Tramitarán ley de urgencia para regular atención médica en las cárceles

Septiembre 19, 2012 - 12:00 a.m. Por:
Elpaís.com.co | Colprensa
Tramitarán ley de urgencia para regular atención médica en las cárceles

Con imágenes como esta se dio a conocer el estado de hacinamiento en el que viven los reclusos de la cárcel Villahermosa de Cali.

El anuncio lo hizo la ministra de Justicia. La ley será presentada en conjunto con el Ministerio de Salud.

El Gobierno Nacional le notificó al Congreso de la República que en los próximos días radicará un proyecto de ley mediante del cual se dé una solución a la atención médica de los internos en las cárceles de Colombia, en donde se determine el compromiso del Estado para con esa población.El anuncio lo hizo la ministra de Justicia, Ruth Estella Correa, quien en un debate en la Comisión I del Senado, explicó que esa ley será presentada en conjunto con el Ministerio de Salud.Para Correa la situación actual de no atención por parte de Caprecom puede suceder con cualquier otro operador de salud, porque en su concepto no se tiene claro cómo se debe hacer esa atención y el respectivo pago por los servicios."Para dar una solución efectiva al tema de salud es necesario un sistema de salud para el régimen carcelario, para los niveles intramural y extramural, pero como esa atención es tan alto, un 80 por ciento de los reclusos se debe revisar el costo de la UPC que se debe incrementar" , sostuvo.La ministra anunció que le solicitarán al Consejo de Política Criminal que autoricen la contratación de mil guardianes más para que atiendan en parte la crisis de las cárceles, e indicó que la función de los guardianes no sólo es vigilar a los presos sino garantizar el cumplimiento de los derechos humanos.Correa señaló que el concurso de selección se realizará por medio del Departamento de la Función Pública, el cual ya adelanta el proceso de 1.500 que estaban autorizados con antelación.Anunció también que se presentará una modificación al Código Penitenciario, en donde se tenga en cuenta a la situación en que se pueden pagar las condenas de los llamados pequeños delitos.Por su parte, el defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, declaró que no es partidario de tramitar la reforma jurídica que eleva a delito la conducción en estado de ebriedad para que se les condene, y planteó mejor que se piensen en situaciones como si los conductores son empleados públicos, puedan llegar hasta perder sus puestos.

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