El difícil panorama de los niños bajo protección del Icbf con menos de 1.500 defensores a cargo

Los globos, las figuras de cebras y el letrero de ¡bienvenida! todavía permanecen en la sala de la casa de Margarita*. El pasado 9 de noviembre, esta joven de 23 años volvió a nacer. A respirar con un poco de tranquilidad.

Su hija Elena*, después de un año y dos meses de estar en un hogar sustituto del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), regresó a su hogar. A los brazos de mamá.

Margarita recuerda que era mediodía del 2 de septiembre del 2020 cuando un equipo del Icbf junto con la policía tocó la puerta de su casa.

Entre enero y agosto de 2021, el ICBF abrió 34.388 procesos para el restablecimiento de derechos de niños, niñas o adolescentes en el país. 23.968 corresponden a casos de violencia física, psicológica, sexual o por negligencia.

“Dejé que entraran y vieran a la niña, yo no me opuse porque ellos andaban con policía. Y llegaron y me la quitaron. Fue muy duro”, dice.

Negligencia, esa fue la razón por la cual a la pequeña Elena de seis meses la separaron de su mamá y sus hermanos, de 5 y 6 años. “Me dijeron que la niña estaba desnutrida pero yo la tenía en control con pediatría, estaba pendiente de todo”, asegura.

La situación económica de esta mujer no ha sido fácil, “pero siempre he trabajado por mis hijos, para que puedan tener lo necesario”. Por eso, durante esa época se encontraba laborando en la venta de tintos en la galería Santa Elena, al suroriente de Cali.

“Trabajaba en las noches, y dejaba a la niña al cuidado de una muchacha. Si no trabajaba no tenía cómo darle de comer a mis hijos”, aclara con firmeza la joven.

9.160 NIÑOS ESTÁN SIENDO ATENDIDOS POR EL ICBF EN EL VALLE; 5.399 EN CALI.

Son varias las causas por las cuales los niños pueden ser separados de sus familias, entre las más comunes está la violencia física, psicológica, sexual o por negligencia. Los casos no son pocos.

Según el Icbf, de los 34.388 procesos que la institución abrió en el transcurso de este año -entre enero y agosto- para el restablecimiento de derechos de niños (as) y adolescentes, 23.968 casos corresponden a estas razones principales.

Sin embargo, muchos de los casos relacionados con negligencia se miden en pobreza, dice Ángela Rosales, directora Nacional Aldeas Infantiles.
Porque si bien es cierto hay algunas familias que no cuidan bien a sus hijos pudiendo hacerlo, “muchos otros no lo hacen porque no tienen el apoyo suficiente. Por ejemplo, una madre cabeza de familia tiene que salir a trabajar para generar ingresos y no tiene cómo dejar a los niños, por eso se quedan solos, y se los quitan por negligente, cuando la hubieran podido apoyar con unos servicios de cuidado para los niños, con generación de ingresos, procesos formativos, para que ella pudiera seguir cuidándolos. Pero así no funciona la lógica del sistema, no existe un sistema articulado a favor de los niños”, asegura la profesional.

Entonces, se encuentran con un Estado que le quita a su hija, “no uno que promueva que ella y su hija permanezcan juntas”, agrega.

Con Margarita así fue. Durante un año ella pudo ver a su hija por videollamadas. Cuando cumplió el primer año la felicitó a través de una pantalla de celular. “Me dolió no verla, no abrazarla; no estuve cuando dio sus primeros pasos”, señala con tristeza la joven.

En Colombia, de los 17.062 niños, niñas y adolescentes, que durante el 2020 y a agosto de 2021, fueron puestos bajo protección del ICBF, solo 732 menores han regresado con sus familias de origen.

Y sostiene: “A mí me hubiese encantado que me dieran una ayuda para que la niña se hubiera quedado conmigo, quería estar en su proceso de crecimiento, es un tiempo que no regresa”.

La historia de Margarita* quizás representa a muchas otras en el país: madres o padres de familia que han tenido que separarse de sus hijos porque no tienen las suficientes condiciones para garantizar sus derechos básicos como alimentación y vivienda.

No obstante, hay quienes han perdido el cuidado de sus hijos por violar los derechos del menor, por lo cual los defensores de familia o comisarios toman la decisión de retirarlo de su hogar por el bien del pequeño.

Como fue el caso de Mauricio*, un joven bogotano que ingresó al Icbf siendo apenas un niño de seis años. “Mi mamá me maltrataba, era consumidora, también tuve abuso sexual y demás. De tantos reportes que los vecinos habían hecho, el Icbf me recogió”, narra el joven que hoy tiene 22 años y está terminando su carrera de Derecho.

DE LOS 1.342 NIÑOS (AS) QUE EN EL VALLE INICIARON EL PROCESO DE RESTABLECER SUS DERECHOS, 52 REGRESARON CON SUS FAMILIAS, EN CALI FUERON 31.

1.179 NIÑOS (AS) EN EL 2020 FUERON DECLARADOS PARA ADOPCIÓN.

Mauricio agradece que el instituto le haya garantizado su estudio, vivienda, y alimentación. “Siento que fue una oportunidad de vida, que probablemente no la hubiese tenido con mi mamá”, menciona.

Entretanto, hay otros casos en donde los mismos padres han querido dejar a los menores al cuidado del Icbf. O los menores llegan por su propia cuenta. Así como lo hizo José*, quien a sus 14 años, decidió salir de casa huyendo del maltrato a refugiarse en un centro de atención del Icbf en Buenaventura.

“Cuando era niño mis papás me regalaron a una familia y no encaje bien, entonces yo mismo decidí internarme, pero en Buenaventura me dijeron que no había cupo y me trasladaron a Cali”.

728 menores de 18 años han sido abusados sexualmente este año en Cali.

Desde entonces cada día ha sido una aventura para él. Ha tenido experiencias que hoy, después de 18 años de este suceso, agradece porque le han permitido superarse y salir adelante.

José cerró su ciclo con el Icbf hace varios años. Actualmente, en el país hay vigentes 74.581 procesos para el restablecimiento de derechos de niños. En el Valle del Cauca en total son 9.160 casos, y en Cali 5.399.
Entre el 2020 y agosto del 2021, en el país 17.062 niños (as) y adolescentes -1.342 en el Valle y 795 en Cali- fueron puestos bajo protección del Icbf. De estos, solo 732 niños volvieron a casa; 52 corresponden al Valle y 31 a Cali. El resto sigue esperando.

En la edición de mañana espere la segunda parte de este informe sobre el reintegro seguro de los menores a sus casas, y el calvario que se vive cuando son casos de abusos sexuales.

El objetivo principal del sistema de protección es atender rápidamente las situaciones de vulneración de derechos de los niños y niñas, aquellos que tienen alto riesgo por pobreza, violencia, reclutamiento, abandono, etc.

En Colombia, este funciona en cabeza del Instituto de Bienestar Familiar, lo que no quiere decir que sea la única entidad responsable, sino que se debe tener una articulación con muchos otros entes como los ministerios de Salud, Educación, Bienestar y Hacienda.

El sistema (Icbf) “teóricamente articula todos los servicios -educación, salud, cultura-, pero la verdad no está articulado, no funciona como un sistema de protección”, afirma la Directora nacional Aldeas Infantiles.

Es por esto que cuando los niños (as) o familias ingresan al sistema buscando ayuda se encuentran con dificultades porque hay falencias, y entre las que más se destacan, indica Angélica Cuenca, secretaría ejecutiva de la Alianza por la Niñez Colombiana, es precisamente la falta de comprensión como sistema, “cuando se habla de niños que están en sistema protección se piensa en el Icbf, pero este no es el único que tiene la obligatoriedad de garantizar los derechos, sino todas las entidades del Estado”.

Otra de las falencias, agrega, es que no se brinda un acompañamiento adecuado a las familias que entran por vulneración de derechos y la más grande, quizás es el déficit en personal de la institución.

De hecho, por algunas de estas razones Gonzalo Gutiérrez, director Fundación Chiquitines de Cali, piensa que el Icbf tiene que ser reestructurado, “es una institución muy compleja”.

Por lo mismo, dice que los padres “difícilmente perciben el Icbf como una ayuda o apoyo, lo ven más como el castigo, el que va a quitar los niños, en vez de ver como alguien que podría ayudarlos a sacar adelante”.
Pero entonces ¿cómo funciona el proceso para restablecer los derechos a niñas (as) en el país?

Por lo general, las denuncias de violación de los derechos de los niños la hace la misma familia, vecinos o conocidos del menor, las instituciones de salud y educación.

Según explica el consultor derechos de la infancia, Alejandro Ruiz, cuando se recibe una denuncia, el Icbf debe verificar si le están vulnerando los derechos al niño o si están en amenaza y para ello se tiene un equipo de psicología, nutrición y trabajo social.

Una vez tengan estas valoraciones, se genera una hipótesis frente a la posible vulneración del niño. Pero “se tiene un problema porque esa valoración, dice la Ley, debe hacerse de manera inmediata, pero no es así, ocurre procesos donde la agenda de la psicóloga, está llena un mes”, enfatiza el también profesor U. Nacional.

Si en las valoraciones se encuentran vulneraciones, se da apertura de proceso de restablecimiento de derechos.

El defensor tiene seis meses para elaborar el plan de acción, tiempo en el que tiene que tomar una decisión: declarar al menor en adopción -que generalmente no ocurre en este tiempo- o declararlo en vulnerabilidad, porque no se han superado las condiciones que generaron la violación de sus derechos. “Luego viene una prórroga para el seguimiento a esta medida por otros seis meses, y si no, son otros seis meses”.

Una Defensora de Familia del Icbf en Cali, quien pidió reserva de su identidad, explica que en el transcurso de los 18 meses que se tiene para definir la situación del menor, las circunstancias o motivo de riesgo varían, muchas veces faltando seis meses para cerrar el proceso, “se da el retiro (del menor) porque la familia no cooperó, las amenazas pasaron a vulneraciones o porque hubo desinterés, eso depende de cada caso”.

Además, anota que el proceso también se puede ver afectado por “la capacidad de recurso humano que se tiene”.

De hecho, para los especialistas, la gran dificultad está en la escasez de personal. “Se necesita fortalecer los equipos interadministrativos, hay que poner más defensores y comisarios y que tengan competencia porque muchos ya están muy desgastados”, asevera el abogado Ruiz.

Lo cual también puede implicar afectaciones en el desarrollo del proceso del menor y su familia, porque como lo menciona Angélica Cuenca, “hay defensores de familia que tiene hasta 100-200 casos, entonces no va a tener la capacidad de hacerle seguimiento uno a uno y cuando va a volver a revisar el caso del niño que vio hace unas semanas, ya le ha pasado un monto de vulneraciones y así va a seguir porque hay una deficiencia de talento humano importante”, reitera.

*Nombres cambiados a petición de la fuente.

601 CASOS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN MENORES SE HAN REPORTADO EN CALI ESTE AÑO -AL 30 DE SEPTIEMBRE-.

En las Comisarias de Familia, en promedio, se reciben en días hábiles más de 10 casos de posibles vulneraciones de derechos en menores de edad.

De hecho, una Defensora de Familia en Cali, quien pidió reserva de su nombre, dice que están entrando mensualmente alrededor de 270 peticiones para verificación del riesgo en los niños. “Normalmente, teníamos una carga aproximada de 180 a 200 procesos, el problema es que los procesos no solo es el hecho de trabajar con la familia, sino también psicólogos, nutricionistas y no tenemos personal en las defensorías, recursos como los vehículos porque hay solo tres en el centro zonal para 16 defensorías, así es muy difícil”, apunta la profesional.

La ley dice, agrega, “si hay 16 defensorías debe haber 16 nutricionistas, aquí tenemos una nutricionista para 3 y 4 defensorías. Entonces nos toca priorizar, si un caso amerita o no la nutrición”.

Asimismo, la especialista, sostiene: “Nosotros, los defensores hemos puesto quejas, hemos presentado las necesidades, hemos sostenido qué tenemos que hacer en un proceso y por qué se necesita más personas, pero hasta la fecha no hemos podido lograr el aumento de personal”.

A nivel nacional, según asegura, se tiene en total 1417 defensores de familia, “eso no alcanza para nada, y la mayoría están focalizados en las grandes capitales: Bogotá, Valle, Antioquia y graneados en otros”.

Por eso, sostiene, “el proceso de restablecer los derechos de los niños lo hacemos ¡con las uñas! Los tiempos están en la norma, uno trata de cumplirlos, pero literalmente se cumple corriendo contra el ‘pellejo’ de uno. Todo es el afán. Nos dicen atiendan en seis meses, sí claro, pero con la cantidad de procesos a qué hora, porque también si hay comités o desalojos, por ejemplo en el Plan Jarillón uno tiene que salir, y los procesos se van retrasando”.

Por eso, recalca: “los que estamos como defensores es porque nos gusta lo que hacemos, porque realmente queremos una Colombia mejor, pero el Estado no quiere una niñez atendida, el Estado quiere son números. Solo nos dicen avancen con números sin importar cómo se logren; a uno le cuentan son procesos, nadie mira lo que hay que hacer en 120 procesos, son 120 niños, vidas, familias que hay que atender”.

Finalmente, esta profesional teme que el trabajo pueda incrementar el próximo año, pues “el Gobierno redujo nuevamente el presupuesto para Icbf, eso significa que el personal por contrato ni siquiera va a llegar antes los van a reducir más”.