puertas de un proceso de paz parecen estar cerradas, muchos dirán que su idea es muy apresurada…Todavía no hay un proceso de paz con la guerrilla, pero el país debe tener, y dejarle al Presidente de la República, unas herramientas seguras para que tanto él, como el Congreso y las instituciones del Estado sepan cuál es el marco constitucional al cual pueden llegar después de una negociación.¿Esta es una manera de allanar el camino de un proceso de paz?Podría ser, pues cuando el Estado y el Gobierno se sienten a un eventual proceso de paz con la guerrilla el Presidente, lo mismo que los actores del conflicto, tendrían claridad acerca de cuáles son los límites de ese proceso y hasta dónde se puede llegar. Esa claridad debe incluirse en la Constitución.¿Por qué hace la propuesta en este momento?Hay un derecho y un valor constitucional que es la paz. Todos los colombianos y entidades deben buscar caminos hacia la paz. A pesar de que estamos en medio del conflicto es importante que el país construya y diseñe esos instrumentos jurídicos, así en este momento no se haya iniciado un proceso.¿A qué le apunta con su iniciativa?Es importante que se diseñen los instrumentos. Tenemos que pensar hacia el futuro y que el país tenga los instrumentos necesarios. Los colombianos anhelamos la paz.¿Qué debe pensar la Fuerza Pública?Además de la actuación contundente en el restablecimiento del orden público, es importante que el país pueda avanzar simultáneamente en negociaciones de paz. El hecho de que se avance en este tema no obstaculiza o implica que la Fuerza Pública pierda el impulso en la recuperación del orden público.¿Cómo cree que los militares recibirán su iniciativa?La propuesta plantea marcos diferenciados para cuando finalice el conflicto: un marco para la guerrilla, otro para el paramilitarismo, y otro para la Fuerza Pública.¿Cómo funcionaría esa diferenciación?La Constitución debe abrir la posibilidad de que al finalizar un conflicto, además del paramilitarismo y la guerrilla, se contemple la presencia en este marco de los miembros de la Fuerza Pública comprometidos con violaciones graves a derechos humanos, para que tengan un marco especial y sellar el conflicto armado en Colombia. Esta última experiencia ha estado en muchos procesos de paz en el mundo. Sin la Fuerza Pública y sin un marco diferenciado para ésta, al finalizar un conflicto armado es difícil construir un proceso de paz.Mucho se ha hablado de desmotivaciones en las filas militares por propuestas similares a la suya. ¿Cree que ese sentimiento pueda agravarse en este caso?De ninguna manera, porque el hecho de que la Constitución establezca unas herramientas claras para la consecución de la paz, no implica que se le quiten facultades a la Fuerza Pública para el restablecimiento del orden público y para ejercer el monopolio legítimo de la fuerza al interior del Estado. ¿Cómo analiza usted el marco para la paz que se tramita en el Congreso?Es muy moderno, pues incorpora mecanismos de investigación prioritaria o selectiva y constituye marcos diferenciados, pero me parece que el modelo debe avanzar mucho más. A pesar de los avances que propone, tiene un gran vacío, y está relacionado con la falta de regulación en cuanto a las amnistías e indultos por graves violaciones a los derechos humanos.¿En qué sentido debe darse ese avance?Debe consagrar en la Carta Política unos instrumentos muy claros para que el Presidente pueda conocer esas amnistías o indultos al finalizar un proceso de paz.En ese caso ¿qué condiciones debería cumplir?Primero: sería una posibilidad de amnistía o indulto en el marco de justicia transicional. Segundo: estas amnistías sólo se podrían dar al finalizar un conflicto armado; es decir, para prepararnos para una etapa de posconflicto. Y el tercer aspecto está relacionado con las consideraciones de delito político que hasta ahora se tiene en cuenta en el país y que podrían convertirse en un obstáculo.¿Puede detallar mejor este punto?Se trata de una reelaboración en cuanto al constitucionalismo colombiano. Siempre la amnistía y el indulto han estado atados al concepto de delito político, el cual es muy estrecho en la Constitución colombiana. Esto haría que tal como está estructurado se convertiría en un obstáculo constitucional muy relevante para avanzar en un proceso de paz.Ahora la decisión la tiene el Congreso. ¿Qué mensaje le envía?El Legislativo tiene una gran oportunidad al aprobar el acto legislativo que está en trámite, y puede avanzar más si se consagra de una vez por todas la posibilidad de dar ese tipo de amnistías e indultos por parte del Presidente y al término de un conflicto armado.Usted hace una diferenciación entre los actores que se beneficiarían (AUC, bandas criminales, guerrilla) , ¿como se daría la inclusión de militares que hayan afectado el DIH?La Constitución debe tener todos los mecanismos posibles para un eventual proceso de paz; debe contener la posibilidad de amnistías e indultos para finalizar un conflicto armado; debe contener la posibilidad de investigaciones prioritarias y selectivas, lo mismo que el manejo de mecanismos ordinarios de la extinción de la acción penal o el principio de oportunidad.¿Y qué pasará con la verdad que reclaman las víctimas?Ese es otro punto que debe contener, pues debe haber mecanismos extrajudiciales que ayuden a la reconstrucción de la verdad.¿Le preocupan los rumores acerca de que el Congreso quiere hundir esta iniciativa?No creo que eso suceda. De darse sería lamentable, pues esta es una oportunidad histórica para que el país tenga un marco jurídico para arrancar con un proceso de paz.¿Esperaría algún pronunciamiento de las Farc , luego de conocer su propuesta?Lo que el país espera de las Farc es la liberación del periodista Roméo Langlois, como un verdadero gesto de que sí están interesadas en un proceso de paz y de que es real lo que han dicho acerca de que no van a seguir utilizando el secuestro como mecanismo de lucha armada.

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