Trece preguntas clave para entender las soluciones a la crisis de la Justicia

Marzo 26, 2015 - 12:00 a.m. Por:
Redacción de El País
Trece preguntas clave para entender las soluciones a la crisis de la Justicia

Un mes completará esta semana el escándalo que rodea a la Corte Constitucional, tras los señalamientos de presunto soborno al suspendido magistrado y presidente Jorge Pretelt Chaljub.

¿Qué es el tribunal de aforados? ¿Cómo se elegirá a los magistrados? ¿Cómo se busca frenar la influencia de particulares? Aquí las respuestas.

En el propósito de darle transparencia a los procesos, ‘descontaminar’ la seleccción de los magistrados y preservar la institucionalidad de las altas Cortes y la Justicia, el presidente Juan Manuel Santos anunció este martes  una serie de medidas, varias de ellas contempladas en la Reforma de Equilibrio de Poderes que se tramita en el Congreso.

Esas medidas van desde modificar la nominación y elección de los magistrados, la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura y la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes hasta el juzgamiento de estos y altos funcionarios de Estados, entre otras.

En aras de hacer claridad sobre las decisiones que se pondrán en marcha, El País explica en qué consisten y los alcances de las mismas.

Lo que se busca es blindar la integridad de la justicia y la institucionalidad para corregir las fallas y, de paso, romper con los vínculos entre la política y la justicia.

La principal es cambiar  el sistema de nominación  en dos Cortes  y también  la elección de los magistrados de la Corte Constitucional.  Es decir, desvincular a los políticos de la escogencia de los miembros de esta última, como se ha hecho hasta ahora.

Santos le pidió a la Corte Constitucional que avance en los cambios a su reglamento para que la revisión de tutelas sea principalmente para el amparo de los derechos de los más necesitados.      

El Gobierno propone que la escogencia de las personas que aspiren a magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y del Consejo de Estado (CE) se haga a través de la figura de la meritocracia, o sea por concurso de méritos abierto y con participación de la sociedad civil.

Se propone que lo haga la Dirección de la Carrera Judicial, que es el nuevo órgano de administración judicial.

La propuesta es que lo hagan funcionarios de la carrera judicial, la academia y abogados. Según explicó en entrevistas radiales el ministro de la Presidencia, Néstor Humberto Martínez, analiza la iniciativa  de  que la participación sea 50-50 de esos sectores.

Lo harán las mismas cortes (CSJ y CE) con base en los resultados del concurso, es decir que se volvería a la figura de la coptación. Hoy la postulación se venía haciendo en la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura (que desaparecerá) en un sistema no abierto a la sociedad.

El Gobierno dijo que se  analiza cambiar también el sistema actual de escogencia, que consiste en que el  Presidente de la República presenta una terna, el Consejo de Estado otra y la Corte Suprema de Justicia otra. Las ternas se envían al Senado,  que es el que finalmente elige a los 9 magistrados que integran ese alto tribunal.

La propuesta que se estudia es que la postulación siga como hasta ahora, con ternas seleccionadas por meritocracia, pero  que la elección se haga como en el sistema americano, donde la Corte escoge directamente a los magistrados.

El Senado solo avalaría la decisión, con lo que se acabaría el lobby de los postulados a los congresistas para que los elijan y así romper el nexo política-justicia. 

El Gobierno Nacional anunció que aumentará a 20 años la experiencia profesional requerida para las personas que aspiren a ser magistrados de alguna de las cortes.

Para ello el Jefe de Estado establecerá parámetros de autorregulación mediante decreto promulgado este miércoles y cuya  base  fue un borrador que existía desde 2008 elaborado por Elección Visible, donde se buscará darle  transparencia a ese proceso. 

Sí, el Senado se reservaría ese derecho, siempre y cuando haya pruebas de que esa persona estaría impedida por irregularidades, o no es idónea, entre otros aspectos.

No. La propuesta es que desaparezcan las funciones electorales de magistrados y jueces.

Es decir que estos no participarán en la escogencia de candidatos a Contralor General,   departamentales y municipales.  

Se discutirá que  tampoco lo hagan en la designación de aspirantes a Procurador General de la Nación (función que tiene el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia) y  Registrador Nacional del Estado Civil.

No.  El Gobierno acaba la ‘puerta giratoria’ que permitía  que los magistrados pasaran de  una Corte a otra.  

Esto quiere decir que  los que hayan sido elegidos para una magistratura no podrán luego  votar para elegir   a los que intervinieron en su escogencia. Con esto se pondría fin al “yo te elijo, tú me eliges”. 

Es el organismo que reemplazará la actual Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, que es la encargada de investigar al Presidente,  magistrados y otros altos funcionarios del Estado que tienen fuero. La Comisión se acaba por inoperante.

La propuesta es que sea el encargado de investigar a los aforados y una vez concluya la investigación se remita al Congreso para que le quite el fuero al funcionario y, al ser desaforado, el caso se envíe a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia para que lo juzgue.

Pero este miércoles en la ponencia se acordó evitar el paso por el Congreso y enviar la investigación penal directamente a la Corte para evitar cabildeos.

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