Cali sin justicia

Para nadie es un secreto que la justicia en Colombia está en crisis. A pesar de los muchos magistrados, jueces y litigantes probos, la rama se ha ido divorciando del derecho y su eficacia declina día a día.

Con razón los ciudadanos reclaman una reforma de fondo, que empiece por cortar los vasos comunicantes entre la jurisdicción y la política; que erradique la corrupción incrustada en aquella función pública..

Por todas partes aparecen hechos puntuales que indignan. Es el caso del fratricidio registrado en el Centro Comercial Fortuna hace unos días, el cual tuvo amplia difusión en las redes sociales. Un par de hermanos cuidadores de motos se disputan el pago de un servicio, ínfima cuantía que no da ni para comprar un chicle. En el fragor del enfrentamiento los dos utilizan largos puñales. El asunto concluye cuando uno de los dos contendores alcanza al otro y le propina dos heridas mortales.

El juez que conoce del caso sin mayor fórmula de juicio, despacha el asunto dándole casa por cárcel a un asesino que acaba de cometer la monstruosidad de matar a su hermano. El funcionario indica que el victimario no fue sorprendido en flagrancia y ni siquiera da valor de indicio grave al registro que circula por internet.

No se sabe si esta actitud obedecía a la negligencia o a la mediocridad, pero el hecho es que ni el juez ni los investigadores de la Fiscalía se tomaron el trabajo de complementar con la agilidad debida el acerbo probatorio, trayendo otros elementos y testimonios. El proceder de quienes han tenido a cargo el caso es escandaloso y debería ser revisado a fondo por las autoridades correspondientes.

Pero esa justicia local incomprensible ha venido afrontando una situación de colapso. Cali, una ciudad de alta conflictividad e índices de violencia persistentes, ha visto cómo en su territorio se paraliza el funcionamiento de la rama. El asunto comenzó con el desplome de un ascensor del edificio donde funcionan los tribunales, circunstancia que produjo muertos y heridos.

Desde entonces los funcionarios expresan su reticencia a laborar en unas instalaciones de diez y ocho pisos, cuyos restantes elevadores podrían tener los mismos defectos que el siniestrado. Ante esta circunstancia resulta preocupante la demora en la que se incurrió para llegar a un principio de solución; nadie entiende que durante semanas los despachos hayan carecido de techo propio.

Tampoco se puede dejar de mencionar que sobre el tema existen muchas preguntas. Estas deberían responderse antes de comprar nuevos equipos, evitando así la repetición de las anomalías: ¿por qué se escogieron aparatos de bajo precio y calidad dudosa? ¿Por qué se intervinieron mecánicamente las máquinas para forzarlas a operar en ductos inadecuados? ¿cómo se han depurado los procesos de adquisición? ¿Qué responsabilidad cabe al Consejo de la Judicatura en acontecido?

En esta emergencia varios conocedores del mundo judicial, entre los que se cuenta Rodrigo Valencia persona con amplia experiencia en las casas de justicia, plantean la conveniencia de reorientar los nuevos casos en materia civil hacia el uso de métodos alternativos de solución de conflictos. Se trata de impulsar vías de probada eficacia como son la conciliación, la mediación y el arbitraje, procedimientos en los cuales gracias al liderazgo de la Cámara de Comercio, se cuenta con una valiosa experiencia.
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