Tambalea relación entre Colombia y Venezuela por crisis en la frontera

Presidente Juan Manuel Santos y su homólogo Nicolás Maduro llamaron a consultas a sus embajadores. Se desata crisis diplomática entre ambos países.

El maltrato de las autoridades venezolanas a miles de colombianos que viven en la frontera de ambos países desembocó en una crisis diplomática.

En la noche del jueves, el presidente Juan Manuel  Santos llamó a consultas al Embajador en Caracas, luego de que el gobierno de Nicolás Maduro incumpliera lo acordado en la reunión de cancilleres del miércoles y convocó una reunión extraordinaria de cancilleres en Unasur, pues aseguró que quiere contarle al mundo “lo que está sucediendo en la frontera, que  es totalmente inaceptable”.

Minutos después de conocerse estos anuncios, la canciller venezolana, Delcy Rodríguez, reveló que su gobierno también llamará a consultas a su embajador en Bogotá,  Iván Rincón.  “Revisaremos integralmente relaciones con Colombia, en razón de las agresiones que sufre nuestro pueblo por el paramilitarismo y guerra económica”, aseguró  en  Twitter.

La funcionaria también señaló que lamentaba que lo logrado en Cartagena se vea frustrado por la “soberbia” de las autoridades colombianas.

Precisamente el principal argumento del Mandatario colombiano  para llamar a Bogotá al embajador  Ricardo Lozano es que el Gobierno del vecino país incumplió  con el acompañamiento que haría  al defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, para que él  revisara  la situación de los compatriotas  que permanecen del otro  lado  de la frontera, como habían acordado las cancilleres.

De igual forma, el Jefe de Estado anunció que convocó una reunión extraordinaria de cancilleres en Unasur, pues quiere contarle al mundo, empezando por ese organismo, “lo que está sucediendo en la frontera, porque eso es totalmente inaceptable”.

“Yo he privilegiado el diálogo y la diplomacia y lo seguiré haciendo”, dijo Santos, pero advirtió que no permitirá que sigan  los atropellos del gobierno de Nicolás Maduro a los connacionales afectados por la crisis.

Agregó que no hay derecho a que traten a los compatriotas de esa forma, no son paramilitares, son gente humilde, eso es inaceptable (…) si van a deportar colombianos en situación ilegal, háganlo, pero respetando sus derechos, son seres humanos, no animales”.

Por su parte, la Canciller del vecino país afirmó que con el cierre de la frontera se garantiza el bienestar del pueblo venezolano y de millones de colombianos. “Solo basta preguntarse, ¿por qué hay éxodos masivos de hermanos colombianos a Venezuela? Les han negado sus derechos fundamentales en su país”.

Anoche mismo, el expresidente de Uruguay, José Mujica, pidió  a los gobiernos de Colombia y Venezuela encontrar una solución para superar la crisis en la frontera. “Se tienen que entender de alguna manera”, dijo.

Horas antes, el exmandatario colombiano Andrés Pastrana le había solicitado en una carta a Santos que   retire a Venezuela de su rol de facilitador del proceso de paz de La Habana. “Un facilitador sin funciones claras que ataca a los colombianos está inhabilitado moral y éticamente para participar en las negociaciones de paz de Colombia”.

De igual forma, el director  de Cambio Radical, Rodrigo Lara, se unió a las voces que han propuesto que Colombia se retire de Unasur: “No estuvo a la altura de las expectativas que teníamos de este organismo en esta crisis... El país debe retirarse de ese órgano, cuyo único propósito es regar una ideología fracasada, que es la que ha sostenido y ha difundido el gobierno de Nicolás Maduro”.

“Todos hemos visto que Unasur está del lado de los intereses venezolanos, que su secretario general, de manera vergonzosa, siendo expresidente colombiano, simplemente haya hecho eco a las mentiras y atropellos que adelanta el régimen de Maduro”, afirmó David Barguil, director del partido Conservador.

Llamado a consultas: medida necesaria, pero peligrosa

Tras el fracaso del encuentro de las cancilleres de Colombia y Venezuela, era previsible que el paso a seguir por parte del Gobierno colombiano fuera  el llamado a consultas del embajador en Caracas, Ricardo Lozano.

Analistas consultados consideran que si bien se trata de una figura propia de la diplomacia, no tiene en sí mayor trascendencia, a pesar de constituirse en el paso previo para una ruptura de relaciones bilaterales.“El llamado a consultas es un llamado de atención intrínseco al Gobierno vecino, pues es llamar a nuestro representante para que explique cuál es la situación en el otro lado. Eso ha ocurrido con Ecuador y Nicaragua y hasta con la propia Venezuela de Hugo Chávez”, afirma Ricardo Abello Galvis.  A su turno, Vicente Torrijos sostiene que esta decisión “es intrascendente” porque en su concepto  “no resuelve nada”. De hecho, Torrijos coincide con Abello en que al gobierno de Nicolás Maduro “no le interesa negociar nada ni solucionar nada”, pues considera que su verdadero interés es “distraer los problemas internos de su país”.  Pero mientras Abello advierte que en Colombia “la clase política y los medios de comunicación no deberían servir de caja de resonancia de las declaraciones de Maduro”, Torrijos agrega que la decisión del presidente Santos “tampoco resuelve nada”. “Lejos de ser un mensaje de mano dura, esta decisión es un mensaje de debilidad del gobierno Santos, que ahora va a reforzar la conducta agresora de Maduro”, sostiene Torrijos. En ese sentido, Abello dice que con un presidente como el vecino “nunca se sabe” y que por tanto “Colombia tiene que apegarse a los canales diplomáticos, porque a Maduro no le interesa resolver nada, más bien quiere seguir provocando a Colombia”. Precisamente el internacionalista Enrique Serrano, teniendo en cuenta las actitudes anteriores del Presidente de Venezuela en situaciones similares, sostiene que incluso se  podría derivar en una guerra civil.“Lo más normal es que el llamado a consultas termine en una negociación. Si no es así, pasaríamos al rompimiento de relaciones y una nota de protesta. Pero estamos viendo casi que la implementación de un plan xenófobo, por lo que la decisión de Santos puede ser una medida necesaria pero muy peligrosa para los connacionales que siguen en territorio venezolano y para quienes están en la frontera”, dijo Serrano. Intervienen 47 pasos ilegalesEl jueves, el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, visitó uno de los refugios de los colombianos deportados en Cúcuta y desde allí aseguró que ya se ha puesto en marcha un operativo para intervenir 47 pasos ilegales en la frontera y contribuir a la problemática de contrabando existente.  Así mismo, insistió en que el Gobierno de Venezuela permita a los colombianos que han sido expulsados  del vecino país que puedan regresar, al menos, a recoger sus  pertenecías. Con respecto a  las acusaciones hechas por Nicolás Maduro sobre la presencia de paramilitares en la zona, dijo que “en Colombia no hay paramilitares, hay una bandas criminales que hacen parte de carteles mafiosos que estamos persiguiendo”. También confirmó que ayer no se produjeron más  deportaciones por ese lado de la frontera, aunque hacia el Norte, en el sector de Paraguachón (La Guajira) hubo por lo menos 40 casos de personas expulsadas desde Venezuela. De otro lado, el gobernador del estado de Táchira,  José Vielma Mora, denunció la entrada ilegal a su país  de medios de prensa colombianos, en el contexto del cierre de la frontera binacional desde hace una semana. “Quiero denunciar que medios de comunicación de la hermana República de Colombia pasaron el río Táchira (...) la franja de seguridad de nuestro país, y tomaron imágenes (...) hay una violación flagrante a nuestro territorio”, fustigó Vielma Mora. Según él, tras el despliegue militar en frontera, se logró la recuperación de un millón de litros de combustible cada día. ONU, preocupadaLa Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación  de Asuntos Humanitarios  en Colombia expresó su preocupación por la crisis humanitaria que atraviesan 1088 compatriotas deportados de Venezuela. Agregó que 369 colombianos ya han retornado a  sus lugares de origen, mientras que 929 están en albergues dispuestos por el Gobierno.El reporte también señala que las mayores  dificultades son para  proporcionar asistencia a las familias que han retornado de forma espontánea.