Usurpación de tierras, un problema que apenas comienza a germinar

Usurpación de tierras, un problema que apenas comienza a germinar

Febrero 25, 2013 - 12:00 a.m. Por:
Miguel Garrido y Freddy Moreno | Colprensa
Usurpación de tierras, un problema que apenas comienza a germinar

El Informe de la Defensoría del Pueblo señala que en el Chocó el peligro para los líderes y campesinos por la recuperación de tierras tuvo su punto más crítico en marzo de 2012, cuando la guerrilla declaró un paro armado mientras se adelantaba el censo.

Distintos grupos armados ilegales les han arrebatado predios a campesinos y al Estado. La usurpación la han practicado guerrilla, AUC, narcotraficantes y bacrim.

Las sorpresivas declaraciones del presidente Juan Manuel Santos esta semana en San Vicente del Caguán (Caquetá) trajeron al primer plano una situación de la que se hablaba en voz baja hace tiempo: la apropiación ilegal de miles de hectáreas por las Farc. Así, nace formalmente otra arista al drama del despojo en Colombia.Según Santos, sólo en esa zona del sur del país, el desaparecido jefe guerrillero Jorge Briceño, alias ‘El Mono Jojoy’, habría usurpado 130.000 hectáreas de tierra, las cuales harían parte de 500.000 de las que se habría apropiado esa guerrilla. Y no se trata sólo de la guerrilla de las Farc, de la que se calcula que tiene el 20 % de la tierra apropiada ilegalmente en Colombia. Distintos grupos armados ilegales cometen esa práctica, como autodefensas y narcotraficantes (60%) y bandas criminales (20 %). Así lo estiman, sin tener total certeza (por tratarse de datos de difícil comprobación en zonas de acceso remoto), análisis hechos por la Superintendencia de Notariado y la Unidad de Restitución de Tierras. El mapa nacional del despojo pareciera haberse dividido en dos; el norte para los paramilitares, el sur para las Farc, con bandas, ‘narcos’ e, incluso, otras guerrillas entremezcladas. “Las víctimas del sur del país nos dicen que fueron obligadas a desplazarse por las Farc. En el norte del país lo mismo ha sucedido, pero por los paramilitares”, explicó Ricardo Sabogal, director de la Unidad de Restitución de Tierras. ‘El Mono Jojoy’ no es el único jefe guerrillero que ha salido a relucir como “gran terrateniente”, según afirmó Santos. Quien fuera máximo comandante de las Farc, alias ‘Alfonso Cano’, habría reconocido desde años atrás la necesidad de estudiar ese tema. Ambos murieron en acciones de las Fuerzas Armadas. “Toda finca debe tener un administrador”, habría dicho Cano, según revelan los correos electrónicos interceptados por la inteligencia militar. En ellos, inclusive, habló de “incentivos” para quienes, como administradores de dichos terrenos, cumplan una adecuada función. Muchas de las tierras que estarían en poder de las Farc se consideran zonas estratégicas para la cúpula ‘fariana’, pues les sirve de sitio de refugio, para formar corredores de movilización y, especialmente, por hacer parte del patrimonio de ese grupo armado ilegal, por su valor físico y por su productividad. Versiones de inteligencia militar hablan de que sólo en poder de ‘Cano’ estuvieron concentradas, al menos, 200.000 hectáreas, ubicadas en Meta y Vichada. No hay certeza sobre qué pasó con el dominio sobre ellas luego su la muerte (ocurrida el 4 de noviembre de 2011). Los esfuerzos del Gobierno El panorama del despojo se hace mucho más complejo con la contundente respuesta del superintendente de Notariado y Registro, Jorge Enrique Vélez, quien ante la pregunta acerca de si hay alguna parte del territorio nacional, por pequeña que sea, libre de este delito, pronuncia un rotundo “no”. Son varias las entidades del Gobierno designadas para analizar este tema y tomar los correctivos que permitan que esos predios vuelvan a manos de sus verdaderos dueños, entre quienes está el propio Estado y miles de campesinos inocentes. En este esfuerzo, y en particular para los baldíos, están trabajando de la mano el Instituto Agustín Codazzi, el Incoder y Supernotariado. Las tres entidades tienen una meta para este 2013: antes de finalizar el año, analizar y eventualmente recuperar un millón de hectáreas, las cuales entrarán a hacer parte del banco de tierras. Sin embargo, el superintendente Vélez no da una previsión alentadora sobre la prontitud de los resultados de procesos de ese tipo, que se cumplen en todo país y cuyo objetivo es poner en blanco y negro el tema de la usurpación. El funcionario señala que hasta el momento sólo se ha terminado el análisis sobre el 20 % del total del territorio nacional, por lo que la tarea no se podrá concluir en este gobierno. “Estamos dando prioridad a las zonas donde tenemos más dificultades, donde sabemos que se dieron grandes despojos, por parte de cualquiera de los grupos delincuenciales”, explica Vélez. Esa decisión llevó a determinar cuatro grandes zonas como prioritarias. La primera es la de altillanura, en los departamentos de Caquetá, Meta, Vichada y Casanare, donde se ha dicho que el poder para desplazar y adueñarse de los terrenos lo tendría la guerrilla de las Farc. La segunda está dentro de la Costa Caribe, especialmente en los departamentos de Magdalena, Cesar, Córdoba y Sucre, regiones claramente identificadas como focos de despojo por grupos ilegales de paramilitares y bandas criminales. La tercera la forman el Bajo Cauca, el Urabá antioqueño y chocoano, además, del nordeste de Antioquia, en donde los despojos serían de varios autores. La última de las zonas prioritarias es la de Norte de Santander, donde habrían actuado guerrillas y bandas criminales. En este último caso se debe a “que tiene un área muy extensa en problemas de propiedad colectiva, todo lo que es la frontera con Venezuela”, dice Vélez. La mira también se dirige a los parques nacionales, por ahora en tres: los de Lengüeta y Tayrona, en Magdalena, cuyos análisis son los más avanzados, y el de los Farallones de Cali, en el Valle del Cauca, donde se esperan resultados para las próximas semanas.Así las cosas, los departamentos más afectados por el despojo de tierras son: Norte de Santander (el más afectado), Antioquia, Cauca, Tolima, Bolívar, Valle del Cauca, Nariño, Meta, Sucre y Cundinamarca.Amenazas al proceso de restituciónLa Defensoría del Pueblo ha encontrado varios escenarios de riesgo para líderes y personas que adelantan procesos de reclamación y restitución.En el Carmen de Bolívar, María La Baja y San Juan Nepomuceno, de Bolívar, el Sistema de Alertas Tempranas de la entidad detectó riesgo de violación de los derechos fundamentales de los líderes sociales y comunitarios que están trabajando en los procesos de restitución de tierras.“Mediante el empleo de la violencia selectiva y los métodos para generar terror, los grupos armados ilegales buscan atacar y obstaculizar los procesos organizativos campesinos que se han constituido para denunciar la compra masiva de tierras, reclamar la reparación integral y la restitución de tierras despojadas”, agrega. Según el informe, las amenazas provienen de ‘Los Paisas’, ‘Rastrojos’, ‘Águilas Negras’ o grupos ilegales no identificados. Un caso especial lo constituye el corregimiento Buenos Aires, de El Peñón (Bolívar), donde “se advierte que el escenario de riesgo se configura a partir de la confluencia entre el conflicto por el acceso a la tierra y la confrontación que libran grupos armados al margen de la ley, lo cual ha venido provocando serias amenazas contra la población campesina (…)”. En el Chocó los casos más representativos los encontró la Defensoría en los municipios de Riosucio y Carmen del Darién, debido a la “fuerte presencia de grupos armados ilegales, entre ellos Farc, ‘Urabeños’ y ‘Rastrojos’”. Otro caso que evidencia dificultad para recuperar las tierras expropiadas es el de los municipios de Puerto López y Puerto Gaitán, en el Meta, en donde la Defensoría advirtió a las autoridades sobre el riesgo de desplazamiento forzado de comunidades que están reubicadas en los predios otorgados por el Incoder, como consecuencia de las acciones violentas del grupo ilegal ‘Libertadores del Vichada’.

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