Vivienda gratis para los pobres, un plan entre riesgos y muchas incógnitas

Analistas piden que el Gobierno revele fuentes de financiación de las casas a entregar en forma gratuita. Programa requiere de una fiscalización total.

Aunque el Gobierno ha garantizado que el plan de 100.000 viviendas gratuitas cuenta con suficiente financiación, los analistas consideran que aún ese camino no está despejado. Es, asimismo, una incógnita la fórmula para obtener los $4 billones que se necesitarán para ponerlo a rodar.Otros advierten que el programa —para que tenga un verdadero alcance social— requiere de un fuerte ‘blindaje’ para evitar que sea infiltrado por la politiquería y la corrupción a la hora de escoger a los hogares beneficiarios y las firmas que construirán las viviendas.En concepto de Eduardo Sarmiento, analista y decano de economía de la Escuela de Ingeniería Julio Garavito, “para financiar este programa el Gobierno deberá acudir a endeudamiento y elevar por esa vía el déficit fiscal, que hoy es el 2,7% del Producto Interno Bruto, PIB. “No se sabe, y no veo muy clara por ahora la fuente de donde saldrán esos dineros”, anotó. La posibilidad de acudir a un aumento de los impuestos, por ahora está descartada, ya que el propio ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, aseguró que “la próxima reforma tributaria no será para financiar el programa”.Pese a ello, Sarmiento advierte que otro de los riesgos es que la escogencia de los beneficiarios, la ejecución de las obras y su entrega no tenga suficiente fiscalización y administración”.“El Gobierno Central no está capacitado para adelantar esa tarea, como sí la tienen los municipios y departamentos que son los verdaderos conocedores de la realidad habitacional. Las regiones no pueden ser convidadas de piedra en este proceso”, enfatizó Sarmiento.En este último punto coincide el ex secretario de Hacienda de Cali y el Valle, Francisco Lamus, al señalar que “sin una adecuada vigilancia y control sería fatal para el Gobierno que las viviendas se queden a medio ejecutar o abandonadas por falta de recursos para terminarlas, como ha ocurrido en muchas regiones colombianas”. O que surjan inconvenientes como los del programa Potrerogrande en Cali, donde gran parte de las 4.000 familias beneficiarias, no volvieron a pagar servicios públicos, ni impuestos, como tampoco las cuotas mensuales por sus casas, las cuales no pasaban de $60.000.Por ello, hoy Emcali y el municipio cargan millonarias deudas.Otros dilemasEl impacto del programa sobre las finanzas públicas sería en el año 2013 si la administración Santos acude a créditos externos o internos, anota por su parte Alejandro Reyes, jefe de estudios económicos de la firma Ultrabursátiles. Sin embargo, recalca que “no creo que se necesario por ahora, ya que la Nación cuenta con suficientes recaudos tributarios e ingresos”.Sin embargo, surge el dilema sobre si el Gobierno acudiría a la venta de otro 10% de las acciones de Ecopetrol, o un porcentaje menor, para atender la nueva estrategia de vivienda popular, y evitar por este camino un aumento desmedido del déficit fiscal. Sobre este último punto el Congreso de la República tendrá la última palabra.Un riesgo adicional consistiría en que el Gobierno traiga al país y monetice los dineros que por las utilidades de Ecopetrol y exportaciones de hidrocarburos, tiene Colombia en el exterior.La monetización —que es traer divisas extranjeras al mercado local— ahondaría el desplome de la tasa de cambio, al producirse una mayor apreciación del peso debido a la abundancia de dólares. Se estima que el Gobierno tiene al menos $10,5 billones guardados en cuentas internacionales que sirven hoy como ‘colchón’ de seguridad y ahorro para la economía en caso de una crisis fortuita o repentina.Finalmente, el anuncio de viviendas gratis podría generar un aumento desbordado del flujo de desplazados hacia las grandes ciudades. Y la solución de techo propio no sería rápida para esas familias que huyen de la violencia.La casa sin cuota inicial, experiencia que fallóHacia el año 1982, durante el Gobierno del presidente Belisario Betancur, se anunció el lanzamiento de un programa que no tenía antecedentes en Colombia: las casas sin cuota inicial.Los analistas de la época recibieron el programa con gran escepticismo, tras considerar muy difícil que los bancos financiaran el 100% de las viviendas en pleno auge del polémico sistema Upac, y a pesar de que se expidió una normatividad en ese sentido.Nunca se supo cuántas viviendas se entregaron, pero se especula que no fueron más de 20.000 a pesar de que la promesa de Betancur fue de 400.000 en cuatro años, 100.000 de ellas en el primer año de su administración.El ex director del Instituto Colombiano de Ahorro y Vivienda, Icav, Guillermo Gómez Estrada, dijo en ese entonces que “el programa de Betancur representó muchos problemas para el sistema financiero porque miles de usuarios se negaron a pagar las cuotas mensuales y debieron ser desalojados después de 24 o 36 meses de vivir gratis”.El sistema Upac colapsó a finales de los años 90, dejó a miles de hogares sin vivienda y a bancos en dificultades como Granahorrar, que luego fueron intervenidos por el Gobierno.La amarga experiencia obligó a la banca a blindarse, y por ello la exigencia de la cuota inicial (hasta del 30% hoy) es obligatoria para minimizar los riesgos en los créditos hipotecarios. Una experiencia que falló, a pesar de la buena intención del Gobierno del presidente Betancur.La politiquería, una gran amenazaEl anuncio del presidente Juan Manuel Santos de la entrega gratis de 100.000 viviendas para las clases menos favorecidas prendió las alarmas de los analistas, quienes aseguraron que si este programa no se ‘blinda’ adecuadamente será presa fácil de la politiquería.Para los expertos consultados por El País, si bien es loable que el presidente Santos haya emprendido un plan social tan ambicioso, existen riesgos de que el mismo pueda correr la suerte de proyectos como Familias en Acción y Acción Social, que terminaron en manos de la clase política y utilizados para fines netamente electorales.Sin embargo, ayer el mismo presidente Santos salió al paso de estas afirmaciones al indicar que el programa “no es populismo barato, es responsabilidad social y de eso se trata”.En este sentido, el analista Alejo Vargas destacó el plan del Gobierno al indicar que “en principio es una buena decisión que apunta a resolver un problema que es muy claro en la sociedad”.Sin embargo, anotó que “el otro tema es cómo se definen los parámetros de asignación, que se reúnan una serie de indicadores, las prioridades y el otro desafío que haya capacidad de ejecución”.No obstante, reconoció que “eliminar esa posibilidad politiquera es muy difícil, casi imposible” por lo que señaló que “hay que reducir al máximo esos riesgos”.Por su parte, la presidenta del Polo Democrático Alternativo, Clara López dijo que este programa, de entrada, es politiquero, al indicar que “pienso que es una de las intenciones del Gobierno Nacional de hacer campaña con la necesidad de los pobres”.Sustentó esta aseveración al decir que “la falta de ejecutorias le ha significado un fuerte bajonazo del presidente Santos en las encuestas, además que es preocupante que ese papel quede en manos de Germán Vargas Lleras”, quien –a su juicio- “maneja intereses de su partido Cambio Radical y de él mismo”.Añadió que este programa podría correr la misma suerte de Familias en Acción, que terminó siendo “utilizado con fines electorales”.Entre tanto, el ex procurador Jaime Bernal Cuéllar consideró que debe haber un blindaje a este proyecto, pero acompañado de los organismos de control para evitar que “la selección que se haga sea imparcial y que no obedezca a color político, o a ofrecimientos de respaldo político a nadie”.Bernal Cuéllar reconoció, sin embargo, que “desde luego que hay imprudencia de los políticos y se corre riesgo que haya un contenido político electoral que puede poner en riesgo las pretensiones que tiene el Gobierno”.Por su parte, el ex vicepresidente de la República, Francisco Santos, escribió en su cuenta de twitter: “Empezó la campaña de reelección. Santos saca del sombrero un programa y se lo entrega a un político, Germán Vargas Lleras. Sólo $3,7 billones”.Pese a las críticas, el Gobierno ha dicho que el programa habitacional se adelantará con absoluta transparencia, pero no habla sobre cómo protegerlo.