¿Hay brotes de xenofobia contra los migrantes venezolanos en Cali?

En el Valle del Cauca se concentra el 5,26 % de los 1,6 millones de migrantes venezolanos que han llegado en los últimos años a Colombia. En total, ya han salido 4,9 millones de personas del país vecino.

El gerente de la Frontera con Venezuela, Felipe Muñoz, recalca que el proceso migratorio actual es el segundo más importante después del éxodo sirio, por lo que señala que desde ya se deben implementar estrategias en los municipios para empezar a integrar esta población en los planes de desarrollo.

Asimismo, el funcionario señala que ya está en marcha el plan para ampliar la formalización de los migrantes que han ingresado irregularmente al país, con lo que podrán acceder a empleos y, de paso, servirá para aliviar las cargas que afronta actualmente el sistema de salud.

¿Cuál es la situación de los migrantes en Cali y el Valle del Cauca?

En el Valle hay 85.780 migrantes, según las estimaciones Migración Colombia; esto lo convierte en el séptimo departamento con mayor número de esta población, después de Bogotá, Norte de Santander, Atlántico, La Guajira, Antioquia, Santander y Cundinamarca. De estas personas, hay 58.217 en Cali y si bien tienen presencia en varios sitios, se han asentado más en las comunas 10 y 3, en el centro; y después están Jamundí, con 5.736; Palmira, con 5.323; Yumbo, con 2.760; y Tuluá, con 2.320.

¿Y quiénes son los migrantes que han llegado a esta zona del país?

En principio hubo una ola de gente joven, sobre todo hombres que vinieron a mirar algunas posibilidades y apenas medio organizaron algo empezaron a venir sus familias. Ha habido un cambio demográfico en el proceso migratorio y es que en los últimos seis o siete meses han llegado más mujeres y niños. Mirando las cifras del Icbf nos encontramos que, en Cali, el año pasado había 33 niños bajo el esquema de protección y hoy tenemos 115, porque ha habido cualquier violación o explotación de sus derechos; de hecho, en el Valle eran 59 niños y ya hay 156. Para contrarrestar parte de esto el Icbf se comprometió, de la mano de la Alcaldía, a hacer una identificación de los niños que están en calle.

En el campamento en torno a la Terminal de Transportes de Cali hay un conflicto intereses, pues si bien a la gente le preocupa la ocupación del espacio público, también prima el tema humanitario. ¿Cómo se trata esto de forma adecuada?

Le sugerimos a la Secretaría de Bienestar Social hacer una ruta de intervención para que se revisen las experiencias anteriores que se han realizado allí para ver qué funciona y qué no, ese es un trabajo entre varias entidades. Ellos están revisando cómo se hace el proceso. Algunas de las personas que están allí dicen que quieren regresar a Venezuela, entonces hay que ver si se organiza un traslado humanitario. Pero yo le dije a las familias que están ahí que no es posible que permanezcan en ese espacio por mucho tiempo, porque la ocupación de espacio público empieza a generar angustia en los ciudadanos, incrementa la xenofobia. Vamos a acompañar a la Administración para que, cuando defina todo y tenga las cosas organizadas, empecemos a ejecutar la estrategia.

Lea también: Expiden decreto que permitirá la afiliación de migrantes venezolanos al sistema de salud

En principio la gente acogió a los migrantes y los apadrinó durante un tiempo, pero eso ha mermado. Incluso se han generado, como usted dice, actos de xenofobia....

Cuando la gente quiere ayudar lo debe hacer de manera profesional y organizada. Para eso está la pastoral de migrantes, que es manejada por la Arquidiócesis, o están Acnur y OIM, que reúnen a más de 16 organizaciones de la sociedad civil y ONG’s que ayudan. Entonces creo que la ayuda se debe hacer a través de ellos, para evitar que sea un tema de día por día, algo transaccional. Hay un ejercicio generoso de la sociedad, pero también hay unos síntomas que empiezan a preocupar, como que en la última medición de la encuesta Gallup (en 2019) cuando a la gente se le preguntó si apoya la política del Gobierno de acoger a los venezolanos el 38% dijo que sí, mientras que en el 2018 la opinión favorable era del 62%.

¿Es posible revertir esa percepción?

Yo no creo que haya una circunstancia particular, en cada ciudad se siente. Hay zonas más preocupantes, como Casanare, donde sí he sentido un ambiente que puede volverse más complejo, lo mismo en algunos lugares de la costa. Pero, en general, lo que hay es la necesidad de incluir económicamente a estas personas y no dejar que proliferen los procesos de ocupación de espacio público, porque esto deteriora la percepción ciudadana.

¿La participación de migrantes en la comisión de delitos es real o es más un asunto de percepción?

En algunos sitios el porcentaje venezolanos participando en delitos es un poco más alto. En el Valle, según las últimas cifras de la Policía, solo el 2.8% de las capturas que se han dado este año corresponden a ciudadanos venezolanos, y en Cali son solo el 2.1%; ese sigue siendo un porcentaje bajo. Claro que eso no es lo que siente la gente, pero si hay una mayor percepción de eso tiene que ver mucho con que los medios al reportar una noticia no dicen que hay un señor que asesinó, sino que incluyen la nacionalidad y eso no creo que lo hagan con un hondureño, un suizo o un colombiano.

Usted señala la inclusión económica, pero ¿se le están dando oportunidades laborales a los migrantes?

No muchas, todavía. Por eso vamos a empezar a darle la vuelta a la irregularidad. La primera medida que vamos a implementar es un nuevo Permiso Especial de Permanencia, PEP; entonces, todo venezolano que entró y selló el pasaporte en cualquier momento, así se le haya vencido hasta el 29 de noviembre del 2019, se le dará el PEP. Hace 10 días que se lanzó la medida y se han recibido 70.000 solicitudes en la página de Migración Colombia; estos no son renovaciones, son nuevos permisos. En el 2019 sellaron pasaporte 160.000 personas y todos ellos pueden ser proclives al PEP; aunque esto no quiere decir que todos lo tomen, pero calculamos que podemos llegar a unos 100.000.

La segunda medida es el Permiso Especial de Permanencia para el Fomento de la Formalización, que es para migrantes que, así estén de forma irregular, hoy tienen una oferta laboral; entonces, el empleador se mete a la página del Ministerio de Trabajo, dice que le va a hacer un contrato laboral, se revisa y se otorga el permiso. Esto apenas está empezando y hay pocas peticiones. La idea es seguir regularizando y afiliando al sistema de salud, porque de los 600.000 migrantes que tienen PEP, solo 200.000 están afiliados al sistema de salud.

¿Y qué pasa con la gente que no tiene pasaporte y aún no tiene oferta laboral?

En este momento sigue en condición irregular y tenemos que seguir mirando cómo hacemos con el proceso de estas personas. Pero así haya entrado de forma irregular al país, al menos debe tener la cédula de ciudadanía venezolana y ese sería un caso a revisar. En esta primera línea de la estrategia que hacemos es organizar a la población y saber dónde está; la segunda línea de trabajo es con los alcaldes y gobernadores para que en sus planes desarrollo incluyan temas que tengan que ver con la migración, no unas políticas especiales, pero que por lo menos estén en su conteo de poblaciones vulnerables.

¿Han recibido denuncias puntuales de empresas o personas que estén contratando migrantes bajo condiciones laborales anormales?

No tengo casos específicos, pero sí hubo que reforzar los inspectores del Ministerio de Trabajo y de Migración en Cali. Esto es algo que sí está pasando, por eso es que la regularización apunta a tener mejores condiciones no solo porque es injusto con los venezolanos sino con los colombianos, quienes no pueden competir en las mismas condiciones.

Vea también: Alcaldía retoma la atención a migrantes venezolanos en Cali

¿Cómo se está comportando la matrícula de niños venezolanos en colegios públicos del país?

Cerramos el 2019 con 207.516 niños matriculados en los colegios públicos de Colombia. Hoy, sin haber cerrado matrícula, vamos en 265.000; hubo un crecimiento casi el 25% entre el número de estudiantes que teníamos en diciembre y el registro de enero. Esa cifra en el Valle había cerrado con 14.000 estudiantes en el 2019 y hoy vamos en 18.000; solo Cali cerró el año pasado con 7.800 y hoy vamos en 9.000, pero como la matrícula no se ha cerrado creemos que vamos a llegar a los 10.000 estudiantes, mientras en el Valle llegaríamos a 20.000. El Ministerio de Educación sacará un PEP educativo que pretende que todos estos estudiantes queden regularizados con un documento que les permita identificarse e inscribirse al sistema de salud, además de obtener notas y poderse graduar.

¿Cuánto le está costando la atención de los migrantes al país?

Un estudio que hizo el Banco Mundial y Fedesarrollo indicó que esto puede costar, potencialmente, el 0.5% del PIB anual y eso serían unos 1.300 millones de dólares. Lo que hemos recogido en cooperación en los últimos años, que no es plata que le dan al Gobierno sino a las agencias de las Naciones Unidas, son como 150 millones de dólares por año, o sea que claramente estamos lejos de conseguir los recursos. Por eso la Cancillería motivará una conferencia de donantes en este primer semestre para llamar al mundo y mostrarle que esta no solo es la segunda crisis migratoria (después de la Siria), sino que Colombia está haciendo un ejercicio ejemplar.