Incumplimiento

Aunque el proceso de paz con las Farc se haya dividido en seis temas de negociación, los acuerdos alcanzados se dividen en dos grandes categorías.

Una primera categoría trata sobre transformaciones en aspectos sociales y económicos. Son transformaciones dirigidas a reivindicar sectores sociales en desventaja como los campesinos, los colonos, los cultivadores de coca y demás comunidades rurales en situación precaria. La repartición de tres millones de hectáreas, la titulación de predios, los programas de sustitución de cultivos, etc., tienen como propósito mejorar las condiciones de vida de aquellos sectores de la población que las Farc reclaman han sido injustamente tratados y por los que justifican su lucha armada.

Una segunda categoría trata sobre la situación, tanto jurídica y política, en la que van a quedar los combatientes de las Farc luego que dejen las armas. Incluyen los acuerdos acerca de los planes de reinserción, de participación política y de la naturaleza de la justicia transicional. Esta categoría en realidad tiene dos niveles muy distintos. Una cosa es la situación de los excombatientes rasos en cuanto a sus oportunidades de empleo o de proyectos productivos, de reconciliación con las comunidades que victimizaron y de reconstrucción de una vida en paz.

Pero otra cosa es la situación de la jefatura de las Farc que aspira a jugar un papel activo en la política nacional, bien sea para garantizar que se cumplan los acuerdos o, con mayor ambición, para implementar las transformaciones que no pudieron realizar por las armas. Con ese propósito los altos mandos de las Farc deben garantizar su acceso a cargos del Estado, por esa razón negociaron las diez curules en el Congreso, y que la Justicia ordinaria y la transicional no impidan su participación en la política.

No se necesita un análisis a mayor profundidad de la implementación de los acuerdos para reconocer que a grandes rasgos el gobierno de Santos ha incumplido en la primera categoría y a los combatientes rasos, mientras que ha prestado especial atención en cumplir en el tema de las aspiraciones políticas de los jefes de las Farc. De hecho, Santos durante el proceso de paz dijo que no habría curules gratis ni que los guerrilleros ocuparían cargos del Estado sin antes haber pasado por la Justicia. Al final del proceso las Farc habían logrado cinco senadores y cinco representantes sin necesidad de ir a las urnas y sin importar cómo fueran tratados por la JEP.

Pareciera entonces que la visión de Santos sobre el acuerdo fue la de una negociación con una élite de las Farc en la que poco importaban los cambios sociales y las bases guerrilleras. En alguna ocasión, para minimizar las concesiones realizadas en el punto agrario, había dicho que eran reformas que había que hacer con o sin proceso. Como fuere, no las realizó, tal como lo reportó esta semana el portal La Silla Vacía.

Y no solo pareciera que fuera a Santos a quien más le preocuparan los incumplimientos en materia de cambios sociales y bases guerrilleras. Las propias Farc han tenido una actitud muy distinta según el tipo de incumplimiento. El vigor en los reclamos y las movilizaciones por la eventual extradición de ‘Santrich’, de quien existen pruebas contundentes de narcotráfico, no es comparable con la tibieza con que afrontan las fallas del gobierno en el tema agrario y en la reinserción de los combatientes.

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