Colombia y sus estrategias para las aguas turbulentas con Nicaragua

Analistas coinciden en que además del diálogo, el Gobierno deberá adoptar mecanismos para afrontar el nuevo litigio que se instauró en la Corte Internacional de La Haya.

El mar de las relaciones diplomáticas entre Colombia y Nicaragua está ‘picado’. Hasta hoy, las dos naciones se han mostrado los dientes para ver quién se queda o mantiene la mayor porción de mar posible y, para ello, han echado mano de todos los tomos de la legislación internacional, tanto para atacar como para defenderse.Hoy la situación está estancada como venía desde 1928 cuando se firmó el tratado Esguerra-Bárcenas. Si bien existe un fallo proferido por la Corte Internacional de Justicia de La Haya que le otorgó a Colombia la soberanía de tres islas y siete cayos del archipiélago de San Andrés, y a Nicaragua 75.000 kilómetros cuadrados de mar, Managua apenas asoma a lo que le fue entregado y lo más osado que ha hecho es abrir una licitación para exploración petrolera en esa zona.Desde noviembre del año pasado Nicaragua celebraba, mientras que Colombia trabajaba su estrategia. Por lo menos, eso fue lo que dejó entrever el presidente Juan Manuel Santos cuando en su alocución del lunes 9 de septiembre fue categórico: “Este fallo no es aplicable” hasta que haya un tratado, es decir se la jugó con el diálogo.Pero además tomó decisiones como demandar el Pacto de Bogotá ante la Corte Constitucional y reorganizar la ‘zona contigua’ para unir marítimamente el archipiélago porque el fallo dejó a Serrana y Roncador en aguas nicaragüenses.De inmediato el gobierno de Daniel Ortega radicó una nueva demanda contra Colombia pidiendo extender su plataforma por 150 millas más hacia la costa de Cartagena.Analistas consultados manejan diferentes hipótesis de lo que hará el Gobierno en adelante, ya que además de buscar la consolidación de un acuerdo con Nicaragua para lograr un tratado de límites, debe construir las estrategias para la defensa del nuevo litigio.El asesor del Gobierno, Carlos Gustavo Arrieta, dice que Colombia tiene varias alternativas para enfrentar la nueva demanda. Explicó que cuando se presentan este tipo de recursos “lo que debe decidir es si se comparece o no ante el juez” y si decide hacerlo “se debe saber en qué condiciones y con qué argumentos”. Arrieta no duda de la preparación que tiene Colombia para enfrentar un nuevo litigio porque era una posibilidad que se veía venir. “Las determinaciones de estrategia del caso pueden ser desde no comparecer a la Corte hasta comparecer presentando excepciones preliminares o presentando argumentos de fondo”.El profesor de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario, Ricardo Abello, señaló que, primero, hay que “determinar si hay competencia o no de la Corte”, porque el Pacto de Bogotá es ambiguo en lo que se refiere al momento en que se hace efectiva la renuncia de un Estado al mismo.Sin embargo, en caso que la CIJ sea competente, se debe determinar “el derecho aplicable porque el tema de la plataforma se maneja en el Tratado del Derecho del Mar, del cual Colombia no hace parte, por lo que el país no está obligado a acatarlo y tocaría mirar leyes aplicables a los dos estados”.¿Con qué norma se rige?La controversia en el derecho que rige esta demanda se debe a que Colombia hace parte de la Convención de Ginebra sobre la Plataforma Continental, Nicaragua no. Mientras que el país centroamericano es miembro de la Convención del Derecho del Mar, pero Colombia no.Esto, a juicio de expertos, representa un limbo jurídico respecto de los tratados internacionales que rigen la materia objeto de la controversia, que redundaría en que la Corte tenga plena autonomía para decidir el caso sobre la base del Derecho Internacional consuetudinario, que aplica para todos los estados.El analista Enrique Serrano dijo que hubo una demanda que se dirimió con el fallo del año pasado y “lo que se viene es un trámite lento porque es un litigio muy técnico que no le interesa a nadie”.Pero hay quienes van más allá. Un analista, que prefirió la reserva, comenta que Colombia tiene la posibilidad de “cuestionar la competencia de la CIJ y presentar excepciones preliminares”. Sin embargo, en el escenario que la Corte asuma el caso “Colombia tendría diferentes espacios para controvertir los argumentos de la delimitación, ya que éstos son débiles por parte del demandante, porque son pretensiones maximalistas y lo que pretenden es un título jurídico”.De otro lado, una estrategia que desestiman los analistas es contrademandar a Nicaragua. Para el experto Carlos Gustavo Arrieta “en teoría siempre hay posibilidades de una contrademanda, pero esas son decisiones políticas”, por lo que cree que no es la mejor salida.Igual piensa Ricardo Abello, quien asegura que “lo que hay que buscar son los argumentos de la defensa” y recuerda que es un proceso largo, ya que en la sola definición de la competencia de la Corte, ésta “se puede demorar entre un año y año y medio para dirimir este tema”.Otra estrategia que consideran los analistas es el diálogo, debido a que un buen acuerdo entre las dos naciones podría dar fin a las diferencias que hoy existen. Uno de los que más defiende esta tesis es Enrique Serrano, quien considera que “hay que poner un equipo negociador que determine cuál sería el acuerdo que garantice más años de neutralidad para un nuevo tratado de límites”.“Es claro que Ortega no se va a quedar en el poder por siempre y lo primordial es buscar un acuerdo de Estado a Estado para garantizar la paz”, dice.Arrieta, entre tanto, enfatiza que “sí podemos salir de este nuevo lío” y añade que “lo primero que hay que hacer es atender el proceso, mirar los resultados y creo que van a ser positivos para el país”. Pero “lo que se espera es que Nicaragua acepte sentarse a conversar sobre el tema como lo propuso el presidente Santos”.¿Demandar el tratado? En momentos en que el Gobierno hace presencia en San Andrés y ratifica la soberanía, sectores congresionales plantean alternativas para que el país se salga del conflicto jurídico.Esta semana surgió una propuesta de algunos congresistas que consiste en que el Gobierno pida anular el tratado Esguerra-Bárcenas para que Colombia recupere lo que le entregó a Nicaragua en 1928.El senador Édgar Espíndola dice que la demanda interpuesta por Nicaragua rompió el Tratado y no respetó la cesión de Colombia de las costas que eran de su propiedad y respaldadas por la Cédula Real 1803 del Rey Fernando IV.“La demanda de Nicaragua violó el acuerdo y una de las causales para pedir una nulidad del Esguerra-Bárcenas es que una de las partes no lo cumpla, por lo que propuse que se demande y que Colombia recupere ese territorio con las islas Mangle y las costas de Mosquitos y que el Gobierno no se afane de aplicar el fallo de La Haya”.La propuesta, según Ricardo Abello, “no tiene ni pies ni cabeza”, porque es ilógico “pedir la nulidad de algo que hemos reconocido históricamente”.Enrique Serrano, entre tanto, dijo que “desconocer el tratado es un acto de guerra”.